Un análisis sosegado y exento de prejuicios de la Constitución y de la Ley del Indulto probablemente llevaría a unas consecuencias diferentes a las generalmente aceptadas de que la prerrogativa de gracia corresponde al ejecutivo y que todo indulto acordado por el Gobierno debe ser necesariamente firmado o sancionado por el Rey. Con todo respeto discrepamos de esta interpretación de la CE al entender que la prerrogativa de gracia (indulto) corresponde en exclusiva al Rey, sin perjuicio de que, por una parte, los actos preparatorios del expediente de indulto y, por otra parte, la propuesta del mismo y su tramitación sean realizados por el Gobierno en pleno, Consejo de Ministros, o por el Ministro de Justicia. El Rey, como Jefe del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes, según dice el art. 56.1 de la CE. En este sentido el artículo 62 CE establece que corresponde al Rey, no al Presidente del Gobierno ni al Consejo de Ministros: “a) Sancionar y promulgar las leyes. b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.” Ejercer es una expresión verbal diferente a sancionar, promulgar, convocar, proponer, nombrar, separar expedir, ser informado o mandar, todas ellas dentro de las funciones que constitucionalmente se atribuyen al Rey. Ejercer, según la R.A.E. se define como “practicar los actos propios de un oficio, facultad o profesión.” Y este ejercicio es el que históricamente se ha reconocido al Rey en las diferentes Constituciones y legalidades españolas con la salvedad del art. 30 de la Ley del Indulto de 1870, que atribuía esa prerrogativa al Consejo de Ministros por la simple razón de que en el momento de la publicación de la Ley del Indulto había una situación de interregno en la Jefatura del Estado por el abandono de la Corona por Isabel II. Este hecho viene refrendado por la modificación del art. 30 de la Ley de Indulto, producida a medio del art. 3.3. de la Ley 1/1988, de 14 de enero (BOE-A-1988-874), cuyo texto actual ya no recoge ni la motivación del Decreto ni que éste sea acordado en Consejo de Ministros. Textualmente se establece que “la concesión del indulto, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto, que se insertará en el B.O.E.”, El que la concesión del indulto se haya de hacer por Decreto no enerva la prerrogativa real para su concesión mediante el ejercicio de un acto propio del oficio de Rey, sino que hace relación al juego de la inviolabilidad real y de su no sujeción a responsabilidad, de tal forma que “sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2” (art. 56, 3 CE). En consecuencia, de una parte, los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, lo que dará lugar a que la forma de la disposición sea el Decreto y, de otra, que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (art. 64, 1 y 2 CE). El Rey tiene que sujetar el ejercicio de su prerrogativa en primer lugar a las condiciones que le impone la ley de leyes y después a la ley ordinaria, dado que esta prerrogativa real no es omnímoda. En efecto, a) El Rey tiene vedados los indultos generales (art. 62, i CE), b) el Rey tampoco puede aplicar el indulto a los casos señalados en el art 102.3 CE, que prohíbe que la prerrogativa de real de gracia alcance a ninguno de los supuestos relativos a la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno por traición o delito contra la seguridad del estado. Y, c) El Rey deberá motivar la medida de gracia ya que, en un Estado social y democrático de derecho, una institución tan peculiar como la del indulto ha de ser aplicada restrictivamente, aunque se haya suprimido de la redacción actual de la ley de indulto. Una interpretación sistemática del art. 102.3 de la CE, que impide que la prerrogativa real de gracia alcance a los casos de responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del Gobierno por traición o delito contra la seguridad del estado, llevaría a aplicar la misma proscripción de indulto para los casos en que el Presidente y demás miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña han sido condenados por delitos contra la seguridad del estado. Sólo quedarían amparados en esa prerrogativa real de gracia y, en su caso, los condenados que no formaran parte del Gobierno de la Generalidad. Ejercida la prerrogativa real de gracia, el indulto, a iniciativa de cualquiera de las personas a que se refiere la Ley y con los informes preceptivos, corresponde al Gobierno decidir si es el Consejo de Ministros o el Ministro de Justicia quien la refrende mediante el correspondiente Decreto que deberá publicarse en el BOE, todo ello en virtud de la irresponsabilidad del Rey (art. 64 CE, ya citado). En ninguno de los preceptos constitucionales se atribuye esta prerrogativa de indulto al Presidente del Gobierno ni al Consejo de Ministros y, como ya se ha dicho, el art. 30 de la Ley de 1870, cuya redacción originaria establecía que la concesión de indultos debía acordarse en Consejo de Ministros, en la redacción actual se limita a decir que la concesión del indulto se hará en Real Decreto. Por tanto, la prerrogativa de indultar corresponde al Rey, quien lo enviará al Consejo de Ministros y, éste o el Ministro que se designe, deberá refrendar el acto real mediante el correspondiente Decreto, asumiendo la responsabilidad real. Esta aproximación a la ley de leyes lleva a no entender tanta conformidad de juristas, de los corifeos del Gobierno e incluso de la oposición política, ya que parece convenir a todos ellos por distintas y contrarias razones que el Rey quede indemne, al Gobierno porque adopta la medida que más le conviene a su política de alianzas con los nacionalistas catalanes apropiándose inconstitucionalmente de la prerrogativa real de gracia y a la oposición para no contaminar al Rey ante una eventual negativa al indulto poniendo en riesgo la estabilidad institucional ante la previsible reacción antimonárquica de los partidos que sostienen al Gobierno. A juicio de quien suscribe no es necesario analizar en profundidad la ley del indulto, ya que ésta, a pesar de su antigüedad, no afecta al titular del ejercicio de la prerrogativa de gracia, sino más bien a cuestiones procedimentales relativas a quién puede solicitar el indulto, cómo y qué procedimiento debe seguirse para su tramitación. En todo caso esta Ley debe interpretarse y aplicarse de conformidad con la letra y el espíritu de la actual Constitución Española de 1978 y con la realidad social actual y no con la de 1870, fecha en la que España estaba inmersa en una situación de transitoriedad política, singularmente en la Jefatura del Estado, sin parangón con la actual. En conclusión, 1.- La prerrogativa de gracia o indulto corresponde al Rey. 2.- El Gobierno, a través del Consejo de Ministros o por el Ministro que se designe, refrendará cada acto en el que el Rey ejercite esa prerrogativa y publicará el Decreto correspondiente en el BOE. 3.- El Rey no puede conceder indultos generales. 4.- El rey tampoco puede indultar al Presidente del Gobierno ni a los miembros de su Gabinete en los casos en que hubieran incurrido en responsabilidad criminal por traición o delitos contra la seguridad del estado. 5.- Por interpretación sistemática y lógica el Rey no podría indultar a los Presidentes de las Comunidades Autónomas ni a los miembros de sus Gobiernos respectivos cuando hubieran incurrido en responsabilidad criminal por delitos contra la seguridad del estado o traición. 6.- La prerrogativa real de gracia debería estar motivada en todos los casos por ser la motivación uno de los pilares fundamentales de todo estado social y democrático de derecho. Y, 7.- Dentro de la discrecionalidad y de la especialidad de esta figura anacrónica y extravagante, la prerrogativa real debería ser objeto de revisión por el Tribunal Supremo con los límites propios de adecuación a la constitución y a la ley. En Piedrabuena (Ciudad Real), a 1 de julio de 2021. Conrado López Gómez Abogado

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