Comunicado Club Liberal Español

Dos pactos para salir de la crisis 2020

El Club Liberal Español desea, en estos momentos en que luchamos para vencer al COVID-19 y que tantos compatriotas muertos está costando, presentar DOS PACTOS para recuperar la actividad económica en España y revitalizar las libertades, la Democracia y el Estado de Derecho. Rechazamos las sucesivas actuaciones del Gobierno de coalición socio-comunista, que amparadas en la crisis sanitaria, están modificando nuestro modelo constitucional y pueden llevarnos a un régimen totalitario.

Los españoles hemos acreditado desde el confinamiento responsable, de mayores, jóvenes y niños, que somos una nación unida y sacrificada y, ahora, le corresponde a los partidos políticos demostrar que son capaces de actuar unidos dentro del marco constitucional, por interés general, para evitar nuevos daños a los ciudadanos.

Hay que vencer la epidemia de COVID-19 pero, imperativamente, hay que sostener a la estructura empresarial de España que es la que crea empleo. La parálisis económica que padecemos confinados producirá, durante 2020, según las previsiones, la caída del 9-10% del PIB, una situación de paro 5 millones de personas y un déficit público del 10%.

Son datos alarmantes que obligan, moral y socialmente, a adoptar cambios en la dirección política de España para que los ciudadanos recuperemos la confianza en el Gobierno de España, muy deteriorada por la falta de previsión y deficiente gestión de la crisis sanitaria.

Los pactos que se proponen son dos:

  1. Configurar un Gobierno de concentración compuesto por políticos y técnicos, durante el plazo de un año, de modo que se celebren elecciones generales durante la primavera de 2021.
  2. Decálogo a desarrollar durante este año para recuperar el modelo constitucional:

1.- La Constitución Española de 1976, aprobada por la nación soberana debe cumplirse. Todos estamos obligados a cumplir el ordenamiento jurídico.

2.- El Estado de Derecho exige la real y efectiva separación de poderes y sus instituciones deben ser respetadas. El Rey como jefe del Estado, representa a España y merece el respeto de todos. El Parlamento debe controlar al Gobierno y el Gobierno no puede pedir a la oposición adhesión incondicional a sus iniciativas.

3.- Defensa de las ideas básicas: los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico son: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1º-2 CE).

4.-El Art. 33 de la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada y las administraciones deben respetarla y actuar conforme a la ley evitando intervencionismos carentes de justificación y de eficacia.

5.- La seguridad jurídica es esencial en una sociedad que aspira a la prosperidad económica. El Poder judicial es independiente y no debe soportar presiones del gobierno. Los jueces son pieza esencial en el Estado de Derecho al garantizar los derechos ciudadanos y de las empresas.

6.- La libertad de expresión e información son parte esencial de la libertad de las personas y garantía de la Democracia plural. Los ciudadanos, en sus comunicaciones, y los periodistas en su información, no pueden ser objeto de censura o “monitorización” por las administraciones públicas. Las Administraciones Públicas no deben financiar medios de comunicación privados y deben ser transparentes y veraces los datos que faciliten.

7.- La organización descentralizada de España en las CCAA no puede ser utilizada deslealmente contra la nación ni contra el Estado ni contra la igualdad de los españoles, que, entre otros derechos, tienen derecho a recibir enseñanza en castellano en cualquier lugar del territorio nacional.

8.- El presupuesto público debe gestionarse con criterios de eficiencia, transparencia y con rendición de cuentas. Sólo en momentos como el actual puede ser prudentemente deficitario, dada la Deuda Pública existente de 1,2 Billones de Euros (97% del PIB).

9.- La situación económica exige esfuerzo y actuación diligente:

  1. Destinar los recursos precisos para financiar todo tipo de empresas. El fomento del empleo debe ser el objetivo esencial y la legislación laboral debe inspirarse en la buena fe sin tratar a la empresa como enemigo.
  2. Atender por razones humanitarias a los enfermos y pobres, individualmente, rechazando la llamada “renta básica permanente” para evitar que sea una opción de vida para quien no desee trabajar. Debe ayudarse a los autónomos para evitar que caigan en el desempleo.
  3. No subir los impuestos para que los trabajadores activos y sus familias tengan capacidad de gasto y ahorro. Debe reducirse el gasto de las Administración Públicas.
  4. Utilizar los mecanismos de la Unión Europea y el apoyo financiero del Banco Central Europeo, sin esperar, de momento, la creación de eurobonos.

10.- La crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia la obsolescencia de algunas Administraciones Públicas, por su imprevisión y falta de métodos operativos eficaces. Una Administración moderna debe tener gestores capaces de coordinarse con la empresa privada, sin necesidad de imposiciones e intervenciones forzosas.

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la eficacia del ejército y de las fuerzas de seguridad del Estado, así como la gran capacidad de sacrificio del sector sanitario y farmacéutico.

Los españoles estamos cumpliendo nuestras obligaciones con sacrificio y, ahora, es al Gobierno y a los partidos políticos a los que corresponda dar confianza a los ciudadanos. Por ello, procede la configuración del Gobierno de concentración durante un año, desarrollar este decálogo para recuperar el espíritu constitucional y convocar elecciones generales para la primavera de 2021.

2 pensamientos en “Dos pactos para salir de la crisis 2020

  1. Son en efecto unas propuestas sensatas pero que precisarían profundizar en los siguiente:
    a) Revisión y actualización del texto constitucional de 1978. Tiene muchos fallos que es preciso corregir si se quiere evitar más conflictos. Tanto en su espíritu como en su letra.
    b) Organización política y administrativa del Estado (CC.AA). Debe limitarse a la delegación de gestión de competencias, no a la titularidad de las mismas. No son «estados», sino representación del Estado, por lo que sobran funciones legislativas, estructuras gubernamentales y adherencias parainstitucionales.
    c) Sistema de representación política directa, con igualdad de valor del voto, mandato imperativo y revocación de mandato. Listas abiertas y programas-contrato.
    d) Separación orgánica, institucional y presupuestaria de los tres poderes clásicos. Incremento del sistema de control y supervisión interna institucional y responsabilidad directa de los actos irregulares o perjudiciales para el Estado.
    e) Separación institucional de la función (jefatura del estado) de los aspectos dinásticos en la familia real que eviten conflictos entre ambas figuras.
    Habría bastante más, pero de momento como muestra, ahí lo dejo.
    Un saludo.

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