Conferencia de D. Leopoldo Gonzalo y González

Construcción y deconstrucción del mercado único en España

Transcripción íntegra de la conferencia pronunciada por D. Leopoldo Gonzalo y González en el acto celebrado el miércoles 7 de mayo de 2014 en el Hotel Wellington de Madrid.


El título de esta conferencia a lo mejor no funciona muy bien fonéticamente pero jalona muy bien los pasos que vamos a dar en la siguiente intervención. En primer lugar, por ser no solo útil, sino rigurosamente necesario precisaré algunos conceptos básicos de lo que veremos después seguido de una  exposición rápida,  sucinta y lo más sintética posible, a base de “flashes”, del largo proceso de construcción del mercado único español.  De nuestro mercado interior, por utilizar la terminología eurocomunitaria. Porque claro, se presume que tenemos un mercado en España que además forma parte de otro mercado único que es el de la Unión Europea.

Trataré de definir lo que debe entenderse por mercado único y poner de manifiesto por qué un mercado único es algo positivo y deseable. Diría incluso que es necesario contar con una unidad de mercado si queremos alcanzar tasas de desarrollo económico potencial, como las que tiene toda economía y como las que potencialmente tenemos nosotros. Veremos que, históricamente, fue un camino largo y costoso y trataremos el proceso de deconstrucción de dicho mercado único, que ha sido fulminante y espectacular. Veremos que fácil es destruir y que difícil y costoso es construir. Como los últimos 20 años, con esta organización del estado  ­–que se dice, nos hemos dado a nosotros mismos–,  y que es la España de las autonomías, son la causa de su lamentable desarrollo institucional y de que hayamos perdido ese bien que es contar con un mercado único, con un mercado interior.

Finalmente me voy a atrever a hacer una propuesta probablemente heterodoxa, de lo que creo que es necesario para  reconstruir la situación. Es muy posible que se me haya tachado de iluso, de irreal, pero me reservo para el final lo que voy a decir. Y sí, anticipo que consiste en una vuelta a la ortodoxia.

¿Qué es un mercado único? Un mercado único es un espacio geográfico delimitado en el cual unas mismas instituciones y un mismo ordenamiento jurídico mercantil, civil, tributario, administrativo, etc., disciplina las relaciones entre las administraciones públicas del estado con el resto de la sociedad y las instituciones privadas. Regula el conjunto de la actividad económica que se realiza en ese espacio geográfico, de manera que impide que se produzcan distorsiones interterritoriales en las corrientes de bienes y servicios y en la localización de los factores de  la producción móviles: del capital, del trabajo. Lógicamente el factor natural es inamovible, adherido al territorio.

Se parte de que un espacio geográfico como éste permite obtener la máxima eficiencia económica. Como saben, la eficiencia implica la eficacia en ese objetivo de la economía que es la satisfacción de necesidades individuales y colectivas de un grupo político o social. De unas mismas instituciones y un mismo ordenamiento jurídico que disciplinan la actividad económica que se realiza, tanto por el aparato productivo como desde el punto de vista de la demanda. ¿Recuerdan esa consabida identidad que manejamos en econometría? PIB es idéntico a la demanda de consumo; más la  demanda de inversión, tanto pública como privada; más el saldo exterior. Pues todas esas variables, que dependen de muchos factores, si son disciplinadas y ordenadas jurídicamente, lo son por un mismo ordenamiento, que es mejor o peor, que favorece más o menos la eficiencia, pero que es para todos igual y crea unas condiciones de competencia a las que ahora me referiré.

¿Por qué un mercado de esta naturaleza es algo deseable y positivo? Porque sólo bajo esas condiciones se despliega lo que Gunnar Myrdal denominaba el círculo virtuoso de la riqueza, que la riqueza engendre riqueza. Efectivamente, la prosperidad, el crecimiento económico, el desarrollo al fin,  está en función de la unidad de mercado y de su dimensión.  Cuanto mayor es ésta mas intensa puede ser la división del trabajo, como nos contaba en el capitulo quinto de “La riqueza de las naciones” nuestro viejo amigo, Adam Smith. Es la gran importancia que tiene este fenómeno en el desarrollo económico. Cuanto más dilatado es un mercado único, más intensa puede ser la división del trabajo y esa mayor intensidad de la división del trabajo permite funcionar a unos costes menores, unos precios de oferta menores y por tanto aumentar la competitividad frente a otros mercados, de manera que amplía el mercado originario. Así vuelve a repetirse el ciclo: un mercado mayor propicia una división de trabajo todavía mas intensa, costes menores, precios menores y una mayor competitividad.

Todo ello siempre que haya una instancia de autoridad y que podemos llamar Estado, Administraciones Públicas etc. Que, como decía Walter Eucken, garantice el orden de la competencia. Antes decía que el mercado único se caracteriza por tener un ordenamiento jurídico y unas instituciones comunes. Además tiene, y es el papel propio y específico del sector público, unos reguladores, supervisores de la actividad económica , el problema en España es que estos reguladores se multiplican de una manera espectacular.

¿Qué factores lesionan o fragmentan esa deseable unidad de mercado? Todos los que supongan un fraccionamiento  del ordenamiento jurídico, tributario, mercantil, etc. de manera que propicien distorsiones interterritoriales en la circulación de bienes servicios y factores de la producción. Se me ocurre mencionar algunos supuestos que todos conocemos.

  • Por ejemplo, las famosas vacaciones fiscales que estuvieron funcionado en la Comunidad Autónoma Vasca en los años noventa. Suponían un cuadro de exenciones para la actividad económica de las sociedades, una serie de reducciones ventajosas en la base imponible del impuesto sobre sociedades e incluso créditos fiscales que llegaban a alcanzar el 45%. Esto como consecuencia de una medida especial, ocasional, puntual, que trataba de generar distorsiones fiscales territoriales para atraer el tejido industrial y económico a la propia circunscripción autonómica.
  • Las subvenciones a empresas innovadoras que protagonizó la Junta de Galicia durante bastante tiempo y que llegaban a unas deducciones por inversiones en innovación del 15, 40 y hasta del 70%, que por supuesto no se aplicaban en los demás territorios de régimen común.
  • El caso de Extremadura, con el famoso impuesto sobre los depósitos en entidades crediticias. Trataba de estabular el ahorro regional y retenerlo, secuestrarlo, deliberadamente; porque si los saldos de las entidades crediticias salían de la comunidad autónoma entonces eran objeto de imposición. Únicamente se admitía un cuadro de bonificaciones fiscales en función de que esas entidades invirtieran parte de sus saldos, de sus depósitos, en el propio territorio en actividades que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma señalaba anualmente como de interés social y como de utilidad publica. Esta es otra medida establecida deliberadamente para ocasionar una distorsión interterritorial en el ámbito financiero.
  • Hace no mucho el presidente de ésta misma comunidad anunciaba que iba a ofrecer a las entidades que se domiciliasen fiscalmente en Extremadura el reintegro del 50% de las bases de los impuestos autonómicos durante los tres primeros años de funcionamiento en Extremadura. Al cabo de los tres años de garantizar que ha habido permanencia y por tanto una cierta inercia a permanecer, se le reintegra el 50% de los impuestos satisfechos.
  • El País Vasco tiene un régimen tributario especial, como tiene Navarra, pero el impuesto sobre sociedades en el País Vasco supone que admite, fuera de lo que es aplicable en el régimen común, unos ajustes extracontables para la determinación de la base imponible en el proceso de liquidación. Además los activos se amortizan con arreglo a unas tablas que no son las mismas que las del territorio del régimen común e incluso ha habido supuestos en los que se ha admitido la libertad de amortización de despidos, que es por supuesto un, magnífico estímulo fiscal.
  • Tiene el País Vasco un IRPF distinto, un impuesto de sociedades distinto, un impuesto sobre el patrimonio distinto, y un impuesto sobre sucesiones y donaciones diferente. Tanto es así que, hace unos años, la comunidad autónoma de Cantabria se apercibió de que perdía residentes. Los cántabros se establecían mas allá de la línea de separación de la Comunidad Autónoma Vasca porque, residiendo allí y cumpliendo los plazos de permanencia que establece la legislación foral, adquirían la condición de residentes y quedaban exentos, por ejemplo, del pago del impuesto de sucesiones mortis causa en línea recta. (…) Aquello de Cantabria se traslado a la rioja y el efecto dominó llegó a Madrid, donde hoy tenemos un 99% de bonificación en este tipo de donaciones.

En definitiva, se podrían enumerar muchas de las peculiaridades derivadas del régimen del derecho foral y es verdad que se centra fundamentalmente en el derecho familiar, pero también tiene alguna transcendencia en obligaciones y contratos. Eso ocurre en Aragón Cataluña baleares y Galicia.

Hay un capítulo del volumen “La unidad de mercado en la España Actual” del Instituto de Estudios Económicos en el que tuve el honor de colaborar que excede a lo estrictamente económico por ser mucho más grave. Se trata del disparate que se esta haciendo en algunas comunidades autónomas. Disparate y despendio de lo que se ha llamado nuestro petróleo, que es nuestra lengua común y que tienen como propia 21 naciones de todo el mundo. En ese trabajo titulado “Unidad de lengua y unidad de mercado”, trato de poner de manifiesto que la unidad de lengua supone una ventaja para el mercado único. Por supuesto, hay otras implicaciones, sobre todo si se trata de una lengua de valor literario y cultural de la nuestra, en la que decía Julián Marías que se habían vertido las obras mas importantes de la historia de la literatura universal, cosa que no tienen otras –por muy respetables que sean–, de carácter regional.

Tener una lengua común supone afinar los costes de las transacciones, y no tenerlo supone tener que acudir a un traductor oficial, porque no vale cualquier traducción. Entre españoles se ha visto, en el Senado, a dos líderes políticos que han intervenido cada uno en su lengua regional para luego entenderse en el escaño el uno con el otro en la lengua de los dos.

En ese trabajo ponía yo de manifiesto un planteamiento que derivó más allá de lo económico, para dar argumentos en favor de la lengua común. Lengua que fue castellana en su momento, para el Arcipreste de Hita,  Gonzalo de Berceo y tantos otros; hoy española por estar cuajada de galicismos, de catalanismos  –­la propia palabra peseta es un de ellos­–­, etc. Esa legua era un elemento integrador, verdaderamente fundamental del mercado único y nadie la había impuesto. Fue Carlos III quien la estableció en la enseñanza primaria como un signo del reformismo borbónico partidario del progreso y del avance social. Ho, la fragmentación lingüística es una de las cuestiones verdaderamente graves de lo que esta sucediendo.

A continuación trataré de hacer un inventario de las enormes dificultades que se han tenido que superar para conseguir el mercado único, del que partimos cuando, a su vez, parte esto de la España de las autonomías.

En primer lugar, son factores naturales, históricos, políticos etc. los que se han opuesto tercamente a la consecución de el mercado único en España. La abrupta orografía de la Península Ibérica nos ha estabulado, literalmente, con cadenas montañosas y sierras en una serie de regiones naturales que no tienen nada que ver con el mapa de las comunidades autónomas. Ha sido una dificultad importante y que no ha sido posible salvar al faltar una red de transporte fluvial como la que sí existe en el resto de los países centroeuropeos. En España disponemos de 89km de vías fluviales frente a los más de 8500 de a Francia,  los 7300 de Alemania y los 5000 de los Países Bajos. Sólo Luxemburgo tiene menos kilómetros de río navegables. Tampoco somos Francia ni Polonia, países con grandes llanuras, que si bien tiene el inconveniente de no tener fronteras definidas y tratarse por tanto de zonas conflictivas históricamente invadidas por otros países, tiene una gran ventaja desde el punto de vista de las comunicaciones. Así pues la orografía impedía un trafico normal y barato de mercancías y de intercomunicación económica en el espacio nacional. Paradójicamente, siendo un país con tantos kilómetros de costa, también existía una insuficiencia de puertos naturales que posibilitaran la navegación de cabotaje como un alternativa a la navegación fluvial. Tampoco ha sido posible. El retraso en la construcción de infraestructuras portuarias en España desde finales del XIX en adelante nos ha impedido utilizar ese medio de intercomunicación y de circulación de bienes mercancías y personas.

Siguiendo con las dificultades, todavía a finales del Antiguo Régimen existían en España tres sistemas monetarios distintos. La Corona de Aragón emitía dinero, lo hacía la Corona de Castilla y lo hacía Navarra. También los sistemas de pesos y medidas eran algo enloquecedor. En su propia terminología eran diferentes de una región a otra o incluso de una comarca a otra. Había que traducir las unidades de medida en cada momento y esto lógicamente suponía un inconveniente desde el punto de vista de una relación económica ágil.

También hemos dicho que es necesario un ordenamiento jurídico homogéneo o común. En España, el primer Código de Comercio es de 1831 de Sáinz de Andino y el Código Civil se retrasa hasta finales del siglo 1889, de manera que desde ese punto de vista llevábamos un retraso notable que redundaba en la consecución de ese mercado. ¡Qué diríamos de las aduanas interiores! Habría que esperar hasta la ley de 1841, en la que las provincias vascongadas se incorporan al espacio aduanero común, para tener una verdadera unidad aduanera en España. No sólo existían las aduanas entre la corona de Castilla y de Aragón, también las que se establecían los propios señoríos jurisdiccionales y eclesiásticos. Todo esto suponía una maraña de dificultades de carácter arancelario que impedían y obstaculizaban la circulación de bienes en el conjunto de la península.

A todas estas trabas y dificultades hay que añadir el sistema tributario, tan utilizado para obtener ventajas comparativas y para producir artificialmente distorsiones interterritoriales. En España no tenemos algo que se pueda llamar un sistema tributario hasta 1845, con la reforma moderada de Mon-Santillan.  Hasta entonces la situación había sido como poco pintoresca. Quien haya estudiado un poco de Historia de la Hacienda sabrá que en España se hablaba de impuestos como por ejemplo “el chapín de la reina”,  “la contribución de paja y utensilio”, o “el impuesto de lanzas”. Hasta entonces no contamos con un sistema fiscal con una estructura sistemática y no una mera colección de gravámenes organizada de manera caótica y desconocida, en general, por quien tenía que aplicarla.

Desde el punto de vista del sistema financiero también hemos seguido un largo camino. En España, la banca comienza con la creación del Banco de San Carlos en 1782, aprovechando las ideas del pintoresco personaje llamado Cabarrús. El Banco Nacional de San Carlos –que así era su nombre completo–, se transforma en el de San Fernando justo con el cambio de monarca, porque eso de la adulación no es exclusivo de nuestro tiempo. Poesteriormente, tras la fusión con el Banco de Santa Isabel, al cual se le había concedido en monopolio de emisión en la plaza de Madrid pasará a denominarse Nuevo Banco de San Fernando. Y a partir de ahí, en un proceso largo que se prolonga desde  los años 1840 hasta la década de los 70, aparecen una serie de bancos como Málaga, Bilbao Reus etc,. Esto demuestra lo dificultoso que ha sido el camino, porque hasta entonces estábamos en manos de banqueros, no de bancos,  además de banqueros genoveses y alemanes, no españoles. El proceso de creación de ese tejido de intermediación financiera a través de la banca es lento y muy modesto hasta finales de siglo.

La otra gran institución que facilita trasvasar los fondos de los ahorradores a los inversores  son las bolsa de valores. Hasta 1831 no se crea la bolsa de Madrid,  la segunda bolsa española, la de Bilbao hasta 1890 y la de Barcelona es de 1915. Este dato expresa también el alto desarrollo del capitalismo catalán, basado en la industria textil protegida.

Por otra parte, la red de ferroviaria, cuyo desarrollo se prolonga a lo largo de todo el siglo XIX , desde 1848 con la construcción del Barcelona-Mataró y el tren de la fresa de Madrid en 1851 ya con Bravo Murillo. Pero el verdadero origen de la construcción ferroviaria en España –y digo en España porque entonces Cuba, Puerto Rico y Filipinas eran provincias españolas, las llamadas provincias de ultramar– fue en Cuba, dos años antes del Barcelona-Mataró. La construcción ferroviaria lleva todo el siglo y supone una serie de inversiones gigantescas y no solo financieras, sino de obras de infraestructura, de desmonte, de viaductos y de puentes.

Finalmente, como trasfondo de este siglo XIX en el que se hace este esfuerzo verdaderamente titánico en el país, hay que tener en cuenta una interrupción de la vida nacional, de las comunicaciones y con el país literalmente patas arriba desde 1808 hasta 1814 con la invasión napoleónica y las tres guerras carlistas que jalonan el siglo XIX.  Además de la Guerra de Cuba que, como ya se ha dicho, era provincia española y formaba parte del mercado español y de la propia  Hacienda española un dato importante porque los sobrantes de la caja de ultramar permitían cubrir el déficit de la caja central.

Aun así, después de todo esto la revista El economista decía en 1857 que la enorme diferencia de precios existente en los cereales en las distintas plazas españolas, algunas de ellas muy próximas entre sí, se explicaba no por el régimen agrario, sino por la inexistencia de un mercado nacional. Esto lo trata muy bien Sardá en su “Política monetaria en la España del Siglo XIX”.

Después de la guerra se reconstruye ese mercado único que se había puesto en riesgo durante la Segunda República. Con independencia del grado de intervencionismo o no en la economía española por parte del sector público, lo cierto es que se dan todas las condiciones que decíamos al principio para su existencia y funcionamiento. Desde 1959, en el que se lleva a término el famoso plan de estabilización y liberalización de la economía española, durante tres lustros consecutivos hasta 1975,  España crece con ese mercado único a una tasa del 7,5% incluso al 9% algún año. Esto era debido, entre otros factores relevantes, a que teníamos un mercado común.

Y cuando por fin hemos conseguido una unidad de mercado ¿qué sucede? Se produce un cambio radical. Siendo la unidad de mercado un principio  consagrado por la Constitución en el artículo 139.2 que dice literalmente: “Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.”. Hay otros artículos de la Constitución que hacen referencia a la unidad de mercado que son el artículo 148, el artículo 149 y sobre todo el artículo 150.2. El primero de ellos hace una nómina bastante exhaustiva de las competencias a las que pueden –ojo, no deben necesariamente– acceder las comunidades autónomas. El artículo149 establece las competencias exclusivas del estado, que han dejado de ser exclusivas.  Finalmente el 150.2 define las competencias exclusivas del Estado que pueden ser transferidas a las comunidades cuando por su naturaleza sean susceptibles de transferencia y vayan acompañadas de los medios financieros para desarrollarlas. Este artículo es, en su disparatada interpretación y aplicación, el origen de los males que estamos tratando.

Se produce entonces ese fraccionamiento del mercado porque se reconoce una capacidad normativa a las comunidades autónomas en todos los aspectos. Lo podemos ver en un documento de la CEOE en el que se elabora un informe no exhaustivo con el “Inventario de las distorsiones de la unidad de mercado existentes en la España de las autonomías.”. Digo siempre que cuando se redactó el artículo 150.2 también el 148 y el 149 de la Constitución lo hizo un componente de eso que se llama de forma abstracta el legislador constituyente,  que no sabía nada de economía publica, ni acerca de los efectos externos que sobre la producción y el consumo ejercen ciertas actividades. Si no, no se entiende que se redactara un texto tan abierto a la interpretación. No solo de las transferencias en otros órdenes, probablemente más importantes, como la sanidad, la justicia o la educación, sino también en el orden puramente mercantil y tributario. Juan Alfonso Santamaría Pastor en sus “Principios de derecho administrativo” refiriéndose al llamado Estado de las Autonomías dice: ”Un régimen que si no nos constaran la ignorancia, la improvisación, el arbitrismo y la falta de sentido de la realidad con que fue montado se diría mal hecho de propósito”.

Este Estado de las Autonomías es el que reconoce el ejercicio de la capacidad normativa en todos los ámbitos relacionados con la vida económica, con el mercado único y con la libre circulación de capitales bienes y servicios; y da lugar a este tomo. Es un informe no exhaustivo, pero si muy completo, que cuenta con 117 fichas que menciona sumariamente la clase de distorsión que ahí se registra y las clasifica en dos bloques.

Atendiendo a la naturaleza de la distorsiones:

  1. Aquellas normativas divergentes o contradictorias en relación con las mismas materias;
  2. La distinta interpretación de unas mismas normas españolas o comunitarias;
  3. Ladescoordinación administrativa, sobre todo en algo de vital importancia como es la fragmentación de las compras públicas . Valga como ejemplo las deseconomías que se producen aquí en situaciones como la transferencia de la sanidad a las autonomías­ o en el ámbito tributario en el que idénticas actividades están sometidas a regímenes totalmente distintos, Estando además esas diferencias establecidas y que además están establecidas deliberadamente, con el objeto de conseguir unos objetivos concretos que son la atracción dela actividad económica a la propia circunscripción territorial y en detrimento de las otras con independencia de cualquier

El segundo bloque de la clasificación es la que enumera todos y cada uno de los sectores económicos en los que se producen las distorsiones. Son 20 sectores, es decir prácticamente todos los de la economía española, en los que se han inventariado distorsiones en el año 2012.

¿Cómo se arregla esta situación? Ha habido una reacción reciente por parte del gobierno de la nación –si la nación subsiste–, que ha consistido en esa famosa Ley de Garantía del Mercado Único. Se va a garantizar en el año 2013 algo que estaba establecido en la constitución de 1978.

Yo tengo muy poca fe en esta vía por los siguientes motivos. No se puede resolver lo que por su naturaleza es irresoluble ya que, una vez reconocida la autonomía, es muy difícil revertir la dinámica. En su exposición de motivos ya da razón de que el articulo 139.2 de la constitución no se cumple y que por tanto es necesario que hacer algo. Su promulgación se justifica sobre la base del imperativo del Derecho Comunitario, del Unión Europea no de la Constitución Española. En tercer lugar, da verdadero sonrojo que se nos venda como avance la obtención de una licencia única para operar en todo el territorio nacional. Por último, nada más promulgarse la ley han sido cuatro comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Canarias y Andalucía quienes se han opuesto a la ley y no la van a aplicar. Incluso alguna de ellas, con notable desfachatez,  ha amenazado al gobierno con un recurso de inconstitucionalidad. Me refiero a Cataluña que suele hacer con las sentencias del Tribunal Constitucional mangas y capirotes, por ejemplo en materia lingüística

Y es que pensamos que estamos en un estado de derecho , que hay unas garantías y que existen unas instancias a las que se puede recurrir para que se resuelvan los conflictos razonablemente en el marco de la ley. Pero existen dos sentencias del Tribunal Constitucional en relación con la unidad de mercado, que son la 96/1984 y la 88/1986, fundamentos jurídicos 3 y 6 respectivamente, que dicen los siguiente: la unidad de mercado descansa sobre dos supuestos irreductibles la libre circulación y la igualdad de las condiciones básicas de la actividad económica. Esto más que un concepto jurídico indeterminado es indeterminable porque, ¿Cuáles son las condiciones básicas? ¿Cuándo rebasamos lo básico?¿Cuándo nos mantenemos dentro de lo básico o cuándo no llegamos?

En un párrafo de la segunda sentencia se puede leer “unidad no significa uniformidad, ya que la existencia de entidades con autonomía política –las comunidades autónomas–, supone necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos.”. Y continua la sentencia diciendo que hay que buscar un equilibrio entre ambos principios. Una vez más un concepto perfectamente determinado.

Dicho todo esto, lo último sería una propuesta temeraria para acabar con toda esta situación. Es una propuesta heterodoxa que consiste en volver a la ortodoxia y que tiene que ver con nuestro manifiesto del Foro Sociedad Civil. Es decir la vuelta a un estado unitario que es nuestra tradición institucional desde 1812 cuando se promulga la primera constitución en España. El estado unitario que admite fórmulas alternativas, no de fraccionamiento de la soberanía política que ahora nos damos cuenta que es lo que se ha hecho cuando se nos vendía como descentralización administrativa y desconcentración.

Esto es una propuesta de un sujeto visionario, porque las cosas han tenido su inercia han llegado muy lejos y es muy difícil volver al punto de partida. Una colega no hace mucho me decía: “Leopoldo, la política es el arte de lo posible, y esto parece ser imposible.”. Y yo le replicaba con una frase que es atribuible al profesor Ruiz del Castillo que decía : “ La política es el arte de lo posible, la política ordinaria para el hombre normal. Hay otra acepción que sirve para la política de altura política, de estado, la nacional, que consiste en hacer posible lo que es necesario, lo es rigurosamente necesario.”. A mi me parece que hemos llegado a un punto que tiene que ver con la subsistencia del país, porque hasta ahora hemos hablado de cuestiones económicas de eficiencia de distorsiones interterritoriales de origen fiscal, mercantil etc. pero lo que esta en juego es la subsistencia de la nación. No nos engañemos y por eso quiero terminar recordando una palabras del profesor Salvador de Moxo, catedrático de Historia Antigua y Medieval, que dedicaba su libro sobre las repoblaciones de la manera siguiente: “A mi querida patria España obra común de reyes y labradores de guerreros y clérigos de pastores y mercaderes”. Esto es lo que yo he querido expresar hoy aquí con algo mas de complejidad pero efectivamente fueron los protagonistas con gran esfuerzo de alcanzar un bien como es la unidad de mercado en un país como el nuestro. Muchas gracias.

Un pensamiento en “Construcción y deconstrucción del mercado único en España

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