Informe del club liberal español (1)

El liberalismo en la educación y la enseñanza

El Club Liberal Español presenta en este documento sus conclusiones sobre la situación de la educación y la enseñanza en España,  que contienen su posicionamiento sobre los cambios que son necesarios introducir en este primordial ámbito del desarrollo social y ciudadano. Aportamos estas ideas a la sociedad española y a los partidos políticos para contribuir a impulsar la evolución del modelo actual, reconocidamente fracasado, hacia un  modelo de esfuerzo y mérito acorde con las demandas actuales del siglo XXI.

1.- La educación, elemento esencial de la sociedad

La Educación es uno de los basamentos esenciales en el que se fundamenta una sociedad y un estado democrático, liberal y de derecho. Los otros son la Justicia y la Ley. Cuando algunos de estos pilares falla, se conculcan los derechos de los ciudadanos y con ello se arruina la sociedad y se derrumba el estado. Unos ciudadanos con escasos conocimientos y formación: Carecen de libertad para elegir con solvencia lo que más les conviene y tienen enormes dificultades para su desarrollo personal y escasas posibilidades de integrarse en el sistema social y económico ejercitando su puesto de trabajo con dignidad.

2.- El fracaso escolar exige un cambio de modelo en la enseñanza

El modelo de educación y de enseñanza vigente de competencias estatales y autonómicas ha fracasado, como lo acreditan los informes PISA emitidos regularmente por la OCDE en donde se refleja el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos españoles, lo cuales, además, sufren la dificultad de incorporación al mundo laboral por carencia de habilidades en formación práctica. Ambos efectos no tienen su causa en falta de esfuerzo en gasto público realizado, porque es análogo al de otros países de nuestro entorno, sino en defectos de motivación, organización y gestión administrativa, que reclaman inmediata solución.

3.- Formación integral y formación profesional

La enseñanza debe facilitar al alumno formación integral, tanto en su personalidad como en su capacidad profesional, que le permita el acceso al mundo laboral con dignidad, cualificación  y aprendizaje útil para  las empresas o para tomar iniciativa como emprendedor.

Lamentablemente, en España, en los últimos 25 años, se ha ido marginando la posibilidad de la formación profesional, que gozó de prestigio técnico y social, a favor de las titulaciones universitarias. Esta tendencia debe invertirse, y las escuelas de formación profesional deben alcanzar el nivel de prestigio y técnica adecuados para facilitar una preparación idónea para la demanda.

Los países más desarrollados han optado por el modelo dual de oferta de puestos de enseñanza profesional, incrementado notablemente la oferta privada de puestos de tal enseñanza.

4.- Necesidad de armonización normativa y Movilidad familiar

Es ya un lugar común por su universal aceptación, que la actual división de competencias en el ámbito de la Enseñanza, cedidas a las Autonomías, suponen un grave impedimento para una gestión adecuada de los recursos del Estado, que además están produciendo un enorme perjuicio a los ciudadanos y un deterioro profundo en la cohesión de la sociedad española.

Los poderes públicos tienen que gestionar eficazmente los recursos presupuestarios,  facilitar a los ciudadanos claridad y estabilidad  del marco normativo y  atenuar los perjuicios a los alumnos por traslado del domicilio familiar de una Autonomía a otra.

Para cumplir estos objetivos de racionalidad operativa, es inexcusable una ley de armonización, consensuada, al menos, por los dos grandes partidos políticos, que devuelva al Estado parte de las competencias cedidas y haga viable y efectiva a la Alta Inspección.

La enseñanza debe impartirse en el idioma oficial elegido por los padres o por los alumnos, a su mayoría de edad, en aquellas Comunidades Autónomas bilingües en las que existen políticas de preterición y exclusión del español, las cuales rechazamos, con neutralidad ideológica, con respeto a los principios y valores de la democracia, con criterios homogéneos en todo el territorio nacional y sin que sea campo de batalla ideológica de los partidos políticos.

El interés que debe perseguir la legislación y los poderes públicos es el interés de los alumnos para que alcancen una sólida formación y aprendizaje, donde se adquieran los valores éticos, cívicos y democráticos.

5.- Libre elección de centro educativo: cheque escolar

Es inexcusable la libre elección de centro educativo, para lo cual las administraciones públicas facilitarán a cada alumno un cheque escolar, destinado al pago total o parcial del centro escolar elegido, sea público o privado.

Este cheque escolar es cosa distinta al sistema de becas, que deben concederse en función, sobre todo de la valoración del mérito académico y del esfuerzo por conseguirlo del beneficiario, con respeto al principio de igualdad de oportunidades.

6.- La enseñanza como sector empresarial: gestión profesional y respeto a los profesores

Proclamamos que, el reconocimiento de la libertad de enseñanza, la creación y establecimiento libre de centros educativos y la oferta de plazas a las familias de alumnos es un medio idóneo de dinamizar este sector empresarial generador de empleo de calidad. Los poderes públicos deben permitir la apertura de centros y de aulas adicionales en aquellos en que son demandados. El libre juego de la oferta y la demanda de los centros de enseñanza oferentes de plazas escolares  debe ser el mecanismo de ajuste entre la oferta  de la enseñanza pública gratuita y la privada.

Los centros educativos deben ser dirigidos, gestionados y administrados por personal especializado para tales funciones, y deben dar garantía de autoridad y dignidad a los profesores para que éstos puedan relacionarse con los alumnos bajo los principios de disciplina y respeto al profesor.

7.- Profesores idóneos

Los profesores de la enseñanza pública deben ser seleccionados por  razones de mérito y de capacidad, ejerciendo sus funciones docentes bajo los principios de libertad de cátedra y de aplicación de los procedimientos educativos que incorporen técnicas de estudio adecuadas al Siglo XXI. Asimismo, se deben establecer criterios de retribución acordes con la preparación, dedicación, esfuerzo y rendimiento.

Los poderes públicos evitarán dictar disposiciones e instrucciones que sobrecarguen de burocracia extraescolar a los profesores, ya sean de escuelas y universidades públicas o privadas.

En la enseñanza primaria y secundaria, la libertad de cátedra ha de entenderse sometida al  principio de neutralidad, en lo referente a la formación de valores humanos, sociales y cívicos.

8.- Alumnos titulares de derechos y obligaciones

Los alumnos deben estar sometidos legalmente a los principios de responsabilidad y disciplina cívica, reconociéndoles sus derechos, como personas, pero también haciéndoles sujetos de sus obligaciones con el centro escolar (público o privado), como lugar de convivencia y formación, de que deben de asistir a las clases  con espíritu de aprendizaje,  respetando a las autoridades académicas y profesores, estando obligados a superar los niveles de exigencia en las distintas materias, demostrados por las evaluaciones adecuadas.

9.- Enseñanza universitaria 

Si en algún ámbito las carencias del sistema educativo se ha puesto de manifiesto es en el ámbito de la enseñanza universitaria. La Universidad española requiere un marco legal estable y con un alto grado de libertad y calidad, evitando la excesiva burocratización; una actividad docente al servicio del alumno y de la sociedad y su sistema económico, con especial atención a:

9.1.- Un adecuado sistema de acceso a cátedra, a personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS), con procesos públicos y transparente, que acrediten prioritariamente el mérito académico, demostrado por unos currículos extensos de experiencia, celo investigador y publicaciones, que deben primar sobre cualquier otro elemento a considerar, incluido el conocimiento de la lengua cooficial donde existiere, liberalizando el acceso y contratación de plazas, simplificando estos procesos de acreditación de la calidad docente e investigadora, por una red de agencias independientes españolas y europeas.

9.2.- Lo procesos docentes e investigadores, con titulaciones de grado y postgrado, planes de estudios y programas de investigación que respondan a la demanda de las empresas y las instituciones, estimulando la inversión privada, con objeto de logara una dotación de medios materiales y tecnológicos imprescindibles para conseguir una calidad adecuada, tanto en la enseñanza, como en la investigación.

9.3.-Un programa de selección de acceso a la universidad, que garantice la idoneidad y preparación suficientes de los alumnos para poder acceder a la misma, así como dotar de coherencia a las decisiones de la gestión universitaria para la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), evitando las contradicciones y continuos cambios de criterio tanto en los desarrollos docentes, como en el resto de actividades conexas.

9.4.- A la formación continua y a la movilidad universitaria; a las acreditaciones de actividades extracurriculares, horarios y conciliación de la vida familiar de profesores y alumnos; a la racionalización de la dimensión de los grupos de alumnos.

Todo ello debe desarrollarse en un marco básico común y armonizado para toda España, única manera de racionalizar el sistema universitario español y obtener el máximo de sus posibilidades.

(1) El documento base de EL LIBERALISMO EN LA EDUCACIÓN Y LA ENSEÑANZA ha sido elaborado por Benito de Diego González, economista y miembro del Club Liberal Español. El texto definitivo integra las aportaciones de Carlos Entrena Palomero, Presidente del Club, y de Antonio Costa Pérez, Vocal de su Junta Directiva.

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