Matanza de judíos en Barcelona en 1391 (Josep Segrelles, ca. 1910)

Un trabajo de D. Javier Pérez-Bustamante de Monasterio

Concesión de la nacionalidad española a los judíos sefardíes originarios de España

1. Antecedentes históricos.

La presencia de los judíos en España alcanza la más remota antigüedad. Algunos no dudan en remontar la fecha hasta la época del Rey Salomón (970//931 A.C.) y a lo largo de la historia las sucesivas comunidades cristianas, visigóticas y musulmanas de los diversos reinos de España mantuvieron una especial hostilidad hacía ellos por cuanto que constituían una discriminada colectividad a causa de su religión, costumbres y modo de vivir que les apartaba del resto de la población.

Por ello, fueron numerosas a lo largo de la historia las persecuciones, expulsiones, medidas discriminatorias y hasta matanzas de judíos inspiradas por el celo religioso, reivindicado por la cristiandad desde sus orígenes. Especial referencia debe hacerse a las famosas matanzas de 1391, que dieron lugar poco después a un amplio proceso de conversión de los judíos al cristianismo y al establecimiento en 1478 del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de tan infausta memoria que durante más de cuatro siglos juzgó severamente a aquellos conversos que judaizaban, a quienes les protegían y a los que incurrían en herejía. La abolición de la inquisición, de hecho, tuvo lugar durante el reinado de Isabel II en 1834 aunque previamente fue rechazada por la Constitución de 1812.

El Edicto de 31 de Marzo de 1492 de los Reyes Católicos ordenó de forma terminante la inmediata expulsión de los judíos establecidos en Aragón y Castilla, los cuales tuvieron que abandonar dichos reinos en el plazo de cuatro meses si no se convertían al cristianismo.

Aunque no hay conformidad entre los historiadores sobre este dato, conforme al “Atlas de la Historia Judía” de Martín Gilbert, la expulsión decretada en 1492 arrojó como resultado el exilio de 90.000 judeo españoles a los territorios del imperio otomano; 25.000 a Holanda; 20.000 a Marruecos; 10.000 a Francia, otro tanto a Italia y 5.000 a América, dejando en el camino unos 20.000, que murieron en el intento de buscar un nuevo hogar, permaneciendo en España bautizados unos 50.000.

Buena parte de los judíos expulsados fueron especialmente bien acogidos en los vastos territorios musulmanes del Norte de Africa, entonces sometidos al imperio otomano (hoy Turquía, Siria, Irak, Egipto, etc) así como en las regiones europeas de Grecia y los Balcanes que, hasta el siglo XIX y en algunos casos hasta principios del siglo XX, estaban integrados en el mismo imperio otomano.

Es éste uno de los capítulos más amargos de la historia de la diáspora judía que tantas veces habría de repetirse en la historia, al extremo de que los judíos que fueron entonces expulsados tuvieron que liquidar urgentemente en el plazo de cuatro meses todos sus bienes y pertenencias, romper sus vínculos seculares y malvender sus bienes raíces, muebles y enseres sin que se les permitiera llevarse oro y plata, como puede leerse en el Edicto. Por ello, fue frecuente que algunos, antes de partir para el exilio, se atrevieran a ingerir hasta treinta ducados que portaban en sus intestinos, siendo las mujeres las que más se distinguieron en esta clase de ingestas y así, una vez recuperadas las monedas, pudieron sobrevivir en los primeros tiempos de la diáspora.

A lo largo de los siglos, los judios de origen hispánico vivieron en los territorios del imperio otomano una edad de oro cultural, especialmente en Salónica, donde la comunidad sefardí alcanzó hasta 70.000 habitantes, constituyéndose en el epicentro de la intelectualidad, si bien dicha población judeo española se redujo drásticamente a 20.000 personas en los primeros años del siglo XX, con ocasión de la independencia de Grecia del imperio turco en 1913 y de las dos guerras mundiales del siglo XX, de tal manera que hoy solamente sobreviven unos 20.000 sefardíes en el país heleno y otros 18.000 en Turquía, la mayor parte de ellos en Estambul y el 10% en Esmirna.

Sin embargo, como dice la leyenda, los judíos se llevaron las llaves de sus casas al salir de la península en 1492 y desde entonces  estas llaves se han venido trasmitiendo de familia en familia y de generación en generación, señal de que nunca han perdido la esperanza de volver. Buena prueba de ello es la sorprendente preservación de la cultura, de las costumbres y de la lengua judeo española – ladino – que han mantenido durante más de quinientos años hasta el día de hoy, debido en cierta medida al establecimiento de los mismos en comunidades cerradas.

El retorno a la nacionalidad española de los descendientes de aquéllos españoles expulsados en 1492 ha sido una constante reivindicación histórica que hasta después de la primera guerra mundial ni siquiera ha sido considerada por España porque hasta la Constitución liberal de 1869, que instauró el régimen de llibertad religiosa, no se produjo “de facto” la derogación del Edicto de los Reyes Católicos de 1942 y a pesar de que la Constitución de 1876 restringió la libertad de culto de las confesiones no católicas al ámbito privado, se permitió a los hebreos el derecho a residir en España y a ejercer su confesión de forma privada.

No es hasta comienzos del siglo XX, en tiempos de Alfonso XIII, cuando se aprecia por primera vez en España un claro sentimiento de comprensión y simpatía a favor de la causa sefardí que encabezó el famoso médico y senador del Reino, Don Angel Pulido, discipulo de Castelar, que fue el gran impulsor del acercamiento entre ambas culturas a través de su publicaciónes “Los judios españoles y el idioma castellano”(1904), “Los españoles sin patria y la raza sefardí” (1905) y de las campañas llevadas a cabo por el senador, bajo el titulo, “Intereses Nacionales”, que tuvieron notables consecuencias, entre las que destacan la apertura de la primera sinagoga en España, la Fundación de la Alianza Hispano Hebrea en Madrid en 1910 y la Casa Universal de los sefardíes en 1920 que afianzaron los vínculos entre la diáspora y España.

A esta corriente filosefardí se apuntaron los más distinguidos intelectuales de la primera mitad del siglo XX, como Pérez Galdós, Maura, Ramón y Cajal, Unamuno, Pardo Bazán, Juan Valera, Echegaray, Romanones, Alcalá Zamora, Menéndez Pidal, de la Cierva, Lerroux y Azcarate, entre otros.

2. El régimen de las capitulaciones y la categoria de los protegidos. Especial referencia a los sefardíes acogidos por el imperio otomano.

Numerosas capitulaciones o tratados internacionales fueron suscritos entre el imperio otomano y los estados cristianos europeos con la finalidad de proteger a los miembros de las minorias cristianas que habitaban en los diversos territrorios del imperio, los cuales disfrutaban de ciertos derechos extraterritoriales y de protección por las potencias extranjeras. Este status de “protegido” se extendió a una pequeña parte de la población judia sefardí, de tal manera   que éstos respondían ante la jurisdicción de los consulados españoles.

Finalizada la primera guerra mundial, tras el desmoronamiento del imperio turco, surgen los primeros estados nacionales en los Balcanes y en Oriente Medio, que dejan de lado el régimen de capitulaciones.

El Tratado de Lausana de 24 de Julio de 1.923. que puso fin a la guerra entre Grecia y Turquía y estableció los limites de la Turquia moderna, derogó el régimen de las capitulaciones, excepto con Egipto y Grecia y suprimió la categoría de protegido con el fin de  que las nuevas naciones surgidas del conflicto se pudieran desarrollar sin encontrar en su seno importantes minorías étnicas o religiosas. Turquía, en contrapartida, nación donde los musulmanes representaban y continúan representando el 99% de la población, se comprometió a respetar las minorías judías y cristianas.

Sin embargo, como dice el prof. Joseph Pérez en su obraLos judíos en España”, la situación de aquellas minorías era ambigua: por una parte, todos los habitantes eran teóricamente ciudadanos turcos, los judíos y los cristianos lo mismo que los musulmanes pero, por otra parte, en aplicación del Tratado de Lausana, judíos y cristianos eran considerados minorías y como la mayoría era musulmana frecuentemente se discriminaba a los judíos” que todavía hoy han de hacer constar su religión judía en sus documentos de identidad y certificados de nacimiento. “Así, aunque la leyes turcas les garantizaban los mismos derechos que a los musulmanes, los sefardíes constituían una minoría religiosa aparte; no se les maltrataba ni discriminaba abiertamente, pero eran “otros”. El sefardí era súbdito español para las autoridades turcas mientras que para las autoridades españolas seguía siendo nacional de Turquía y sólo protegido español cuando reunía dicha condición”.

En vista de tan ambigua situación, el gobierno del General Primo de Rivera, que venía autorizando la protección española a los residentes de origen español en los diversos territorios del imperio otomano, aprobó el Real Decreto de 20 de Diciembre de 1.924 sobre “Concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a protegidos de origen español”, que permitió solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza a los antiguos protegidos legitimados para ello que tuvieron un plazo de seis años, hasta el 31 de Diciembre de 1930 y se les dispensó de viajar a España para realizar la inscripción de la carta de naturaleza, autorizándoles para hacerlo en los registros diplomáticos y consulares con plenos efectos para el disfrute de la nacionalidad española.

Adviértase que sólo una pequeña minoría sefardí pudo beneficiarse del mencionado Real Decreto. Además, la Circular núm. 1145 de 30 de Marzo de 1928, que lo desarrolló, obstaculizó más que facilitó la aplicación del mismo por su contenido restrictivo, estableciendo incluso una elevada tasa de 500 pesetas que no estaba al alcance de buena parte de los interesados.

Se estima que no fueron más de tres mil los sefardíes que adquirieron la nacionalidad española al amparo de dicho Real Decreto, que por primera vez regula la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza ante las expresadas circunstancias calificadas de carácter excepcional.

La Constitución de la Segunda República de 1931, que también proclamó la libertad de cultos, ofreció grandes facilidades a las personas que, siendo de origen español y residiendo en el extranjero, quisieron adquirir la nacionalidad española y una Circular de 27 de Febrero de 1.933 señalaba expresamente que los antiguos protegidos sefardíes podían beneficiarse de aquélla disposición.

El Decreto de 29 de Abril de 1931 del Ministerio de Justicia, precedente del art. 22.1. del vigente Código Civil, redujo a dos años el tiempo de residencia en España de los sefardíes de Marruecos para adquir la nacionalidad española por residencia, equiparándolos a los hispanoamericanos y portugueses.

Por canje de Notas entre España y Egipto de 16 y 17 de Enero de 1935 y con Grecia de 17 de Abril de 1936 se convino que España continuaría otorgando su patrocinio y documentación auna serie de familias sefardíes que, desde tiempos del imperio otomano gozaban de tal gracia en aquéllos territorios y a dicho efecto y como anejo a las referidas Notas, se establecieron unas listas, cuidadosamente selecionadas, de esos beneficiarios, cuya futura condición de súbditos españoles se preveía en las mismas.

El Convenio de Montreux de 8 de Mayo de 1937 derogó el mencionado régimen de capitulaciones con Egipto y Grecia a partir del año 1949, lo que dio lugar a que España, un año antes, aprobara el Decreto Ley de 29 de Diciembre de 1948 y, para no dejar abandonados a los sefardíes residentes en Egipto y Grecia que figuraban en las referidas listas y habían gozado de su protección durante muchos años, les reconoció la nacionalidad española a partir de 1 de Enero de 1949, previa solicitud de la misma por los interesados en las correspondientes legaciones diplomáticas o consulados españoles. Al amparo de estos precedentes legales, varios diplomáticos españoles acreditados en los paises balcánicos emitieron la documentación pertinente que permitió a miles de sefardíes salvar su vida en los tiempos del holocausto.

3. Régimen legal de la concesion de la nacionalidad española a los sefardíes anterior a la vigencia de la Ley 12/2015, de 24 de Junio, de concesión de la nacionalidad a los sefardíes de origen español.

Conforme a los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil, la nacionalidad española puede adquirirse por opción, por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales y por residencia.

La Ley 51/1982, de 13 de Julio, de modificación de los artículos 17 a 26 del Código Civil, introdujo importantes modificaciones en la regulación de la nacionalidad y modificó también el artículo 22.1 para incluir a los sefardíes entre las personas que requieren un período abreviado de dos años de residencia para adquirir la nacionalidad española, asimilándolos parcialmente a los nacionales de origen iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, porque los sefardíes – a diferencia de los otros – venían obligados a renunciar a su propia nacionalidad.

El mayor problema para la adquisición de la nacionalidad española por los sefardíes siempre ha radicado en la prueba de su condición de sefardí.

La Instrucción de 15 de Mayo de 1983 de la Dirección de los Registros y del Notariado en su apartado II.B. “in fine” estableció que la condición de sefardí “habrá de demostrarse por los apellidos que ostente el interesado, por el idioma familiar o por otros indicios que demuestren la tradición de pertenencia a tal comunidad cultural” y considera que ”el mero certificado de la comunidad israelita reconodida en España, acreditativo de la pertencia de una persona a la religión judía sefardita no es más que un principio de prueba que deberá ser apreciado en conjunción con otros medios probatorios”.

Sin embargo, dicha Instrucción admite como medio de prueba suficiente “la justificación por el peticionario de su inclusión o descendencia directa de una persona incluída en las listas de familias sefardíes proptegidas por España a que con relación a Egipto y Grecia hace referencia el Decreto de 1948 o a las listas análogas de otros paises o si el solicitante acredita su descendencia directa de una persona que haya gozado de la protección española bajo el régimen de capitulaciones”.

Tiene especial relevancia la Comunicación de 31 de Enero de 1984 del Ministerio de Justicia a los Encargados de los Registros Civiles en la que se les advierte que presten especial atención, entre otros medios de prueba, al acta de los matrimonios religiosos de los judios sefardíes llamada ”ketubah”, que recoge las mismas estipulaciones y costumbres que las que se otorgaban con ocasión de los matrimonios celebrados en las antiguas comunidades castellanas del siglo XV.

La prueba de la condición de sefardí es el gran obstáculo con que éstos se han venido encontrando para adquirir la nacionalidad española porque son muy pocos los que pueden demostrar que son descendientes de los llamados protegidos por la expresada razón de que también fueron pocos los que formaban parte de las mencionadas listas y por ello se ha tenido que recurrir a otros medios de prueba que, valorados conjuntamente, permiten acreditar que reunen dicha condición, cuestión que hasta la entrada en vigor de la Ley 12/2015 ha quedado a la discreción de la competente autoridad administrativa.

Desde la mencionada modificación de 1982 del Código Civil se ha producido una corriente cada vez más favorable a la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, especialmente desde que en el año 1990 se concedió el Premio Principe de Asturias de la Concordia a la comunidad sefardí y en especial desde que los Reyes de España visitaron la sinagoga de Madrid, el 31 de Marzo de 1992, con ocasión del quinto centenario de la publicación del Edicto de expulsión los Reyes Católicos. El Rey Don Juan Carlos afirmó en aquélla visita que “Sefarad no es ya una nostalgia sin hogar en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa porque los hispano judios están en su propia casa”.

A partir del año 2004 se han presentado ante la Dirección General de los Registros y del Notariado miles de solicitudes, debidamente fundamentadas, de concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza, particularmente de sefardíes turcos, venezolanos y marroquies, acompañadas de los documentos acreditativos del nacimiento del interesado, del libro de familia, de la “ketubah” en los casos de matrimonios religiosos o de la de de los padres del solicitante si éste/a fuere soltero/a, certificados de los rabinos competentes del pais de residencia de los interesados y del Rabino Principal de Madrid, documentos de suscripción de los interesados a las editoriales de publicaciones periodicas sefardíes en ladino y del conocimiento del castellano judeo español así como del conocimiento del castellano actual de aquéllos que lo poseen, del documento de identidad, del pasaporte, certificado de penales del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Defensa del país de residencia acreditativo de que el solicitante ha realizado su servicio militar así como de todos aquéllos otros datos que en cada caso justifican hasta donde es posible la condición sefardí de origen español del solicitante y su vinculacion con España. Todos los documentos aportados han sido traducidos al castellano por interprete jurado y debidamente apostillados.

Hasta el año 2012 se habían aprobado por el Consejo de Ministros 746 de estas solicitudes al amparo del art. 21.1 del Código Civil mediante los correspondientes Reales Decretos publicados en el BOE, todos ellos fundamentados “ En que en todos ellos (los solicitantes concurren como circunstancias excepcionales el mantenimiento de profundos e intensos lazos emocionales históricos y afectivos con el Reino de España, conservando la tradición de su procedencia española con el consiguiente reflejo cultural de sus costumbres y el mantenimiento del idioma español”.

Sorprendentemente a partir del año 2010 se ralentizó sensiblemente la tramitación de las solicitudes pendientes hasta paralizarse y el 22 de Noviembre de 2012, los Ministros de Justicia y Asuntos Exteriores, en un acto celebrado en la Casa Sefarad con asistencia del Presidente de la Federación de las Comunidades judías en España, anunciaron la próxima tramitación de una nueva regulación legal, que permitiría agilizar el otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes de origen español, contando con la colaboración del Presidente de la Federación de las Comunidades judías en España. El referido anuncio levantó grandes esperanzas entre los cerca de tres millones de personas que se estima componen la comunidad sefardí en el mundo. Un hito que los judios reconocían el 12 de Diciembre de 2015 con la concesión del premio de la “Or Januká” al exministro de Justicia, Don Alberto Ruíz Gallardón verdadero promotor de esta Ley.

Finalmente el BOE de las Cortes Generales de 18 de Junio de 2014 publicó el texto del proyecto de Ley que fue remitido por el gobierno en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España y trás la correspondiente tramitación parlamentaria, la Ley fue aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados el 11 de Junio de 2015 y publicada en el BOE el 25 de Junio del mismo año.

Conocido el texto de la Ley, la comunidad sefardí sufrió una gran decepción debida al carácter restrictivo de la misma, la dificultad de aportación de los medios probatorios que requiere y el costo que supondrá la tramitación de la nuevas solicitudes, conforme al procedimiento establecido por la ley, lo que incrementa las dificultades que los interesados tienen para probar su condición de sefardíes originarios de España y su vinculación con ella.

4. Regimen legal a partir de la entrada en vigor de la Ley 12 /2015 de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

El preámbulo de la Ley 12/2015, de 24 de Junio, publicada en el BOE de 25 de Junio, que entró en vigor el 1 de Octubre de 2015, contiene, entre otras, la siguiente declaración :“La España de hoy, con la presente Ley, quiere dar un paso firme para lograr el reencuentro de la definitiva reconciliación con las comunidades sefardíes”.

La gran novedad que aporta la Ley 12/2015 consiste en que aquéllos sefardíes de origen español que acrediten dicha condición y su vinculación con España, mediante los medios de prueba señalados en el art. 1 de la misma a los que me remito, valorados en conjunto por notario, tienen derecho a la concesión de la nacionalidad en el plazo de doce meses desde que la Dirección General de Registros y del Notariado, conforme al art. 2.4 de la Ley, solicite los preceptivos informes del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Presidencia, después de recibir del notario el acta de notoriedad, que recogerá los documentos originales de las pruebas aportadas por los interesados y la opinión de aquél respecto de la suficiencia o no de las mismas para acreditar el origen español y la vinculación con España del solicitante.

Es decir, la Ley establece unos requisitos probatorios tasados a los efectos previstos en el art. 21.1 del Código Civil, para acreditar  las circunstancias excepcionales que se exigen a los sefardíes que no residen en España para adquirir la nacionalidad por carta de naturaleza. Asimismo establece un procedimiento reglado para la tramitación de las solicitudes.

La disposición transitoria única de la Ley 12/2015, al objeto de evitar la concurrencia de procedimientos, permite a los interesados mantener las numerosas solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma que se hallen pendientes de tramitación, conforme a lo dispuesto en el art. 21.1. del Código Civil o, alternativamente, acogerse al nuevo procedimiento previsto en el art. 2 de la Ley, a cuyo fin los interesados podrán solicitar el desglose de documentos y acompañar los que estimen oportuno a la nueva solicitud que deberá ajustarse a los nuevos requisitos probatorios y al nuevo procedimiento.

El sistema de opción ofrecido parecía ser una tácita invitación a los sefardíes que han presentado sus solicitudes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley para convertir las mismas en nuevas solicitudes, que deberían tramitarse conforme a la nueva Ley porque, dado el carácter discrecional de la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza del art. 21.2 del Código Civil, aquellos expedientes pueden paralizarse indefinidamente, como ha venido ocurriendo desde el año 2010, mientras que las nuevas solicitudes deberán resolverse en el plazo de doce meses mediante resolución expresa de la Direccion´General de Registros y del Notariado, susceptible de ser recurrida en via administrativa y jurisdiccional.

Sin embargo, probablemente al objeto paliar la aludida decepción reiteradamente manifestada por la comunidad sefardí, el Real Decreto 893/2015, de 2 de Octubre, concedió la nacionalidad española a los 4.302 solicitantes de la misma cuyos expedientes se hallaban en tramitación con anterioridad a la puiblicación de la Ley y, sorprendentemente, dicho Real Decreto incorporó un Anexo de 78 páginas que contiene cada uno de nombres de los solicitantes que se han visto beneficiados con la concesión de la nacionalidad española cuando lo habitual es que se se dicte un Real Decreto por cada solicitud aprobada. Así, de hecho, se ha derogado la expresada disposición transitoria única y suprimido dicha posibilidad de optar.

El párrafo noveno del mencionado Real Decreto de 2 de Octubre de 2015, justifica tan excepcional modo de proceder en los siguientes términos: “ Con el fin de evitar el inicio de un nuevo procedimiento a quienes llervan esperando una respuesta a su pretensión de ser españoles en reconocimiento a la historia de su familia, por el presente Real Decreto, siguiendo el espíritu expresamente aludido en la Ley 12/2015 de lograr el reencuentro de la definitiva reconciliación con las comunidades sefardíes y reabriles las puertas de su antiguo país, se viene a conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a todas aquéllas personas que constan en el anexo del presente Real Decreto por haber acreditado con anterioridad al 1 de Octubre de 2015, ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, su origen sefardí”.

El art. 1.2 de la Ley contiene una enumeración exhaustiva de los medios de prueba que debe aportar el solicitante para acreditar su condición sefardí de origen español. Entendemos que no será necesario aportar todos los documentos enumerados en dicho art. 1.2 sino solamente aquéllos que, valorados conjuntamente por el notario, acrediten dicha condición. Especial referencia debe hacerse al certificado del Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, que facilitará la acreditación de la condición de sefardí, siempre que el solicitante pruebe que previamente ha sido debidamente reconocida por el Presidente de la Comunidad judia y autoridad rabínica de su pais de origen.

Más dificil será para la mayoria de los interesados disponer de algunos de los medios de prueba que enumera el art. 1.3 de la Ley para acreditar su vinculación con España, como los certificados de parentesco con las pocas familias de los antiguos protegidos que figuraban en las correspondientes listas, adjuntas al Decreto de 1948 y con aquéllos que adquirieron la nacionalidad española al amparo del Decreto de Primo de Rivera, ya que la mayoría de los sefardíes carece de dichos certificados.

Similar dificultad tendrá el cumplimiento del requisito ineludible de aportar dos certificados del Instituto Cervantes para acreditar el conocimiento básico, nivel A2 o superior de la lengua española y de la Constitución y la cultura españolas, previa realización de los correspondientes exámenes, lo que obligará a unos a desplazarse desde su residencia habitual a aquéllas ciudades donde tenga sede el Instituto Cervantes e inducirá a otros a desistir de su propósito.

El art. 2 de la Ley 12/2015 establece que las solicitudes deberán presentarse por el procedimiento electrónico, que ha sido regulado por la Instrucción de 29 de Septiembre de 2015, publicada en el BOE de 30 de Septiembre, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dictada en desarrollo de la Ley.

Llama la atención que se exige la comparecencia ante notario español del solicitante y de los miembros de su familia que estén interesados en la adquisición de la nacionalidad española para otorgar las actas de requerimiento que contengan la documentación original probatoria, lo cual creará no pocas inconveniencias a buena parte de los interesados que tendrán que hacer su presupuesto de gastos y de sus familias para ver si podrán atender al pago de sus desplazamientos a España, de los honorarios del notario, de la tasa de 100 Euros que se establece, del costo de la obtención de la copiosa documentación que deberán aportar, en especial de los certificados de los cursos y exámenes del Instituto Cervantes que acrediten su conocimiento de la lengua española, de los honorarios de abogados que les presten servicios de asesoramiento y, en general, de la obtención, traducción y legalización o apostillado de los documentos que deban aportarse. Buena parte de dichos gastos se hubieran evitado si se hubiera facultado a los Cónsules Generales de España acreditados en los diversos paises para autorizar las actas de notoriedad y el juicio de suficiencia que la Ley atribuye a los notarios.

La resolución de concesión de la nacionalidad española es título suficiente para su inscripción en el Registro Civil, previo cumplimiento del requisito de juramento de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, toda vez que la disposición final primera de la Ley ha modificado con acierto el articulo 23 b) del Código Civil que, en su nueva redacción, exime a los sefardíes del requisito de renunciar a su nacionalidad anterior, equiparándolos – ahora sí – a los nacionales de iberoamerica, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal.

La eficacia de la resolución que conceda la nacionalidad, queda supeditada a que por el interesado se jure o prometa fidelidad al Rey, a la Constitución y a las leyes, a que en el plazo de caducidad de un año el interesado solicite su inscipción en el Registro Civil al que correspondería su inscripción de nacimiento (normalmente el del Consulado español de su residencia) y a que aporte un nuevo certificado de antecedentes penales, legalizado o apostillado o, en su caso, traducido por interprete jurado sin que especifique si éste ha de ser español, reconocido por el Ministerio de Asuntos Exteriores español o por el Ministerio de Asuntos Exteriores del pais del solicitante. La referida Instrucción de 29 de Septiembre de 2015 dulcifica este rigor, permitiendo la traducción por cualquier traductor del país del solicitante.

La disposición adicional primera de la Ley establece un plazo de tres años a partir de su entrada en vigor para la presentación de las solicitudes, si bien este plazo podrá prorrogarse por un año más por acuerdo del Consejo de Ministros.

Trancurrido el plazo de un año sin que hubiera recaido resolución expresa, las solicitudes habrán de entenderse desestimadas por silencio administrativo y podrán ser recurridas en via adminsitrativa y jurisdiccional.

No obstante, la disposición adicional tercera permite solicitar la nacionalidad española en cualquier momento a los sefardíes que cumplan con los requisitos de la Ley y acrediten circunstancias excepcionales o razones humanitarias, debiendo ajustarse sus solicitudes al mismo procedimiento de la Ley pero en estos casos corresponderá el otorgamiento de la nacionalidad al Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Justicia.

La mencionada Instrucción de 29 de Septiembre de 2015 regula con especial atención, entre otros extremos, las condiciones que deben reunir los solicitantes menores de 18 años, la autorización previa requerida para los menores de 14 años y de los incapaces, el contenido del acta de notoriedad que debe autorizar el notario y las normas para la atribución de apellidos a los extranjeros.

Finalmente, la disposición final cuarta de la Ley habilita al Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la ley y la Instrucción de 10 de Noviembre de 2015 dicta las normas aplicables para la gestión de la tasa de 100 Euros.

En conclusión. El espiritu de la Ley es enteramente loable, pues hora es ya de terminar con la vieja reivindicación sefardí y de que España, en cumplimiento de su deuda histórica, otorgue la nacionalidad española a aquéllos que son de origen español y mantienen su vinculación con España pero me temo que la Ley no tenga el alcance que tanta expectación ha suscitado entre las comunidades sefardíes, porque las dispocisiones que la desarrollan no han flexibilizado suficientemente el excesivo rigor de los requisitos exigidos para probar la condición de serfardí y su vinculación con España. El editorial del diario El Mundo de 13 de Junio de 2015 compartía este criterio al decir:

Si bien esta Ley tiene un alto componente de reparación moral, lo cierto es que el gobierno podría haber facilitado que el mayor número de personas pudieran acogerse a ella, relajando los requisitos tanto para probar las raices sefardíes de las familias como para demostrar los vínculos actuales con España. Además es cuestionable que haya que abonar 100 Euros para poder iniciar los trámites y que sea obligatorio viajar a España para autentificar ante notario los documentos, lo que encarece y dificulta todo el proceso y podría impedir que muchos demandantes, por razones económicas o de edad, se quedasen sin ver cumplido un sueño tantas veces esperado”.

No obstante, el día 12 de Enero de 2016 ya se habían presentado por via electrónica más de 800 solicitudes de concesión de la nacionalidad española y se habían otorgado las dos primeras de conformidad con la nueva Ley.

Madrid, 25 de Enero de 2016

Fdo. Javier Pérez-Bustamante de Monasterio

 

2 pensamientos en “Concesión de la nacionalidad española a los judíos sefardíes originarios de España

  1. Documento muy interesante ; te felicito por la exposición en las dificultades de los sefardíes en su diáspora por discriminación de religión

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