Pedro López Arriba, 22 de octubre de 2007

El humanismo del Siglo de las Luces lanzó su apuesta por la libertad, la ilustración y el progreso, como bases de la convivencia social del porvenir. En el Conde de Aranda (1718-1798), Olavide (1725-1803) o Jovellanos (1744-1811), en sus proyectos y en sus obras, encontramos la visión optimista del hombre del siglo XVIII, que propone que todo es posible y que todos los esfuerzos de los hombres, exitosos o infructuosos, contribuyen a la emancipación de la humanidad. Los liberales siempre hemos estado orgullosos de esa filiación ilustrada, con la que tenemos en común la pasión de esa época en la que las más elevadas ambiciones humanistas tomaron forma.

Las Cortes Extraordinarias de Cádiz de 1810-1812, convocadas en esa dramática situación nacional que fue la invasión napoleónica (1808-1814), plantearon casi todos los asuntos que constituyen el núcleo central de la democracia moderna. La Constitución de 1812, denominada popularmente “La Pepa”, por haber sido aprobada el día de San José (19 de marzo de 1812), fue la obra principal de las Cortes. Inspirada por Jovellanos, fue redactada por Agustín Argüelles (1755-1844).

 

 

En su texto se establecieron la libertad y la igualdad ciudadanas, sobre la base de la soberanía nacional, la abolición del régimen feudal de señoríos y vinculaciones de la propiedad, se instauró la división de los poderes del Estado, la modificación radical del caduco sistema judicial y administrativo español del antiguo régimen, la igualdad de derechos entre los españoles de la metrópoli y de las colonias, la libertad de imprenta, la supresión de la Inquisición y del tormento, y la implantación de las elecciones para la formación de los poderes municipales y generales de la nación.

El texto constitucional de 1812 era muy difícil que fuese asumido por un rey, y menos por uno como Fernando VII, que aspiraba a restablecer los poderes absolutos que habían disfrutado sus antecesores. Con el regreso, en 1814, del absolutismo a España, el incipiente liberalismo hubo de pasar a la clandestinidad y al exilio, sufriendo múltiples persecuciones y represiones.

Hubo varias conjuras liberales, como las de Mina (1814), Porlier (1815), Richard (1816), Lacy (1817) y Vidal (1819), todas reprimidas con ferocidad y que depararon la ejecución de sus promotores. El 1 de enero de 1820, en Cabezas de San Juan (Sevilla) y en Cádiz, respectivamente, los coroneles Riego y Quiroga se sublevaron para restablecer la Constitución de 1812. Uno de los voluntarios que se les unió fue el joven Mendizábal (1790-1853). Al principio la rebelión no tuvo éxito, languideció, y pareció que todo quedaría en un nuevo motín vencido. Pero las sublevaciones, en marzo de 1820, de La Coruña. Zaragoza, Barcelona y Pamplona, decantaron la situación a favor de los alzados y Fernando VII se avino a jurar la Constitución.  

Resurgieron entonces las Sociedades Patrióticas y la actividad política. Pero, poco a poco, se hizo manifiesta la imposibilidad de una leal colaboración del rey con el régimen constitucional. El gobierno fue dirigido por contemporizadores como Martínez de la Rosa (1787-1862), y radicales, como Evaristo San Miguel (1785-1862), sin encontrar nunca la necesaria estabilidad, principalmente a causa de las actividades del monarca, que conspiraba contra el régimen constitucional. Los constitucionalistas se fueron escindiendo entre los liberales moderados, partidarios de la reforma de la Constitución de Cádiz, y los liberales progresistas, firmes partidarios del texto de 1812. Esta escisión resultó fatal para el mantenimiento del régimen constitucional, que sería derrocado en 1823, gracias a la intervención extranjera acordada por las potencias de la Santa Alianza (Francia, Prusia, Austria y Rusia) con la connivencia de Inglaterra, ya que el absolutismo no tenía suficientes partidarios como para triunfar contra el Régimen Constitucional. El ejército francés del Duque de Angulema, conocido como Los Cien Mil Hijos de San Luís, invadió España en 1823 para derrocar al gobierno constitucional y reponer a Fernando VII como rey absoluto. Esta, a diferencia de lo ocurrido en 1808, las tropas francesas tuvieron el apoyo de los llamados Voluntarios Realistas, una especie de milicia precarlista.

Restaurado el poder absoluto de Fernando VII, se desató una brutal persecución sobre los liberales. Una de las víctimas más destacadas de la cruel represión fue Juan Martín (1775-1825), el Empecinado, héroe de la Guerra de la Independencia. Riego había sido ajusticiado el mismo año 1823. La represión contra los liberales siguió hasta los últimos años del reinado. Durante el periodo que siguió, la reacción llegó tan lejos que asustó al mismo rey que, a medida que pasaban los años hubo de enfrentarse contra sus antiguos partidarios, los Voluntarios Realistas. Estos pretendían hacer rey a D. Carlos, el hermano de Fernando VII, por considerar al rey demasiado “tibio”. La Guerra de los Agraviados (1826-1827) expresó el descontento de los reaccionarios con el rey, pues éste se negaba a restablecer plenamente la Inquisición, mantenía el Código Penal de 1823, promovía el primer Código de Comercio (1829), reabría las universidades y daba empleos a liberales moderados y a afrancesados.

 

Al final del periodo se plantearon de nuevo conspiraciones para restaurar la Constitución. Las más famosas fueron las dos habidas en 1831, una protagonizada por el general Mina, que logró escapar a Francia, y la otra por el general Torrijos, que fue capturado en Málaga y fusilado con varios de sus compañeros. Al final de su reinado, Fernando VII, al verse amenazado por las facciones más reaccionarias del absolutismo, intensificó la política de apaciguamiento hacia los liberales moderados, nombrando ministros templados, como Cea Bermúdez (1779-1850), para lograr que le sucediese en el trono su hija Isabel, nacida en 1830, en lugar del reaccionario D. Carlos, hermano del rey.

La muerte de Fernando VII, en septiembre de 1833, significó el final del régimen absolutista y el inicio de la primera guerra carlista (1833-1840). Con el gobierno de Cea Bermúdez (1833-1834), muchos exiliados liberales pudieron regresar a España, tras la amnistía de la reina regente, María Cristina. Fue éste un período de guerra civil, pero también de paulatina recuperación, desarrollo y consolidación para liberales y demócratas, con gobiernos dirigidos inicialmente por liberales contemporizadores. A Cea Bermúdez le sucedió Martínez de la Rosa (1834-1835), que elaboró el llamado Estatuto Real de 1834, que se hizo siguiendo el modelo de la Carta Constitucional francesa, otorgada por Luís XVIII en 1815.

El hombre trascendental de este periodo fue Mendizábal, líder de los progresistas, pero que intentó la conciliación de todo el liberalismo, aunque no lo consiguió. Realizó una importante obra de gobierno en lo político y en lo económico, que se proyectaría durante todo el siglo XIX. En 1835, el Conde de Toreno sustituyó a Martínez de la Rosa, que era incapaz de hacer frente tanto a la reacción carlista, como de encauzar  la revolución liberal. La guerra carlista iba mal y la revolución liberal amenazaba con desbordarse. Toreno tomó el gobierno con el propósito de enderezar el curso de la guerra y aquietar las exigencias liberales mediante nuevas reformas. Para ello nombró Ministro de Hacienda a Mendizábal, quien le sustituyó en septiembre al frente del gobierno. Fue la época de las grandes reformas liberales, cristalizadas en la creación de las Diputaciones Provinciales, en la Desamortización (1836) y en la Constitución de 1837. Con Mendizábal aparecieron nuevos líderes progresistas, como Olózaga (1803-1873), un político intelectual y de principios, o como Espartero (1793-1879), un comandante competente, capaz de vencer a los carlistas.

Las alternativas de moderados y progresistas depararon un progresivo enfrentamiento que se resolvió en 1840 con la renuncia de la Regente María Cristina, que fue sucedida por Espartero como Regente, abriendo el llamado Trienio Esparterista (1840-1843). Espartero se erigió así en líder de los liberales progresistas, hasta 1856. Pero las rudas maneras militares del general, le indispusieron con una parte importante del progresismo que, liderado por Olózaga, se concertó con el moderantismo para derrocar a Espartero, en julio de 1843. El comportamiento de los moderados fue profundamente desleal, traicionando el pacto con los progresistas al impedir el previsto gobierno de Olózaga y al provocar el golpe moderado del general Narváez (1844).

En los primeros años de la llamada "Década Moderada", bajo los gobiernos presididos por Luis González Bravo y por el general Ramón Mª Narváez, el progresismo atravesó un proceso de desintegración, favorecido por la represión, que condujo a su división en cuatro tendencias: los "ministeriales", liderados por Espartero desde su exilio, los "progresistas puros", de Joaquín Mª López (1789-1855), los "olozaguistas", de Salustiano Olazaga, y, los "progresistas legales", de Manuel Cortina (1802-1879). Poco a poco se restañaron las heridas y, en 1848, tras el regreso del exilio de Olózaga y de Espartero, el progresismo volvió unificarse. Es la época de incorporación de jóvenes progresistas, como Sagasta (1825-1903), Castelar (1832-1899) o Ruiz Zorrilla (1833-1895), que derivaron con el tiempo hacia la democracia y el republicanismo, protagonizando la política española hasta el inicio del siglo XX.

El gobierno moderado de Narváez persiguió sañudamente a los progresistas, como acredita el fusilamiento del esparterista general Zurbano (1788-1845), y otros, y las proscripciones de Espartero y de Olózaga, obligados a exiliarse. Pero respetó la mayor parte del legado progresista del decenio precedente y siguió desarrollando la mayoría de los proyectos iniciados entonces, como la reforma fiscal, la creación de la Guardia Civil u otros. Pero no respetó la Constitución de 1837, cambiada por la Constitución de 1845, que consagraba una dictadura camuflada bajo formas parlamentarias falseadas. El falseamiento del parlamentarismo y la progresiva corrupción de la camarilla palaciega, llevaron al país a una situación insostenible. Al final, en 1854 estallaría una nueva revolución, que llevó al poder a Espartero, nuevamente.  

"La Vicalvarada" (1854), encabezada por el general moderado O´Donnell y por el esparterista Dulce (1808-1869), derribó al gobierno conservador, terminando con la década moderada. La sublevación fue también civil, participado en ella Castelar, Sagasta o Pi y Margall. El autor del Manifiesto Revolucionario de 1854 fue Cánovas (1828-1897). La Vicalvarada estuvo auspiciada también por el sector liberal del moderantismo conservador, dirigido por Ríos Rosas, contando con el apoyo financiero y político de un importante grupo de banqueros, interesados en un cambio controlado y realizado desde el sistema, y con la simpatía de las embajadas de Inglaterra y de los EE.UU favorables, a que España volviera a la política librecambista del esparterismo.

Espartero inició su última etapa de gobierno apoyándose en los progresistas y en la Unión Liberal de O’Donnel, que agrupaba a liberales moderados y progresistas de orientación centrista. La línea seguida por el gobierno de Espartero fue democratizadora, como demuestra la Constitución de 1856, aprobada por las Cortes y que no llegó a entrar en vigor, por causa del golpe dado por el general O’Donnell, de acuerdo con los moderados y la reina, que determinó la caída del gobierno de Espartero. También se abordó en este bienio la terminación de la Desamortización, bajo la dirección de Madoz (1806-1870), la elaboración de la legislación de minas y de ferrocarriles, y la primera legislación especial de sociedades.

El abrupto y repentino final del bienio progresista, determinó una nueva frustración para los liberales, que vieron arruinado su intento de crear un sistema que permitiera el turno pacífico de los partidos en el gobierno, sin recurrir a la vía revolucionaria. La Unión Liberal de O’Donnell fue la opción triunfadora, pero su triunfo sería efímero a la larga. Era este partido una agrupación de personajes procedentes del moderantismo pero que pretendió estar abierta a los progresistas no exaltados. Sus líderes, como los militares O’Donnell, Serrano y Prim, o los civiles Ríos Rosas y Cánovas, procedían del moderantismo más liberal y pretendieron hacer una política de recuperación nacional. Pero siempre chocaron con la camarilla cortesana y el sector conservador más proclive al carlismo, y nunca lograron entenderse con los progresistas, dirigidos por Olózaga. En realidad, los conservadores de Narváez y de la Corte, no eran liberales  moderados, sino que eran absolutistas vergonzantes. La Unión Liberal representaba al liberalismo moderado, con la inclusión de algún elemento procedente del progresismo, frente a los reaccionarios casi carlistas del Partido Moderado, con quienes intentaron establecer un turno pacífico de gobierno que excluyese a los progresistas.  

 

 

Los gobiernos de O’Donnell aprovecharon el impulso económico lanzado en el bienio precedente, especialmente con las inversiones en ferrocarriles y minería, y así consiguieron mantenerse frente a las presiones de la Corte y de los conservadores, hasta 1863. La expansión favoreció la recuperación del protagonismo internacional de España con intervenciones militares en África, América y Extremo Oriente. En lo externo, se estrechó la amistad con la Francia de Napoleón III, en detrimento de las relaciones con Inglaterra, pese al creciente peso de las inversiones británicas. El punto de inflexión del sistema inaugurado por O’Donnell se produjo con ocasión de la unificación de Italia, ya que ésta se había formado despojando al Papado de la mayor parte de sus dominios territoriales italianos. El problema del reconocimiento del nuevo Estado enfrentó a la Corte y a los reaccionarios, con la Unión Liberal, determinando la caída de O’Donnell y la disolución del partido unionista. El renacimiento del fervor religioso en los años siguientes a 1856, hizo concebir a los conservadores la ilusión de que el liberalismo y la revolución podrían ser mantenidos a raya por la presión creciente de los neocatólicos, como el conservador -y luego carlista- Nocedal.

Ante la caída de la Unión Liberal y el retorno de Narváez al poder, los progresistas optaron por el retraimiento institucional, apostando de nuevo por la revolución. Además, algunos unionistas, como Prim, se pasaron al bando progresista. La imposición de la cuasi-dictadura de Narváez, en los años 1866 a 1868, terminó por decidir a los unionistas a aliarse con los progresistas y los demócratas (partido de Salmerón, Pi y Margall y Castelar), para concertarse en la acción revolucionaria. La muerte de Narváez, el 13 de abril de 1868, descompuso la dictadura conservadora y facilitó la acción revolucionaria, que se impuso el 19 de septiembre de ese mismo año.        

Al grito de ¡Viva España, con Honra!, en septiembre de 1868, la cúpula militar, liderando el movimiento civil de unionistas (liberal-conservadores) progresistas y demócratas, expulsó a la reina y a la dinastía. Y el país recibió el cambio con auténtico alivio. Bajo los conservadores -que en realidad eran absolutistas-, el parlamentarismo había degenerado en farsa que encubría el absolutismo efectivo de la dictadura de Narváez y sus colaboradores. Además, la dictadura tampoco trajo la estabilidad, por causa de las continuas intromisiones de las camarillas palaciegas, cada vez más poderosas, que pasaban por encima de las instituciones constitucionales. La corrupción se generalizó y la ficción electoral hacía imposible que los cambios políticos se produjesen por vía diferente a la del Golpe de Estado.

La coalición revolucionaria de 1868 fue el último gran intento del liberalismo español del siglo XIX, para dar a la nación una estructura política estable. Coincidieron, desde los liberales moderados de la Unión Liberal, hasta los liberales radicales, cada vez más orientados al republicanismo, del Partido Demócrata. En el punto medio, se situaban los Liberales Progresistas, pero estos tenían un liderazgo débil, a causa de las rivalidades entre Olózaga y Prim, a causa del poder que aún conservaba Espartero, y a causa del impulso de los jóvenes progresistas, que lideraba Sagasta.

 

El desarrollo de la revolución de 1868 fue la historia de la paulatina descomposición de la coalición revolucionaria, hasta su definitiva ruptura en diciembre de 1874, ante la posibilidad más que real de que el intento de República moderada, encabezado por Serrano desde enero del mismo año 1874, se consolidase con la victoria total sobre los carlistas. Primero se rompió el ala más moderada, que apoyaba la candidatura al trono de Montpensier. Luego se rompió el partido demócrata, ante la solución monárquica (sin rey) por la que se decantó la mayoría liderada por Prim, al aprobar la Constitución de 1869. Por último, se rompió el progresismo, dividido por las diversas candidaturas al trono. Finalmente, el asesinato de Prim, en diciembre de 1870, abrió una crisis que no se resolvió hasta que, tras la abdicación de Amadeo de Saboya, la tumultuosa experiencia republicana de 1873 y el desencadenamiento de la última guerra carlista, Serrano tomase la presidencia de la República en enero de 1874.

Pero la recomposición auspiciada por Serrano no logró atraer al sector moderado de  los liberales. Y estos, liderados por Cánovas, con el apoyo de la mayoría de los militares, impusieron la Restauración de la dinastía para impedir que la victoria de Serrano sobre el carlismo determinase la estabilización de la República. El último presidente del gobierno de la República fue Sagasta, que cedió ante el golpe de estado de Sagunto, el 29 de diciembre de 1874, protagonizado por Martínez Campos. Al parecer, a última hora, el ejército no quiso dejar que prosperase la trama civil que dirigía Cánovas, prefiriendo decantar directamente las situación en favor de Alfonso XII, para subrayar la primacía militar en la Restauración y para evitar los riesgos de que una hipotética victoria de Serrano den la guerra carlista, estabilizase la República.