LA POLÍTICA FISCAL

            Lo dicho por Leire Pajín  en los últimos tiempos es terrorífico. La idea de que los impuestos son instrumentales es algo con lo que muchas veces se ha jugado como sí no estuviera detrás un quebrantamiento de la libertad de los ciudadanos. Los impuestos como su mismo nombre indica son impuestos. Es decir, se viola la libertad del ciudadano para quitarle dinero. Esto de que eso, es decir, quitarle a la gente lo que es suyo sea instrumental y no sea doctrinal de momento es inquietante. Además ¿ No nos decían que bajar los impuestos era de izquierdas? O sea sí era doctrinal. Ahora resulta que subirlos es de izquierdas. Los socialistas tienen una doctrina como mínimo algo flexible. Pero además observemos con que criterio y en que contexto lo dan. Cuando la economía va bien, ahí es cuando bajan los impuestos. O sea cuando somos más ricos es de izquierdas bajarlos y ahora cuando la economía va mal, dicen que lo que es de izquierdas es subirlos, cuando lo que está pasando con la presión fiscal, al revés de lo que dice Pajín es que está subiendo muchísimo, porque el cálculo de la presión fiscal dividiendo el conjunto de los ingresos por el PIB da una visión bastante equívoca de la situación. Mucho más correcto sería coger el gasto público, que es el conjunto verdadero de la presión fiscal, porque todo el gasto público lo pagamos y dividirlo por el número de personas que pagan impuestos. A ver si Leire Pajín hace ese cálculo. ¿ Cómo le resulta la presión fiscal cuándo lo que está pasando es que el número de gente que paga impuestos disminuye porque aumentan los parados de una manera espectacular?.

El materialismo histórico nos enseñó en la facultad que los fenómenos que habían tenido lugar en la Historia respondían a una serie evolutiva de sistemas de producción que desembocaban inexorablemente en el modo socialista de generar prosperidad. Junto a ello, tuvimos que escarbar en la bibliografía para conocer que el ejemplo que teníamos de Sociedades Socialistas no era el que había pensado Marx, sino el que la vanguardia de los partidos del proletariado había diseñado para eludir cualquier falta de control que echase al traste el triunfo de las diferentes revoluciones que tuvieron lugar en el siglo XX. ¡Qué perplejidad la nuestra al leer! Marx había previsto una dictadura del proletariado momentánea que preparase a  la colectividad para vivir sin estructuras opresivas, entre ellas el Estado. Por el contrario, los países comunistas o del socialismo real (científico), han diseñado estados indestructibles que utilizan herramientas de opresión para sofocar cualquier revuelta, la cual, si tuviese lugar sería calificada de fascista o contrarrevolucionaria.

    El marxismo no dejaba lugar a dudas en cuanto a los objetivos de los individuos. No existen, pues son los intereses de clase los que llevan al proletariado a tomar conciencia de que el modo de producción capitalista niega la justicia. Por ello, una de las peores contradicciones es que un miembro del proletariado no sea adepto a la revolución. Todo ello ha llevado a que incluso la opción socialista que apostaba por la democracia fuese todavía más negativa para los integrantes de la III Internacional. Stalin llamaba a los socialistas democráticos, socialfascistas. No tuvo piedad ni con aquellos de cuya lealtad al pensamiento socialista no cabía la menor sospecha de traición.

    Este ejemplo puede aplicarse a los diseños científicos que sobre la libre economía se han hecho. Es de agradecer que se haya matizado en varias ocasiones que Adam Smith era ante todo un tratadista de Moral y que dentro de este campo tenían lugar sus concepciones económicas. Encuentro que dentro del campo del liberalismo economicista hay dos ideas que tienden a ser científicas, al igual que el marxismo o materialismo histórico hizo con el modo de producción socialista.

    La primera de estas ideas es que los mejor preparados tienen en su mano la llave del éxito y la segunda trata de establecer la ecuación que diseñó Smith, a saber, que el hombre (en términos generales) en su búsqueda del propio interés consigue la felicidad y así las naciones consiguen la felicidad de sus miembros. A ello cabe hacer algunas precisiones que pretenden quitar carácter científico a la filosofía liberal.

    En primer lugar, respecto a la idea de que una buena preparación garantiza el éxito contradice la esencia de la libre economía. La crueldad salvaje de la vida no nos permite elaborar con plena certeza ninguna seguridad a este respecto. ¿Quién puede obligar al mejor preparado a que saque pleno rendimiento de su preparación?, ¿Querrá el mejor preparado obtener frutos, conseguir el objeto?, ¿Pueden, en definitiva, los deseos del hombre verse cumplidos siempre que ponga de su parte? La respuesta parece pasear por los caminos del No.

    Por otro lado, no podemos concluir que el ser humano, en plena libertad velará por su propio interés siempre. El planteamiento de Smith podría contener un sentido condicional: “si…, entonces…” y por lo tanto el carácter categórico le ha sido concedido con posterioridad por quienes a partir del juicio de Smith han querido construir un dogma. La voluntad humana es superior a los cálculos. Ni siquiera la decisión de velar por el propio interés garantiza que la felicidad, ni en términos económicos ni morales, llegue al individuo que se planteó obtenerla. La gran igualdad de oportunidades es que no pretendamos crear un cuerpo de élite que sea el depositario de una justicia darwiniana y calvinista para a sí justificar que la competitividad tiene unos actores fijos: los mejor preparados. La gran victoria de la libre economía abierta (no monopolística, ni oligárquica) es que la concurrencia en la actividad económica beneficie a quien tenga la “suerte” de dar con una oferta que obtenga demanda. En este sentido, el carácter científico, y sobre todo, moral, de la Economía, debe restringirse al amparo de la dignidad de las personas, los Derechos Humanos que les asisten y la legalidad que una Democracia se ha dotado a sí misma.

    Hay por lo tanto, una serie de rasgos “cientifizantes” en la perspectiva del liberalismo económico que no corresponden con la realidad.

    El liberalismo debe aceptar que los más preparados para el éxito quieran modestia, y que quienes tienen falta de recursos variados, puedan tener éxito si luchan por ello. La ciencia resuelve muchas incógnitas y tranquiliza el espíritu ante el caos que significa el mundo, sobre todo cuando se muestra inexplicable. Pero esto es un sueño, y como dijo el autor, los sueños, sueños son.

Buenas tardes, señoras y señores.
Lo primero que debo hacer es agradecerles su asistencia a este primer acto que organiza, en su nueva andadura, la Sección de Ciencias Socia-les de esta ilustre Casa. Dos actos más tiene previsto realizar en este mes de enero y en este mismo Salón de Actos, a cuya asistencia les convoco: el próximo martes 20 tendrá lugar una Mesa Redonda sobre «Perspectivas políticas del liberalismo en España en la próxima década y su papel en los partidos políticos y en asociaciones, foros y otras institu ciones de la sociedad civil»; y al día siguiente, miércoles 21, una confe-rencia con el título «Literatura, imagen y poesía» a cargo de la profesora Doña Rocío Oviedo Pérez de Tudela. Y ya que estamos en anuncios de convocatorias, quiero aprovechar la oportunidad para destacar el acto organizado por nuestra homóloga Sección de Ciencias Económicas para el martes 27 a cargo de su Vicepresidente Don Alberto Miguel Arruti, conmemorativo del II centenario del nacimiento de Darwin, que, como Vds. saben, se celebra el próximo día 12 de febrero de este año.
Quiero también agradecer las amables palabras del Vicepresidente de esta Institución, Don Francisco-Javier García Núñez, de presentación de esta humilde persona, que espera no defraudarles en exceso.

Acaban de cumplirse treinta años de la promulgación de la Constitución Española vigente. Muchos son, y pocos, al mismo tiempo. Muchos si se considera que en los dos siglos de constitucionalismo español, que se inicia en 1808 con la promulgación de la Carta Otorgada de Bayona, sólo una -la Constitución «canovista» de 1876, que presidió el largo período histórico que se extiende entre las dos Repúblicas que se conoce como «Restauración»- ha llegado a gozar de una vigencia superior a las tres décadas. Pero pocos si los comparamos con las largas vigencias de algunas cartas fundamentales extranjeras como la norteamericana. En cualquier caso, suficiente tiempo para poder ser examinada a la luz de sus resultados desde una cierta perspectiva histórica y sin que por ello se nos pueda acusar de vehementes.
La propia advocación de este acto («Balance de tres décadas. Propuse-tas de solución») viene a adelantar que son algunos -si no bastantes- los aspecto de la Constitución de 1978 que no han sido objeto de un positivo desarrollo, unas veces porque la propia norma constitucional contiene dosis de ambigüedad que lo permiten o incluso lo inducen, y otras por-que su desarrollo legislativo -orgánico u ordinario- se ha desviado de su espíritu, violando incluso a veces la literalidad de su contenido.
En el transcurso de esta exposición iré señalando los desarrollos, tanto positivos como negativos, que se me antojen destacables, a sabiendas de que serán muchos los aspectos que se me quedarán en el tintero, pero que podrán ser posteriormente tratados en el debate, al que procu-raré reservarle el mayor tiempo posible.
Quizá el aspecto de la Constitución Española de 1978 que más haya sido destacado sea el de su origen «consensuado». «Consensuar» es, según el DRAE, “adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes”. Es pues razonable, en principio, considerar positivo partir de dicho acuerdo común a la hora de confeccionar la norma que deba regir, de forma suprema, los derechos y deberes fundamentales de los miembros de una colectividad, la configuración del Estado y de todas sus instancias e instituciones y, en fin, el conjunto de reglas para el establecimiento y función de sus diferentes poderes y autoridades y para el reparto entre ellos de sus respectivas competencias.
Mas para acordar algo debe actuarse sin reservas mentales, lo que creo que no ocurrió en el caso de nuestra Constitución. Cuatro «partes», fundamentalmente, concurrieron a aquél acto:
•    Una minoritaria clase política franquista, consciente de que, tras la muerte del Dictador -a cuyo régimen había servido durante más o menos tiempo según la edad de sus integrantes-, no tenía más remedio que abrirse a la posibilidad de establecer un sistema de ciertas libertades, por las que en realidad no había demostrado el menor interés, ni de las cuales había sentido la menor necesidad, durante los cuarenta años anteriores.
•    Otra, no menos minoritaria, representante de lo que, en términos generales, se conocía por «izquierda», integrada en esencia por los partidos que durante la contienda de 1936 habían constituido el denominado «Frente Popular», perdedores de la misma y por ello en el exilio: los partidos socialista y comunista.
•    Otra, más insignificante si cabe, compuesta por una burguesía de democristianos, liberales y socialdemócratas, que en los últimos años del régimen se había significado por su moderada oposición democrática al mismo.
•    Y en fin, una última, constituida por unos exiguos partidos naciona-listas que, con mayor o menor tradición histórica, existían en algunos territorios, especialmente en Cataluña y en lo que hoy se conoce como País Vasco.
Junto a los componentes de esta magra clase política estaba la gran mayoría de los españoles, que habían soportado de mejor o peor grado el anterior régimen, que habían consentido que el dictador muriese en la cama y fuese enterrado con todos los honores, pero que apostaban decididamente por un cambio, con la sola condición de que éste fuera pacífico y no excesivamente traumático.
Tal oportunidad histórica podía haberse aprovechado para establecer una norma constitucional que, superando antiguas y mezquinas diferen-cias, fijara las bases de una convivencia razonable de todos los españo-les en «libertad», «justicia», «igualdad» y «pluralismo político», que son los valores que, frívola e insustancialmente, se consagran como superio-res de nuestro ordenamiento jurídico desde el parágrafo 1 del artículo 1º del Texto constitucional.
Pero ya digo que todos sus autores actuaron con reservas mentales y sin renunciar a ninguno de sus particulares intereses, como tampoco a sus cauterizantes traumas históricos.
•    El sector neofranquista, entendiendo que era el único medio de garantizar su continuidad, se aferró a patrocinar lo que se llamó «reforma política», condensada en la expresión del que fuera su mentor y principal defensor (el entonces Presidente del Gobierno, Don Torcuato Fernández Miranda) de «de la legalidad –la de las Leyes Fundamentales del Movimiento- a la legalidad», aunque na-die supiera muy bien en qué iba finalmente a consistir ésta última, pues debe recordarse que las primeras elecciones generales (las celebradas en el año 1977) fueron convocadas para la constitución de una legislatura «ordinaria», no «constituyente». Para garantizar-se el buen fin de su empeño, este sector decidió formar tandem con una monarquía que anclaba su presunta legitimidad precisa-mente en una de estas «Leyes Fundamentales»: la de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1947, modificada por la Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.
•    El sector izquierdista de aquél entonces, integrado fundamental-mente por el Partido Socialista Obrero Español, la parte más joven y teóricamente renovadora del socialismo histórico, era marxista al estilo tradicional, esto es, republicano, revanchista, partidario de las nacionalizaciones y de la cogestión y defensor del derecho de autodeterminación de todos los pueblos de España.
•    Los democristianos, liberales y socialdemócratas no éramos nadie. Aunque nos considerábamos representantes del único y genuino sentir democrático, nos separaban enormes diferencias, tanto conceptuales como formales, y no conseguimos la unidad en el seno de nuestras propias adscripciones ideológicas, ni logramos estar representados por personas del peso y de la valía necesarios en aquellos momentos. Para colmo, nuestras exiguas organizacio-nes fueron trufadas por colaboradores del anterior régimen descol-gados a última hora del mismo y que, por su experiencia política en nadar entre dos aguas, fueron quienes precisamente ocuparon los pocos cargos de relevancia que nos cupieron en el nuevo orden.
•    Por último estaban los representantes en el interior de unos parti-dos nacionalistas, que ni sabían muy bien entonces lo que querían (como tampoco posiblemente lo sepan ahora), ni estaban dispues-tos a actuar con la sinceridad y con la generosidad y altura de miras que las circunstancias exigían. También ellos se vieron invadidos a última hora de significados neofranquistas.
•    Y lo que es más importante: todos dudosamente demócratas.
La acción combinada de todas estas actitudes y, sobre todo, aptitudes, a la hora de elaborar un texto constitucional, no podía dar otro fruto que lo que el DRAE define como «bodrio»: “cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto”; “guiso mal aderezado”, porque, como dice Cervantes en el prólogo de su Quijote, “nadie puede contravenir el orden de Naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante”, ni se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, como tampoco se puede, como acertada-mente advierte el Profesor Dalmacio Negro, organizar una democracia sin demócratas.
Permítaseme en este punto una breve digresión, antes de continuar con el hilo de nuestro razonamiento.
La historia es, fundamentalmente, una sucesión de hechos humanos, de actos realizados por hombres de carne y hueso. Toda gran obra requiere de los hombres adecuados para acometerla y llevarla a efecto. Pero el destino no siempre favorece a las naciones proporcionándoselos.
La poco edificante historia de la primera mitad de nuestro siglo XIX estuvo caracterizada por la carencia de significados intelectuales, pero contó con grandes hombres de acción.
“No había habido en los españoles –dice Ortega(1)- durante los primeros cincuenta años del siglo XIX, complejidad, refle xión, plenitud de intelecto, pero había habido coraje, esfuerzo, dinamismo. Si se quemaran los discursos y los libros compuestos en ese medio siglo y fueran sustituidos por las biografías de sus autores, saldríamos ganando ciento por uno. Riego y Narváez, por ejemplo, son, como pensadores, ¡la verdad!, un par de desventuras; pero son como seres vivos dos altas llamaradas de esfuerzo.
“Hacia el año 1984 –que es donde en lo soterraño se inicia la Restauración- comienzan a apagarse sobre este haz triste de España los esplendores de ese incendio de energías; los dina mismos van viniendo luego a tierra como proyectiles que han cumplido su parábola; la vida española se repliega sobre sí misma, se hace hueco de sí misma”.
Desde el desastre de 1898 al de 1936 se dan, sin embargo, grandes genios e intelectuales, pero escasos y malos hombres de acción. Al contrario que en la época anterior, se podrían quemar todas sus biografías, pero a condición de salvar sus estudios y escritos. Además de Unamuno, Ortega o Marañón, es la época de Julio Camba, de Ramón Gómez de la Serna o de Ramiro de Maeztu, por citar sólo algunos.
“La historiografía reconoce como Edad de Plata o Segunda Edad de Oro de la Cultura Española –dice López Vega(2)- al período comprendido entre el desastre de 1898 y el estallido de la guerra civil española en 1936. Los estudiosos de la historia de la cultura y la historia intelectual han articulado el análisis de esas décadas en torno a las conocidas como Generaciones del 98, del 14 y del 27”.
De 1936 a 1975 no hubo en España ni grandes intelectuales ni grandes hombres de acción salvo, entre estos últimos, Francisco Franco. Y desde 1975 hasta el presente hemos carecido tanto de unos como de otros. Esperemos que en el futuro haya de ambos. España los necesita.
Pero recuperemos el hilo argumental que nos traíamos, siguiendo, para no perdernos, el orden sistemático del articulado de la propia norma constitucional.
Hemos ya aludido al artículo 1º, cuyo parágrafo 1 comienza sentando que “España se constituye en un  Estado social y democrático de Dere-cho, que propugna, como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, añadiendo en su parágrafo 2 que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, declaraciones éstas que no pueden ser más altisonantes, pero que en nada concreto se traducen, puesto que, como en multitud de ocasiones ha declarado el Tribunal Constitucional, tienen un gran valor conceptual pero escasa relevancia práctica, ya que todas se concretan en otras normas de las que “este precepto se limita a ser pórtico”. Centremos nuestra atención en las preciosas declaraciones de que «la soberanía nacional reside en el pueblo español» y que es precisamente de éste, del «pueblo español», del que emanan todos los poderes del Estado.
En los sistemas anglosajones la soberanía reside en los individuos. En el sistema francés la soberanía reside en esa excrecencia roussoniana que se ha dado en llamar «la Nación». En España reside nada menos que «en el pueblo español», mas sin que en parte alguna se defina qué debe entenderse como tal, si entendido individualmente o considerado como colectividad o si tal atribución debe suponerse efectuada por partes alícuotas o sin distinción ideal de cuotas.
Sea como fuere, lo que no es de recibo es el imperceptible pero efectivo desplazamiento que de la atribución de la titularidad de la soberanía se ha venido paulatinamente produciendo en la relidad desde el individuo a la Nación; de ésta al pueblo; del pueblo a sus representantes; de éstos al Parlamento (no es inusual escuchar en personajes pretendidamente instruidos en la ciencia política que la verdadera soberanía reside “en las Cámaras”) y del Parlamento a los partidos políticos, donde quienes verdadera, dictatorial y oligárquicamente la ejercen son sus dirigentes. Resulta pues que hoy, por efecto de dichos sucesivos desplazamientos, quienes ejercen la soberanía nacional son el señor Rodríguez Zapatero y don Mariano Rajoy.
Pero no adelantemos acontecimientos.
El artículo 2º de la Constitución es un típico modelo de los resultados o efectos del «consenso» entre sus redactores: “La Constitución se funda menta –dice- en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Tales ambiguas, polivalentes y en gran parte contradictorias declaracio-nes programáticas se desarrollan en el Título que la propia Constitución  dedica a la organización territorial del Estado español, el Título VIII, cuyo Capítulo III trata de las Comunidades Autónomas. La regulación se hace, como todos Vds. saben, sobre la base de reservar en el artículo 149, como competencia exclusiva del Estado, una serie de materias, dejando las demás a disposición de las Comunidades Autónomas, que podrán asumirlas como propias en sus respectivos Estatutos de autonomía, ya de una sola vez (cuando se den los requisitos establecidos en el artículo 151), bien en dos fases: una primera en cuanto a las competencias listadas en el artículo 148 y una segunda, transcurridos cinco años, en cuanto a las demás no reservadas al Estado en el artículo 149. El «truco» está en el parágrafo 2 del artículo 150, que dispone que “el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, me-diante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que, «por su propia naturaleza», sean susceptibles de transferen-cia o delegación”.
Al respecto, y aún cuando extenderse sobre las causas últimas de por qué cada vez que la nación española ha intentado organizarse territorial-mente de acuerdo con una cierta racionalidad, sin jamás lograrlo, exceda del cometido de esta modesta y limitada conferencia, es lo cierto que, a los 30 años de promulgada, no podemos sino identificarnos plenamente con las palabras con que, al debatirse en el Senado el texto de este parágrafo, Don Luis Sánchez Agesta, partidario de establecer con clari-dad qué concretas facultades, de las correspondientes a materias de titularidad estatal, el Estado podría, mediante ley orgánica, transferir a o delegar en las Comunidades Autónomas, en lugar de utilizar la genérica fórmula de aquellas que “«por su propia naturaleza»” fueren susceptibles de delegación o transferencia, previno a sus compañeros constituyentes sobre los peligros de toda ambigüedad:
“Creo –decía Don Luis- que el Derecho tiene una función de paz; función de paz que realiza trazando límites. El límite aquí es fantasmal; el límite aquí es indefinido; el límite aquí es peor que un límite: es una continua invitación a la discusión sobre cuáles son las competencias que ‘por su propia naturaleza’ deben atribuirse a la soberanía del Estado o a las Comunida-des Autónomas. Si es que se puede definir ‘por su propia naturaleza’ qué materias son transferibles o no, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos veinticinco personas en lugar de entregarlo a treinta y cinco millones de españoles en el futuro? ¿Por qué no resolvemos aquí en diez minutos, en una hora o en un día, si es necesario, cuáles son los límites de esa transferencia, en lugar de entregarlo a una posible disputa en el futuro sobre cada una de las materias que se transfieran? … El consenso es para mí nobilísimo; el consenso es el fundamento de la Constitución; el consenso se basa en aceptación de una serie de valores comunes que hemos enunciado en los primeros artículos de la Constitución; el consenso abarca también, en una Constitución como ésta, un acuerdo para disentir. Pero es necesario aceptar unas reglas del juego para esa disensión, como son las elecciones, el compromiso en el Parlamento, etc. Hay una serie de instru-mentos jurídico-políticos del consenso en los casos en que no se llega a ese acuerdo, uno de ellos, por ejemplo, del que se abusa en el texto constitucional, es el de remitir a una ley el problema. Si no nos ponemos de acuerdo, con una ley lo resolveremos. Otras veces es el silencio; otras es esgrimir las distintas opciones, que también se practica mucho en el texto constitucional. Pero en este caso no se ha llegado a un acuerdo y no se ha abordado ninguno de estos caminos, sino ese camino excepcionalmente pintoresco de entregar a la discusión de las generaciones futuras qué, ‘por su propia naturaleza’, sea estatal o sea susceptible de transferencia o delegación”.(3)
Apenas promulgada la Constitución, fueron muchos también los autores que mostraron su desconfianza con una regulación tan poco rigurosa de un tema tan importante como el de la asignación de competencias. Y como para muestra vale un solo botón, dos breves referencias voy a ofrecerles a Vds. al respecto: las de los profesores don Tomás Ramón Fernández y don Luis Cosculluela Montaner.
“El consenso logrado inicialmente en el seno de la Ponencia Constitucional –escribió Tomás Ramón Fernández- ha conse guido convertir en norma constitucional vigente un sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunida des Autónomas que no satisface a nadie, ni a políticos ni a expertos, que no responde a ningún molde conocido, que no se ajusta ni al esquema teórico del Estado federal ni al del Estado regional, que carece de la imprescindible claridad y que ya desde ahora se revela claramente insuficiente para garantizar unas relaciones razonables entre los sujetos en presencia”.(4)
Por su parte, Cosculluela Montaner, afirmó: “Lo menos que se puede decir del sistema de atribución de competencias que regula la Constitución española es que es deficiente en el orden técnico y poco claro en las intencionalidades políticas que persigue”.(5)
Vistas las cosas con la perspectiva que el tiempo nos proporciona, no alcanzamos a entender cómo los dirigentes de los grupos parlamenta-rios no nacionalistas pudieron creer que, conformándose con adoptar unas formulaciones tan ambiguas y dejando para posteriores momentos las decisiones clarificadoras, resolvían los problemas siquiera momentá-neamente, ya que cualquiera que se entretenga en examinar los diarios de sesiones de los debates parlamentarios puede apreciar la reserva mental con la que actuaron los representantes de los grupos vasco y catalán en todo lo referente a la organización territorial del Estado y a la distribución de competencias entre éste y las Comunidades Autónomas.
Fruto de esa reserva mental ha sido el sistemático expolio competencial a que ha sido sometido al Estado por parte de todos los partidos políti-cos, y no sólo de los nacionalistas, ya que incluso los partidos de ámbito estatal se han visto arrastrados por mimetismo, o se han involucrado voluntariamente por irresponsable ambición oportunista, en este puerto de arrebatacapas en que se ha convertido la organización territorial del Estado español.
Una explicación asumible del origen de este descabellado proceso nos la ofrece Miguel Herrero de Miñón en un pasaje que, no obstante su dure za, les ofrezco a continuación:
“En otro lugar –dice Miguel Herrero- he analizado la gestación y el desarrollo del sistema autonómico español (Herrero 1998) que, aparte de ciertas claves intelectuales, del mayor interés para demostrar la influencia de las ideas en la práctica política, tiene tres principales explicaciones:
Primero, la conversión de la izquierda al federalismo generali zado, opción a la que no faltan antecedentes políticos e intelec tuales –la admiración por el modelo yugoeslavo, entre otros-, pero que se concretó en el decidido apoyo a la autonomía andaluza, en pie de igualdad con las denominadas Comunida des históricas, esto es, las nacionales de Euskadi, Cataluña y Galicia. Ante las dudas, entonces más que razonables, que el PSOE albergaba de ganar las elecciones generales y conquis tar el Estado, prefirió trocearlo, para debilitarlo cuanto fuera posible, puesto que seguía identificándolo con el Estado «fran quista» y, al menos, quedarse así con los despojos.
Segundo, la derecha, que siempre desconfió de la autonomía vasca y catalana, al darlas por inevitables, optó, con visión no más patriótica que la izquierda, por diluirlas mediante la gene ralización de las autonomías, no sólo territoriales, sino locales.
Tercero, de la misma manera que el enraizamiento social del régimen constitucional se había buscado, en sus orígenes, mediante la desamortización de los bienes eclesiásticos y vin-culares, para crear una clase de propietarios, las fuerzas polí-ticas de la transición optaron por enraizar el nuevo régimen democrático a través de una nueva clase de beneficiarios de la desamortización del poder. La democracia, decía un perso-naje de la época, tenido por estadista, [no nos dice quién] consiste en que haya mucha gente viviendo del presupuesto. Si antes se desvincularon beneficios de oficios para desamor-tizar aquellos, ahora se desamortiza el oficio, reducido, en muchos casos, al beneficio”.(6)
Las tensiones centrífugas provocadas por el efecto combinado de todos estos posicionamientos (a saber: la ambición de los nacionalismos; la insolidaridad de la izquierda; la estupidez de la derecha, y la sinrazón de todos) ha dado lugar a la reproducción a escala regional (a veces unipro-vincial e incluso municipal) de la compleja estructura del Estado, multipli-cando por 17 los gobiernos, las asambleas parlamentarias, los tribunales de justicia y las instituciones consultivas equivalentes a los nacionales Consejo de Estado y Consejo Económico y Social, o de control como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, etc., etc., etc. En resumen: un puro disparate, absolutamente inasumible,
-    no ya sólo por el desaforado incremento de funcionarios, edificios, etc., que provocan que la mayor parte de los recursos disponibles deban aplicarse a gastos de consumo corriente, circunstancia que se hace insostenible en un momento de crisis económica como el presente, que provoca el lamentable espectáculo al que estamos asistiendo para procurarse financiación;
-    sino también por la inútil complicación burocrática, y consiguiente merma de productividad, que para particulares y empresas supone tener que cumplimentar tanto redundante formalismo y que atender los requerimientos de la fragmentación del mercado interior;
-    como, en fin y fundamentalmente, por la ineficacia inherente a toda hiperorganización multicéfala, descoordinada y regida por los celos y la ausencia de solidaridad y de espíritu de ayudar y de permitir ser ayudado, como se ha puesto de manifiesto cada vez que se ha presentado una eventualidad como el incendio de Guadalajara o las recientes nevadas, por poner sólo dos ejemplos.
Nótese que no entro en valoraciones jurídico-políticas como la razonabi-lidad de los planteamientos nacionalistas o la oportunidad del estableci-miento de un sistema federal, confederal o cualquier otro (lo que nos llevaría mucho más lejos de lo que aquí pretendemos y nos exigiría mucho más tiempo del que ahora disponemos), ni en otras que, como la pérdida de la unidad de España, podrían ser simplistamente calificadas de «sentimentales».
No quiero, sin embargo, que se piense que con ello persigo eludir el bulto y manifestaré, aunque sea de pasada, telegráficamente y privada de cualquier justificación, mi opinión al respecto: creo honradamente que la escalada nacionalista, además de carecer de fundamento alguno (ni histórico, ni cultural, ni de ninguna otra naturaleza) nos puede llevar al desastre, y a convertir a España en un fragmentado conjunto de taifas ingobernables, precisamente en un momento en el que la globalización y la complejidad de los problemas y de sus soluciones excede cada vez más de la limitada capacidad para resolverlos de las autoridades interme dias y en que éstos afectan a colectivos o materias que superan la pro-pia competencia funcional o territorial de tales autoridades. Son tantos los ejemplos (catástrofes, comunicaciones, racional aprovechamiento de los recursos naturales, etc.) que a diario ponen de manifiesto que esto es así, que el insistir en ello, o negarse a reconocerlo, resultan esfuerzos ociosos.
Hay que estar pues de acuerdo con Bernardo Ares(7) cuando dice que
“el problema de los actuales «nacionalismos» es un problema cuanto menos anacrónico. El Estado-Nación fue una manera de organizar políticamente la sociedad española a lo largo de tres siglos (desde el comienzo del XVIII hasta la segunda mitad del XX). Utilizar el concepto «nación», que surge propia mente en el XIX en el contexto del Romanticismo literario y del Liberalismo político, para organizar políticamente, no ya un país, sino una región o comunidad autónoma, es haber perdido el tren de la historia, cuyo eslabón actual nos exige organizar políticamente nuestras sociedades de conformidad con una estratificación equilibrada del poder soberano que va, de abajo arriba, desde lo más local (municipio) hasta lo más supranacional (la ONU), pasando por las autonomías, estados y uniones continentales como puede ser la Unión Europea”.
Aparte de las antes denunciadas posiciones de la clase política, sea de izquierda o de derecha, nacionalista o no, a esta situación se ha llegado porque lo facilita y propicia la vigente legislación electoral.
Efectivamente, en un momento en el que, diga lo que diga Norberto Bobbio(8), los conceptos de derecha e izquierda están, si no totalmente obsoletos, sí al menos bastante desdibujados, con la obsesión por las opciones «centristas» (de «centro-derecha», «centro-izquierda» y «cen tro-centro»), o pretendidamente superados por las llamadas «terceras vías», un sistema electoral como el vigente en España, que favorece el bipartidismo, y penaliza a las opciones intermedias, resulta anacrónico y contrario al favorecimiento de la natural evolución política.
De otra parte, el sistema de circunscripción uniprovincial establecido en el parágrafo 2 del artículo 68 de la Constitución, desarrollado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, propicia la sobrerepresentación en el Congreso de los Diputados (Cámara que inviste, conforme al artículo 99, al Presidente del Gobierno y que ejerce verdaderamente la función legislativa), en menoscabo de los partidos nacionales, sobre todo de los minoritarios, que precisan de un número desorbitado de votos para obtener un escaño. Y ya conocemos el uso que de tal injusta sobrerepresentación hacen los partidos nacionalistas, chantajeando a los candidatos a la hora de ser investidos y a los grupos parlamentarios al ejercer su función legislativa, incluida la aprobación de los Presupuestos Generales. No deja de resultar paradójico que una legislación electoral que, al establecer como circunscripciones electora-les las provinciales y una fórmula de atribución de escaños de proporcio-nalidad corregida, lo que dijo pretender fue, en aras de la gobernabilidad, acabar con la «sopa de letras» de las siglas de los numerosos partidos en un principio existentes, lo que a la postre haya conseguido con ello sea propiciar la «feudalización» de los poderes territoriales.
Porque eso son realmente hoy los representantes territoriales de los par-tidos políticos, verdaderos nuevos señores feudales a los que cuadra per fectamente el apelativo nobiliario con que en la terminología popular se les conoce, «barones» que ejercen en sus respectivos territorios virreina-tos basados en el amiguismo y el despilfarro, en el dominio de todos los mecanismos de influencia y control: instituciones, medios de comunica-ción, etc.
Y no sólo ellos. Toda la clase política, convertida en auténtico clan, se ha autoerigido en privilegiada casta social situada por encima del bien y del mal.
Decíamos antes que los partidos políticos han ido poco a poco apropián-dose de la soberanía que debe corresponder al ciudadano. Lo han logra-do mediante el establecimiento de un sistema excesivamente rígido de representación y de disciplina de voto, de la incomunicación entre elector y elegido, del sistema listas cerradas y bloqueadas y, sobre todo, de un funcionamiento interno nada democrático, confundiendo la forma con el fondo y los medios con los fines y violando lo específicamente previsto al respecto en el artículo 6º de la Constitución.
El fin de la democracia no puede ser otro que la defensa de la libertad del individuo y de las instituciones. Puesta al servicio de las oligarquías de los partidos se convierte en algo muy pernicioso. No puede calificarse propiamente de democracia a un sistema en el que la cúpula de unos partidos que representan a un exiguo porcentaje de votantes (que a su vez –dado los cada vez mayores índices de abstención- no suponen mas que una parte cada vez menor de los ciudadanos con derecho a voto), designa, por su inclusión en unas listas cerradas y bloqueadas, a quienes hayan de formar parte del Congreso de los Diputados y, con su media-ción, a quienes hayan de integrar el resto de los organismos e institucio-nes del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucio-nal, Tribunal de Cuentas del Reino, Defensor del Pueblo, Consejo de Radiotelevisión Española, etc. Un sistema así no es una democracia, sino un «democratismo absolutista» cuya perpetuación no sólo consiente, sino que propicia, una legislación electoral impeditiva de cualquier intento de regeneración democrática.
En estas condiciones es razonable que los parlamentarios y concejales consideren que su escaño o concejalía se la deben al partido y que la cúpula de éste, dueña de los puestos por los que se accede a aquellos, los consideren como de su propiedad, imponiendo férreas disciplinas de voto que lo que persiguen no es la defensa de los intereses del elector, sino la de sus propios intereses partidistas, cuando no meramente personales. Lógica consecuencia de ello es la profesionalización de la política a base de mediocridades, porque una situación así sólo la soportan los sumisos.
Don Dalmacio Negro Pavón(9) denuncia esto mismo con claras expresio-nes de reproche:
“Ni siquiera hay representación, pues la controlan absoluta-mente los jefes de los partidos con ayuda del sistema de «listas cerradas». Es más, ni siquiera se cumple la Carta-Constitución* que prohíbe expresamente el mandato impera-tivo. Sin embargo, es lo que hay: los «representantes», selec-cionados mediante las infinitas trabas «morales» de las incom patibilidades y el favoritismo, están obligados a seguir al pie de la letra en todas partes y en las votaciones en las Cámaras las instrucciones de la élite del partido respectivo, que no son ni siquiera meramente orientativas, sino mandatos imperati-vos. Los «tránsfugas» que usando su derecho formal apare-cen a veces, no alteran el abuso. Se dice que toda la Legisla-ción aprobada por las Cortes desde la vigencia de la Carta-Constitución es nula de pleno derecho por contravenir la taxa-tiva prohibición que establece aquella del mandato imperativo”.
Ante una situación como la descrita, se hace cada vez más urgente y necesario liberalizar la política en todas sus instancias, democratizando el funcionamiento interno de los partidos y de las instituciones, refor-mando una legislación electoral como la vigente que favorece falsas representatividades primando desmesurada y fraudulentamente deter-minadas opciones, con absoluto desprecio al principio de igualdad consagrado constitucionalmente en el artículo 14.

_________

*    El profesor Negro defiende la tesis de que, al no haberse convocado como constitu yentes los comicios en que fueron elegidas las Cortes que discutieron la Constitu-ción, la misma es en realidad una “Carta otorgada” por la que denomina “oligarquía del consenso”. En diferente sentido se pronuncia el profesor José Peña González, que entiende que tal carencia debe considerarse subsanada a posteriori, al haber sido la norma resultante sometida a referéndum nacional antes de su promulgación. Personal y modestamente me inclino por la primera de dichas posiciones.
Un estado de cosas así no puede perpetuarse ni mantenerse por mucho tiempo, por lo que cada vez son más los síntomas –como el hastío de la ciudadanía, manifestado en los cada vez mayores índices de absten ción- que indican que el sistema se ha descompuesto a pasos agiganta-dos y que la situación se ha vuelto insostenible.
Pero no nos adelantemos, que aún no ha llegado el momento de efec-tuar las «propuestas de solución» que en el título de esta conferencia se prometen. Aún nos quedan muchos aspectos de nuestro sistema consti-tucional o de su posterior desarrollo legislativo que deben ser denuncia-dos, aunque hayan de serlo, porque el tiempo apremia y se consume, de forma enunciativa y casi telegráfica:
Quizá la violación más grave de todas las que, tanto de su letra como su espíritu, se hayan producido en los treinta años de vigencia de la Consti-tución de 1978 sea la relativa al expolio* de la independencia del poder judicial, en su doble vertiente orgánica y jurisdiccional. El poder judicial es el único que viene definido como tal «poder» en el Título VI de la carta magna bajo el epígrafe de “Del Poder Judicial”. El artículo 117 esta blece que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del «poder» judicial, indepen-dientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (parágrafo 1), así como que “el principio de unidad jurisdiccio-nal es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales” (parágrafo 2), sin hacer más excepciones que la relativa a la jurisdicción militar “en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de esta-do de sitio”.
Para que se juzgue la propiedad en la utilización del término «expolio», y aunque se trata de una cuestión bastante conocida, hagamos un breve recordatorio de la evolución normativa operada en el sistema de designa ción de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, “órgano de gobierno del mismo” según la propia Constitución:
•    El parágrafo 2 del artículo 122 dispone que “una ley orgánica esta-blecerá su estatuto [el del Consejo General del Poder Judicial] y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”, concretándose en el parágrafo siguiente que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presi dente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros


________

*    “Expolio”: «Acción y efecto de expoliar». “Expoliar”: «Despojar con violencia o con iniquidad». (DRAE)
nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos [de
los veinte, debe entenderse], doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos con reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.
•    No dejaba de ser propiamente una intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial el hecho de que ocho de los veintiún miembros integrantes de su máximo órgano rector fueran designados por el primero y entre miembros ajenos a la carrera judicial, por mucho y muy reconocido que fuera su prestigio como juristas. Pero, a fin de cuentas, se trataba de una porción minoritaria.
En desarrollo de esta normativa constitucional, bajo el gobierno de la UCD se promulgó la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, cuyo artículo 8º disponía que “los doce Vocales de procedencia judicial serán elegidos entre Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales”, y cuyo artículo 12º preceptuaba que “los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegi-dos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servi cio activo”, estableciéndose en el artículo siguiente el procedimiento de elección, “mediante voto personal, igual, directo y secreto”.
•    Los diversos gobiernos socialistas, sin embargo, primero en 1985 (LO 6/1985, de 2 de julio) y luego en 2001 (LO 2/2001, de 28 de junio), bajo la excusa de que fueron “las exigencias del desarrollo constitucional [las que] demandaron la aprobación de una Ley Orgánica que regulara la elección, composición y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aún antes de que se procediese a la organización «integral» del Poder Judicial” (Exposi-ción de Motivos, I-5), despojaron al colectivo judicial de la posibili-dad de designar ni siquiera a uno sólo de sus representantes en el Consejo, atribuyendo el nombramiento de todos ellos al Parla-mento: diez al Congreso de los Diputados y otros tantos al Senado.
Resulta pues que son las cámaras legislativas (entiéndase: los partidos políticos que las integran) quienes eligen a los miembros integrantes del «órgano de gobierno» del constitucionalmente llamado «Poder Judicial» y, a su través y por su mediación, dadas las competencias de tal organismo, la totalidad de las altas jerarquías y autoridades judiciales, desde el Presidente, los Presidentes de Salas y los Magistrados del Tribunal Supremo, hasta dos de los doce miembros del Tribunal Consti-tucional, pasando por los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Una forma fácil de acabar con la división y la separación de los Poderes del Estado (ya lo dijo el pro témpore Vicepresidente del Gobierno Don Alfonso Guerra: “Montesquieu ha muerto”); un expeditivo sistema de acabar con el Estado de Derecho; un verdadero «golpe de Estado».
Un paso previo en este sentido, en el que se dijo que estuvo implicado el propio Monarca, fue la vergonzosa actuación del Tribunal Constitucional* en el «caso Rumasa», proporcionando cobertura jurídica a una actuación gubernamental manifiesta y clamorosamente ilegal y anticonstitucional, debida al vergonzante voto de calidad decisorio de su presidente, un prestigioso jurista republicano y socialista vuelto del exilio para arruinar con su actuación, en los últimos días de su existencia, el doble prestigio personal y profesional acumulado durante toda una vida. En ese aciago final del año 1983 ya no cupo duda a nadie que antes la albergara de que «delenda est democracia»
¿Responsabilidad sólo del Partido Socialista? En modo alguno. En tal desvergonzada orgía de satisfacción de apetitos y pasiones antidemocrá ticas participan todos los partidos políticos parlamentarios pugnando por meter cuchara en el impúdico festín. Piénsese, si no, en el obscenamente denominado «Pacto de Estado por la Justicia» alevosamente suscrito por los dos principales de ellos para repartirse la parte del león de los despojos, que en eso han dejado convertido -para cualquier democracia que pretenda denominarse tal- el sacrosanto poder judicial: en despojos a merced de hienas, buitres y demás alimañas carroñeras.
Los lamentables espectáculos de procaz mercadeo a que siempre se ve obligado a asistir el sufrido justiciable pueblo español cada vez que toca renovar los cargos del Consejo General, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, están en la memoria de todos y nos excusan, de un lado, de insistir sobre el particular y, de otro, de retirar ni uno sólo de los calificativos que anteceden.
Mas no es sólo a este campo al que se extiende la voracidad de la casta política. Son otras muchas las facetas y actividades en las que, sin pudor alguno, ésta ceba su desenfrenada adefagia: empresas públicas, medios de comunicación, etc.
Particularmente en cuanto a estos últimos, han sustituido en la titularidad dominical a la otrora «Prensa y Radio del Movimiento», y raro es el ayun tamiento que no dispone de una emisora de televisión local, o la comuni- dad autónoma que no dispone de dos, con inversiones multimillonarias y

________

*  Sentencia del Tribunal Constitucional nº 111/1983, de 2 de diciembre.
gastos desorbitados, principalmente destinados a la autopropaganda y el boato, cuando no a la producción y la emisión de programas vulgares que, sobre constituir una verdadera apología de la ordinariez y la cutrez, lo único que persiguen es idiotizar al ciudadano-elector manteniéndole sumisamente sometido. Por poner un ejemplo recientemente conocido: en el año 2007 (del 2008 aún no conocemos los datos), una emisora de televisión pública que compite con las particulares en la financiación privada, Televisión Española, hubo de ser subvencionada, con cargo a los presupuestos estatales, en la nada módica cantidad de 627 millones de euros, es decir, en más de cien mil millones de las antiguas pesetas.
Otro sector al que la casta política, de la manera más desahogada, ha sometido a un sistemático asedio, hasta conseguir reducirlo a su exclusi-vo dominio, ha sido el de las cajas de ahorro, fuente principal de financia ción de sus desafueros. Al socaire de una pretendida «obra social» que les exime de la necesidad de obtener beneficios y rendir cuentas, las han destinado a subvencionar la actividad política de los propios partidos y megalómanos proyectos ruinosos (parques temáticos: Port Aventura, Terra Mítica, Faunia; aeropuertos, como el de Ciudad Real, etc.) pero, sobre todo, a aliviar el desempleo de parientes y amigos. El espectáculo que se nos está ofreciendo en la pugna por el control de una de las primeras cajas nacionales nos ahorra todo comentario al respecto.
Ante la descrita situación, a nadie habrá extrañado que la mayor parte de las cajas de ahorro y la práctica totalidad de las comunidades autóno-mas y municipios españoles se encuentren en situación de bancarrota, ni que para su salvación hayan encontrado amparo en el gobierno del Estado, aunque, como publicaba ayer un diario económico(10), estén destinando los fondos de él  (de todos nosotros) obtenidos en “pistas de «scalextric» y de monopatín, circuitos de motocross, parques infantiles inspirados en Verano Azul, campos de tiro…” (sic), continuando en la línea del despilfarro en la que llevamos embarcados mucho tiempo.
Podríamos extendernos indefinidamente, pero el tiempo va apremiando y no me gustaría concluir sin apuntar las posibles soluciones a que desde un principio me comprometí.
Ahí van:
•    Por los motivos expuestos, y otros muchos que la falta de tiempo nos impide siquiera enumerar aquí, la conclusión a que debe inde-fectiblemente llegarse es a la de que la Constitución de 1978 no tiene arreglo. Debe ser derogada o, por utilizar la eufemística expre sión de que usa su artículo 168, «totalmente revisada», conforme al procedimiento que en el propio precepto se contempla (por aquello ir «de la legalidad a la legalidad»): toma de la decisión por mayoría de dos tercios de cada Cámara; disolución inmediata de las Cortes; celebración de elecciones generales constituyentes; ratificación de la decisión por las Cámaras elegidas; aprobación de un nuevo texto constitucional por mayoría de dos tercios de cada Cámara y sometimiento de dicho nuevo texto a referéndum.
•    Hay instituciones que, como la Monarquía, por carecer de sentido, no tendrían encaje en el nuevo texto. En este tema hago mías las palabras de Don Dalmacio Negro Pavón(11), cuando dice:
“Lo que sí parece ya irreversible es la marcha hacia la III República: los tiempos no son monárquicos –democra cia y monarquía son contradictorias-, y el prestigio de la Monarquía está muy deteriorado igual que el de todas las instituciones. Además, ha mostrado públicamente su inutilidad para defender el êthos de la Nación … y ahora en la situación límite de la posibilidad de disolución de la Nación. … La idea que se tiene ya de esta institución es que, al no garantizar nada frente a los intereses y caprichos de la clase política, es completamente inútil, y cuando se cree en la inutilidad de una institución está sentenciada”.
•    En cuanto a la organización territorial del Estado, tampoco tendría sentido que en el nuevo texto constitucional que se promulgara tuviera cabida concesión alguna a posibles veleidades nacionalistas, secesionistas o separatistas. Debería pues establecerse en él con meridiana claridad no sólo la “indisoluble unidad de la Nación española”, sino también, y expresamente, la inconstitucionalidad de los partidos que no la aceptasen y defendiesen.
•    Se consagraría al español, también de modo expreso e inequívoco, como única lengua oficial en todo el territorio español.
•    El régimen de las comunidades autónomas se limitaría constitucio-nalmente a una simple desconcentración administrativa y funcional que tuviese por exclusiva finalidad la mejor prestación de los servi-cios públicos. Nada pues de tribunales de justicia, de consejos con-sultivos, de tribunales de cuentas o de defensores del pueblo de ámbito regional, ni de delegados del gobierno en las comunidades autónomas ni de éstas ante el gobierno, ante otras comunidades autónomas y, por descontado, ante otros Estados soberanos, por-que no se reconocerá otra capacidad de representación diplomática que la propia del Estado a través de su ministerio de asuntos exte-riores o equivalente.
•    Se reservarán como competencias exclusivas del estado, además de las actualmente contenidas en el artículo 149 de la vigente Cons titución, todas aquellas que se refieran al aprovechamiento de los recursos hídricos y a la regulación del comercio interior, cuya dele-gación o transferencia a las comunidades autónomas quedará expresamente prohibida. El resto de las competencias que, por no estar expresamente reservadas, puedan ser asumidas por dichas comunidades, podrán ser sometidas a específicas legislaciones orgánicas de armonización.
•    Las asambleas regionales limitarán su función legislativa al ámbito exclusivo de sus competencias propias, con estricto respeto a lo que se disponga al respecto en la legislación orgánica de armoniza-ción. Se entenderá nula de pleno derecho cualquier disposición autonómica que contravenga lo anterior o lo dispuesto en una dispo sición de igual rango de ámbito nacional.
•    Al aprobarse el nuevo texto constitucional se entenderían automáti-camente derogados todos los estatutos de autonomía que se hubie-ran aprobado al amparo de la antigua Constitución, en todo lo que en ellos resultara incompatible con el nuevo sistema autonómico en aquél reconocido.
•    Se reforzaría, en compensación, la autonomía financiera y funcional de los municipios.
•    Se garantizaría la total independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Para ello:
-    Las investidura como presidentes de los gobiernos nacional y regionales y como alcaldes, vendrá directamente determinada por el número de escaños que cada opción electoral hubiera obtenido como consecuencia de la elección correspondiente. En caso de igualdad de escaños, será investida la persona que decida la opción electoral más votada.
-    La totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, incluido su Presidente, serán nombrados por el procedi-miento previsto en los antes parcialmente transcritos artículos 12º y 13º de la derogada Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, esto es, “entre Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales”, y “por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo”, “mediante voto personal, igual, directo y secreto”.
-    Se suprimirá el Tribunal Constitucional, cuyas funciones serán asumidas por una Sala Especial de Garantías Constitucionales del Tribunal Supremo.
-    Se garantizará la independencia de los partidos políticos en la elección de todos las demás instituciones de control como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, etc.
•    Se suprimirá el Senado.
•    Se suprimirían las cajas de ahorro y se prohibiría constitucional-mente la existencia de entidades financieras o de crédito que no respondan a la iniciativa privada y hayan sido creadas con fondos de igual origen.
•    Los regímenes electorales se basarán en circunscripciones únicas (de ámbito nacional, regional o municipal, respectivamente), y en criterios de estricta proporcionalidad.
•    Se prohibirá a las instituciones públicas y a los partidos políticos cualquier participación en la titularidad dominical de los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, así como la inser-ción de publicidad institucional en los mismos.
•    Se establecerá la obligatoriedad de todas las instituciones públicas de atemperar sus gastos a sus ingresos («déficit cero»).
•    Se suprimirán y prohibirán para lo sucesivo toda clase de subvencio nes públicas, en particular la financiación pública de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales y patronales, de las asociaciones y fundaciones de cualquier naturaleza y, en fin, de toda clase de organizaciones no gubernamentales.
•    Se penalizarán las emisiones públicas de cualquier clase de comen tario peyorativo o negativo que pudiera resultar ofensivo a cualquier religión o creencia.
•    Se garantizará que los partidos políticos, como ordena el actual artículo 6º de la vigente Constitución, “expresan el pluralismo políti-co, concurren a la formación y manifestación  de la voluntad popa-lar y son instrumentos fundamentales para la participación política”, así como que, efectivamente, “su creación y el ejercicio de su activi-dad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”, y “su estructura interna y funcionamiento” democráticos.
Hasta aquí las cosas que a bote pronto se me ocurren. Seguro que en el debate surgirán muchas ideas más. Todas ellas, a la larga o a la corta, por las buenas o por las malas, se acabarán realizando, porque de lo que no cabe la menor duda es de que el modelo está agotado, el sistema quebrado y el pueblo harto.
Harto y legitimado para exigir el cambio… o para imponerlo por cualquier medio.
Uno, pacífico, sería la abstención en toda clase de elecciones. Ningún partido se merece que se les vote. Este año se van a ofrecer varias opor-tunidades de demostrarle a la clase política que no es esta la democracia que deseamos.
Pero hay  otros.
Y que no se nos tilde de «antisistemas». Ellos son los «antisistemas», porque ellos son los que, con su actuación, están dejando al «sistema», como don Juan a doña Inés, imposible para ellos… y para todos.
Al respecto, y para concluir, haré una última reflexión:
Cuando el domingo 6 de julio de 2008 don José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, en el discurso de clausura del 37º Congreso de su partido, dijo que los cambios que acababan de aprobarse en el mismo “iban mucho más allá de una mera alternancia en el gobierno”, no nos estaba queriendo decir (como algunos comentaristas de la derecha y la propia Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Esperan-za Aguirre, críticamente interpretaron) que él no creyera en la alternancia en el poder y se estuviera “situando en otro sitio que no es la democra-cia” (Aguirre). Lo que en mi opinión nos estaba realmente anunciando es que la transformación que de la sociedad española iba a producirse con las medidas a través de las cuales habían de implementarse los valores que en ese 37º Congreso acababan de ser establecidos iba a ser de tal calado que se iba a situar más allá de cualquier alternativa, inmune a cualquier cambio de gobierno. Con lo cual el Sr. Rodríguez Zapatero no nos estaba anunciando nada nuevo: se estaba limitando a dejar constan-cia de que estaba a punto de poner remate a lo que en España viene ocurriendo desde que su partido llegó al poder en octubre de 1982, recor dándonos aquél otro famoso presagio que en su día nos hiciera don Alfonso Guerra de que, si alguna vez los socialistas dejaban el poder, a España “no la iba a conocer ni la madre que la parió”.
Claro que, para que tal amenaza pueda hacerse efectiva, se necesita de la cómplice anuencia del partido de la oposición que, ocasionalmente, se alterne con el socialismo en el poder, así como la de los partidos minori-tarios, nacionalistas o no, que les apoyan en las Cámaras nacionales y autonómicas y en los consistorios municipales, esto es, con la cómplice anuencia de toda la clase política pero, sobre todo y también, con el cómplice silencio y anuencia de todos nosotros, con el cómplice silencio y anuencia del pueblo español.
Pero en este pueblo hay también «espíritus valientes» dispuestos a secundar a Quevedo cuando nos advertía:
“No he de callar
por más que con el dedo,
ya tocando en tu boca o en tu frente,
silencio avises o amenaces miedo”.
Y a dar respuesta afirmativa a sus preguntas:
“¿Nunca ha de haber un espíritu valiente?
¿Nunca se ha de pensar lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?”

En esta ilustre Casa, en esta misma Sala, se han dictado conferencias y emitido proclamas que han contribuido a cambiar la Historia de España. No será ése, por supuesto, el caso de la modesta que acabo de darles. Pero para no desmerecer excesivamente tal honor, tomaré prestadas, para concluir, unas palabras que José Ortega y Gasset pronunció en la famosa conferencia que dictó el día 23 de marzo de 1914 en el Teatro de la Comedia:
“En épocas críticas -dijo el gran pensador- puede una genera ción condenarse a histórica esterilidad por no haber tenido el valor de licenciar las palabras recibidas, los credos agónicos, y hacer en su lugar la enérgica afirmación de sus propios, nuevos sentimientos. Como cada individuo, cada generación, si quiere ser útil a la humanidad, ha de comenzar por ser fiel a sí misma”. (12)
A ello insto yo a todos los presentes, particularmente a los pertenecientes a las generaciones más jóvenes: a tener el valor de licenciar las palabras recibidas y los credos agónicos y de sustituirlos por la enérgica afirma-ción de sus propios y nuevos sentimientos; en definitiva: a ser, cueste lo que cueste, fieles a sí mismos.
Muchas gracias y buenas noches

 

____________________

NOTAS

(1)    José ORTEGA Y GASSET: Obras Completas, tomo I, Alianza Editorial/Revista de Occidente, pág.280, 1ª edición, 2ª reimpresión, Madrid, 1993.

(2)  Antonio LÓPEZ VEGA: Epistolario inédito (Marañón, Ortega, Unamuno), Espasa Calpe, pág.14, Madrid, 2008.

(3)  Diario de Sesiones del Senado, nº 54, de 13 de Septiembre de 1978.

(4)  Tomás Ramón FERNÁNDEZ: “El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, en Revista de Estudios de la Vida Local, nº 201, enero-marzo, 1979, pág.10 (Citado por Rafael Entrena Cuesta en “Comen tarios a la Constitución”, Edit.Civitas, pág.1613, Madrid, 1980).

(5)     Luis COSCULLUELA MONTANER: “La determinación constitucional de las competencias de las Comunidades Autónomas”, en La Constitución española y las Fuentes del Derecho, I, Madrid, 1979, pág. 540 (Citado por el mismo autor y en el mismo lugar).

(6)    Miguel HERRERO DE MIÑÓN: “Federalismo asimétrico: el caso español”, en Libro homenaje a Iñigo Cavero Lataillade  (coordinación    de José Peña González), Tirant lo Blanch, Valencia 2005, págs. 354 y 355.

(7)    José Manuel DE BERNARDO ARES,: El Estado-Nación en dos encrucijadas histó ricas, IUSTEL, Madrid, 2006, pág. 19.

(8)    Norberto BOBBIO: Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política, Taurus, Madrid, 1995.

(9)    Dalmacio NEGRO PAVÓN: Del Movimiento al Consenso, en Razón Española, nº 140, Madrid, noviembre-diciembre 2006, pág. 281.

(10)    Expansión, 14 de enero de 2009, portada, editorial y págs.24 y 25.

(11)    Dalmacio NEGRO PAVÓN: Op.cit., págs. 282 y 283.

(12)    José ORTEGA Y GASSET: Op.cit., pág. 270.