James M. Buchanam

Crisis, inversión y empleo

Cabe señalar las siguientes cinco, como consecuencias más destacables de la crisis económica: Uno, el enorme y persistente déficit de la Balanza Comercial, por cuyo motivo la economía española, al gastar más de lo que producía, ha adquirido una desorbitada deuda exterior, cuya cuantía ya está superando al PIB. Dos, el desbocado Déficit Público, que nos ha llevado a una Deuda Pública de una magnitud similar a la del PIB. Entre ambas, el apalancamiento de la economía supera en dos veces al Producto Interior Bruto. Tres, un asfixiante nivel de desempleo. Cuatro, una agobiante falta de liquidez. Cinco, una economía productiva en recesión. Retengamos la dimensión de tan importantes datos.

Si se exige, como se debe, una reducción amplia, rápida y vigorosa de los gastos del enorme aparato del Estado, —que absorben más de la mitad del PIB nacional y cuyo exceso sobre los ingresos debe ser cubierto apelando al crédito—, no podemos escandalizarnos simultáneamente del creciente nivel de desempleo, toda vez que esta necesaria reducción del gasto público implica, fatídicamente, una inevitable destrucción de puestos de trabajo en las diversas Administraciones Públicas y sus adherencias en forma de sociedades, fundaciones, observatorios, etc., y la completa panoplia de entes subvencionados a los que el político entiende oportuno conceder sus subsidios, verificándose así de forma empírica lo que James M. Buchanan demostró: Que los gobiernos no son entidades eficientes y altruistas, que trabajaban para eliminar las imperfecciones encontradas en los mercados. Al contrario, los gobiernos son el agregado de personas, que persiguen sus intereses propios; no el interés público, a través de leyes, impuestos y regulaciones interesadas. (Vid. James M. Buchanan, “Teoría de la elección pública”).

Buchanan, dicho sea de paso, ratifica el postulado básico en el que se fundamenta el pensamiento de la Escuela Austriaca de economía, de la que dimanan las más potentes y provechosas teorías económicas del liberalismo presente, cuya aplicación están poniendo en evidencia los resultados perversos y destructivos del intervencionismo estatal y supra-estatal en los procesos económicos sean financieros, productivos, comerciales o de consumo e inversión, absorbiendo recursos, por el efecto “crowding out” y entorpeciendo la óptima asignación de los mismos a los procesos productivos más eficientes, reduciendo de esta forma la productividad global de la economía. (Vid. Juan Ramón Rallo. “Los errores de la vieja economía”. Unión Editorial).

Así pues, resulta inevitable la destrucción de empleo público no funcionarial e improductivo, porque persistiendo las actuales condiciones monetarias, sobre las que el Estado español no ejerce soberanía, es la única vía que le queda al Gobierno para abordar, de una vez por todas, la reducción del Déficit Presupuestario, para, de inmediato, pasar a consolidar presupuestos con Superávit, mediante los cuales sea posible abordar con solvencia el pago de la Deuda Pública, para reducirla a magnitudes asumibles y, de esta forma, viabilizar la creación sostenida del empleo en los sectores productivos.

Ha dicho el Fondo Monetario Internacional, en su estudio “Perspectivas de la Economía Mundial” (Oct.12), que es demostrable la existencia de una correlación negativa entre Deuda Pública y crecimiento del Producto Interior Bruto, señalando que cuando la relación Deuda Pública/PIB supera los límites cercanos al uno, (ciento por ciento del PIB), la Deuda Pública viene a suponer un freno al desarrollo, y por tanto al empleo, como lo demuestran las series estadística estudiadas en distintos países, sobre las que basaron sus conclusiones.

En España, esta es la situación de fondo, que supone un grillete que frena a la economía española, manteniéndola en un estado de depresión y destrucción de empleo, con un Déficit Público que no se consigue controlar, una consiguiente Deuda Pública creciente y unos pagos por los crecientes intereses anejos, que drenan recursos asignables al sistema productivo.

Bien es cierto que, habremos de decir, en estos comienzos de un nuevo ejercicio económico, se detectan dos aspectos favorables, que inducen a un cierto optimismo, cuales son:

El registro de una Recaudación Fiscal del Estado que se ha incrementado, en 2012, en un porcentaje ligeramente superior al cuatro interanual.

Sin embargo, también es preciso señalarlo, este incremento de la recaudación supone un porcentaje insignificante del déficit registrado y, por el contrario, significa una tremenda presión impositiva agregada sobre la capacidad de ahorro y de inversión del sistema productivo español, en el contexto de una economía, hay que repetirlo, tremendamente endeudada y sin capacidad de aplicar políticas monetarias, lo que implica ser un factor determinante, que se opone a la salida de la crisis y a la posibilidad de mantener un posterior crecimiento sostenido y la consiguiente creación de puestos de trabajo.

En todo caso, si los frutos del brutal incremento de la presión tributaria ha resultado ser tan insignificante incremento de los ingresos fiscales, hemos de pensar que quizás el sistema tributario español puede encontrase en la cresta de la curva de Laffer, aplicable a nuestra economía, después de la cual, cualquier aumento de los impuestos, devendrá en una menor recaudación fiscal.

En segundo lugar, la Balanza Comercial comienza a dar superávit, como corresponde a una economía, cuyo sector privado, (familias y empresas), se viene sometiendo a un costoso, pero decidido ajuste, mediante el cual sus producciones empiezan a alcanzar un adecuado nivel de competitividad en precios, aplicando su ahorro a un reseñable desapalancamiento, que se verá fortalecido por los saldos positivos de la Balanza.

Como contrapartida a tal esfuerzo ahorrador, cabe señalar que la inversión productiva está prácticamente paralizada y muchos sectores económicos sometidos, en mayor o menor grado, a un proceso de desinversión, lo que, unido a una contención del consumo, ha provocado la habitual y notable disminución de las importaciones, coadyuvando a la generación del saldo positivo.

Y este es el problema, en el que radica la destrucción de empleo y la correlativa falta de crecimiento económico, que ya encadena varios ejercicios de decrecimiento y depresión. En estas circunstancias surge la pregunta insistente de qué se debe hacer para salir de la recesión y crear empleo.

Como respuesta se arbitran y articulan distintos e imaginativos instrumentos y acciones, que afectan y se refieren a los diversos sectores de la economía, algunos ortodoxos, pero insuficientes, y la mayoría basados en el aumento del gasto público y consiguientemente en el incremento de la presión fiscal sobre el sistema productivo o la apelación al Déficit Público.

Es decir, se insiste reiterativamente en la implementación de políticas intervencionistas que no solucionan los problemas, sino que a plazo los agudizan, tal y como la crisis actual ha puesto de manifiesto. En todo caso en España, después de tres años de su aplicación, la economía ni crece, ni, por supuesto, se crea empleo, sino que lo sigue destruyendo y la Deuda Pública sigue creciendo de forma imparable.

Pero debe observarse que todas estas políticas obvian la causa matriz del fenómeno, cual es la ausencia de inversión productiva, sin la cual no es posible crear empleo, ya que todo puesto de trabajo conlleva unos costes dinerarios de inversión.

Está claro que el coste asociado a cada puesto de trabajo depende, al menos: del sector económico en el que opera; de la dimensión de la empresa; y del nivel tecnológico y de equipamiento de que deba estar dotado. Mas a los efectos esencialmente conceptuales en que nos movemos, podemos desenvolvernos en órdenes de magnitud, teniendo en cuenta, desde luego, que el sistema productivo español está compuesto por medianas y pequeñas empresas y autónomos que dan trabajo al ochenta por ciento de la población empleada.

De otra parte, si bien sabemos que, a plazo, aparecerán las demandas precisas, que harán viables la mayor concurrencia de ofertas, según instruye la Ley de Say, no es menos cierto que resulta ineludible organizar las estructuras de producción, encaminándolas hacia la consecución de productos de alto valor añadido, dirigidas fundamentalmente a la exportación, implementado estrategias de Investigación, Desarrollo e Innovación, por las que clamé sin éxito en la crisis de los noventa.

Tentativamente se puede considerar que, para volver a una situación de empleo similar a la que se tenía al inicio de la crisis actual, (2007/8), el sistema económico español debe realizar una inversión agregada y movilizar los correlativos recursos monetarios del orden de varios centenares de miles de millones de euros, (cifra que se sitúa al menos en una magnitud equivalente a la quinta parte del PIB), liberándolos de otros destinos y atrayendo inversión exterior directa.

Dado que una gran parte de la masa monetaria del ahorro nacional está invirtiéndose fundamentalmente en Deuda Pública, (como alternativa más atractiva, teniendo en cuenta la ratio remuneración/riesgo), que absorbe del orden de seiscientos mil millones de euros, y si consideramos que el sistema financiero, aun pendiente de un ajuste definitivo, dedica gran parte de sus recursos disponibles a la financiación de la Deuda Pública del Estado, se verá muy claramente como el “crowding out” esteriliza cualquier posibilidad de inversión productiva, lo que se agrava al no darse el improbable caso de que la Eurozona decida flexibilizar su política monetaria y ampliar la masa dineraria poniéndola a disposición de los estados que lo precisen, lo que supondría la prolongación de los desajustes y tensiones sectoriales y de precios, asumiendo los graves riesgos de una hiperinflación y la consiguiente devaluación del euro, encaminando a la Europa comunitaria hacia una nueva crisis de dimensiones que nos negamos a imaginar.

Hay un camino, (quizás el único), para liberar la masa de dinero necesaria, cuales el de pasar del déficit presupuestario al superávit, mediante la reducción selectiva y enérgica del gasto público, en una cuantía de magnitud al menos similar a la inversión precisa. Simultáneamente, es imprescindible y perentorio no poner trabas a la economía productiva, desregularizándola y liberalizándola, mediante las oportunas y urgentes reformas estructurales, que aseguren a los inversores y empresarios: la libertad de entrada en el mercado, eliminando barreras y obstáculos a los planes empresariales y reduciendo la esterilizadora presión fiscal sobre el ahorro y los beneficios empresariales; facilitar el acceso a los factores productivos, flexibilizando la contratación o adquisición del factor trabajo, moderando los costes laborales, de la electricidad, del suelo e inmuebles y de la financiación; y eliminar costes territoriales redundantes. (Vid. Juan Ramón Rallo. “Una alternativa liberal para salir de la crisis”. Deusto)

Se ha iniciado la implementación de algunas de estas reformas, pero de forma titubeante y claramente insuficiente, sin embargo, sin ellas será inviable que la economía productiva siga por su camino de ajuste y des-apalancamiento y se estimule tanto la inversión interior como la exterior, lo que solamente se logrará lanzando mensajes creíbles de solvencia, honestidad y buen gobierno.

Porque no habrá recuperación económica, téngase por seguro, sin una regeneración democrática y moral de todas las instituciones del Estado. Esta regeneración se predica desde dentro y desde fuera de nuestras fronteras, pues la degradada situación institucional y política en que está sumido el régimen surgido de la Constitución de 1978, pone en cuestión hasta la viabilidad de España, como nación única e indivisible, ante la pasividad de la Jefatura del Estado, del Gobierno, de las Cortes y del llamado Tribunal Constitucional, lo que está dando, como resultado, más que pernicioso, una situación de desmoralización total del pueblo español y del inversor nacional y foráneo, cuyas consecuencias son impredecibles, pero, desde luego, en nada favorables a la recuperación económica y del empleo.

No dejaremos de señalar la también imprescindible regeneración democrática de los electores españoles, para que dejen de ser rehenes de los partidos políticos, subyugados por sus dádivas, las que, a plazo, los mismos que las reciben deberán pagar con el fruto de su trabajo, del que serán despojados a través de los impuestos. De nuevo Buchanan como referencia.

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Benito de Diego

Acerca de Benito de Diego

Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, Economista y Estadístico Facultativo, Auditor del R.O.A.C., Miembro del Cuerpo Nacional de Geografía y Catastro (Jubilado), Miembro de distintos Colegios Profesionales, Patrono Fundador de la Fundación Foro-Jovellanos y Miembro de la Junta Directiva del Club Liberal Español.

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