Nueva regulación de la contratación pública

Algunos comentarios sobre la nueva regulación de contratación pública

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público que entrará en vigor el próximo día 9 de marzo, va introducir un importante cambio en la gestión administrativa. Con esta Ley se trata de atajar los principales problemas que han aquejado a la contratación del sector público en los últimos años, especialmente el de la corrupción. Para ello se establecen numerosas cautelas que posibiliten el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia e integridad. La nueva regulación restringe los márgenes de libertad, o de apreciación, tanto de los promotores de los contratos, como de aquellos que tienen que decidir sobre su adjudicación.

Se ha querido dotar a la contratación pública de una regulación más acorde al momento presente, estableciendo la utilización exclusiva de medios informáticos. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA en nuestros días representa y gestiona el 20% del producto interior bruto, y por lo tanto es un poderoso instrumento que debe estar sometido a controles y contrapesos.

Continuando con estas pinceladas, quiero destacar como objetivos de la Ley los siguientes:

  • Lograr una mayor transparencia y eficacia en la contratación pública
  • Clarificación y seguridad jurídica.
  • Conseguir una mejor calidad/precio y prestación de mejores servicios a los usuarios.
  • También se pretende una simplificación de los trámites corrigiendo los excesos de burocracia, que imponían cargas excesivas a los licitadores, tales como clasificación, profusa documentación en papel, posibilitando el acceso para las PYMES.

Los principios anteriores y las previsiones concretas en materia de transparencia entiendo van a contribuir muy positivamente a la democratización y modernización de la contratación pública. También obligaran a un mejor y más detenido estudio de las prescripciones del contrato, sin posibilidad al menos al principio, de recurrir a cortar y pegar, y a la repetición constante de las licitaciones anteriores. Se impone en consecuencia, una mayor profesionalidad del personal que la gestione

Pero si todo lo anterior, es muy positivo y será un gran revulsivo para algunas estructuras aquí losadas, lo lógico sería pensar que se demoraran los nuevos contratos a adjudicar, a la entrada en vigor de la nueva Ley. Sin embargo lo sorprendente, es que en estos días asistimos a una gran actividad en los departamentos de contratación de las administraciones y parece como si asistiésemos a un final carrera. Y me explico, en el último mes en algunos ayuntamientos y administraciones, se está intentando dar salida a gran parte de la contratación del año 2018. No sé si obedece a la casualidad o la repentina laboriosidad de los funcionarios, o quizás tenga que ver con las disposiciones transitorias, pero será un ejercicio enormemente interesante la consulta de los boletines de la última quincena de febrero y de los primeros días de marzo.

Entiendo que el cambio es significativo, y diseña un rumbo correcto, pero ante ello los engranajes del sistema se resisten y rechinan. En los comentarios funcionariales, y en los promotores de los contratos no he podido apreciar entusiasmo de ninguna clase

Terminaré este rápido resumen, refiriéndome a algunos de los aspectos concretos más novedosos de la Ley:

  1. La configuración del perfil del contratante que se erige por mandato legal en un tablón de anuncios de acceso público que ofrece amplia y detallada información. Se ha ampliado la información que debe constar en el perfil, comprendiendo casi la totalidad del expediente.
  2. Todos los perfiles del contratante en adelante se tendrán que alojar en la plataforma de contratación del Sector público, o en el servicio de información equivalente de la comunidad autónoma respectiva. Si no se cumple este requisito la contratación es nula. Con ello en adelante la contratación, de cualquier ayuntamiento u administración se amplia, y trasciende de su ámbito territorial. Un golpe de clic y cualquier empresa nacional o comunitaria pueden contar con la información necesaria para presentarse. No me cabe duda, que muchos gestores públicos van a acoger con cautela estas previsiones, que les obliga a tratar con empresas sin compromisos.
  3. También se publicaran todos los contratos menores salvo los inferiores a 5.000 euros, y sus adjudicatarios. En un ejercicio presupuestario la contratación de una administración concreta por este medio con una empresa determinada no puede superar unos límites bastante modestos, que además en adelante, reducen la cuantía, 40.000 euros obras y servicios y suministros 15.0000. De esta forma los fraccionamientos de algunos contratos dejan de tener sentido, aunque van a nacer muchas pequeñas nuevas empresas, pero en fin la cosa se complica
  4. División en lotes. La regla general es que la contratación se trocea, salvo justificación detallada de los motivos o circunstancias de la no división, no es de aplicación a las concesiones. Con ello la subcontratación evidentemente será más limitada al existir más participación. Ya no serán los de siempre.
  5. Se incluyen en su ámbito de aplicación a los partidos políticos, organizaciones sindicales, y asociaciones profesionales cuando superen ciertos umbrales.
  6. Se amplía el ámbito del recurso especial en materia de contratación, que es potestativo y gratuito, y que tan buenos resultados ha venido cosechando hasta la fecha.

En fin muchas e importantes novedades, aunque en el aspecto negativo, indicaré que el texto es farragoso, es una ley muy larga y llena de continuas remisiones. Necesita dedicación.

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