La necesidad de modernizar la Administración Local

Damos la bienvenida al anteproyecto sobre la “Reforma para la Sostenibilidad y la Racionalización de la Administración Local», aunque sin olvidar que avanzamos por un camino imposible si ello no se vincula a mayores controles y asesoramiento externo, a una clarificación del régimen retributivo del personal al servicio de los Ayuntamientos y una perfecta concreción de los límites de la Autonomía Local. El objetivo debería ser la eficacia en la prestación de los servicios, y su delimitación y concreción, poniendo un límite a las aventuras intervencionistas y de ingeniería social que muchos ayuntamientos han puesto en marcha. Con ellos se ha dado cobertura a agencias de colocación, protección de la mujer, enseñanza infantil, inmigración, aventuras empresariales de lo más variopinto, construcción de infraestructuras inservibles, relaciones internacionales, y hermanamientos múltiples con países del tercer mundo. El despropósito ha llegado a tal, que en algún caso, los beneficiarios del hermanamiento han pretendido que las aportaciones económicas se ingresasen en cuentas domiciliadas en Suiza.

Muchos Ayuntamientos por su cercanía al ciudadano, han venido considerando sus competencias como un cajón de sastre en el que vale todo, en él han dado cabida a los proyectos más singulares e improductivos, siendo un nicho de empleo y asistencia de amigos y conocidos sin oficio ni beneficio. Poner coto a todo ello, en un ámbito de intereses muy cercanos, es tarea imposible, si estas actuaciones no se encuentran tuteladas desde fuera.

Según el anteproyecto del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero se han determinado los siguientes objetivos:

  1. Una administración una competencia
  2. Racionalizar la Estructura Organizativa de la Administración Local
  3. Control económico-presupuestario riguroso
  4. Profesionalidad y Transparencia en la gestión pública Local.

En principio el diagnóstico parece correcto, pero como siempre el problema no se encuentra en el trazo grueso sino en el trazo fino. Es fundamental eliminar duplicidades con el ámbito estatal y autonómico, pero desde mi punto de vista el problema está en que se hace con el personal que se venía ocupando de dichos servicios, en ningún caso debería permanecer en el Ayuntamiento. ¿Cómo se resuelve este problema? En el anteproyecto se establece un estándar de gastos medios por servicio en función de la población, determinando la supresión del servicio si el coste es superior en el caso de competencia impropia, o su asunción por la Diputación si es competencia mínima, pero repito la pregunta anterior, el coste de la mayoría de los servicios no depende de su prestación en sí, sino que viene representado por el coste del personal, que en ocasiones, si no perciben las gratificaciones correspondientes, no lo hacen. Y ello nadie lo controla, ni le pone fin.

El segundo objetivo es el de la racionalización de la estructura organizativa local, que también debemos valorar de forma positiva. No parece lógico que en el mundo local convivan tantos entes y organizaciones, que en la práctica no se justifican por su operatividad, sino como fuente de privilegios y, de supresión de los controles administrativos. El problema nuevamente esta en el personal adscrito a los mismos, una vez integrados en la estructura general, a qué régimen retributivo los sometemos, les quitamos sus complementos. Parece positivo no obstante la supresión de consejos de administración, juntas rectoras, etc. que necesariamente de ello se deriva, al no ser más que una fuente de dietas y retribuciones varias para sus integrantes.

Formando parte de este objetivo también encontramos la denominada limitación de la iniciativa económica local, en la que se opta por la simplificación de las licencias para iniciar una actividad y se suprimen los monopolios de los mercados y lonjas. Habrá que ver cómo se concreta, pero no me parece aventurado comentar que encontrará todo tipo de trabas por parte de las burocracias locales, para su puesta en práctica. Sería necesario reforzarlo con algún tipo de tutela jurisdiccional más intensa para hacerlos efectivos. Se pone límite a las actividades económicas locales, que deben volver a donde siempre debieron permanecer, que es en el ámbito privado.

Echo de menos sin embargo, que el régimen de organización de grandes ciudades se deje inalterable, permitiendo la organización en distritos. Estimo que este régimen solo se tendría que aplicar a los pocos municipios españoles que como la literalidad del nombre indica, son grandes ciudades, por su gran relevancia y elevada población.

Según el anteproyecto, se fortalece a los interventores locales para dotarlos de mayor imparcialidad y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. Al no conocer los términos de la futura ley, sólo podemos destacar su aspecto positivo, pero considero que ello se debería complementar con un régimen de responsabilidad más estricto por su parte, en el que incurran en responsabilidad en el caso de incumplimiento de las sentencias condenatorias de carácter económico y con un tope máximo de años al servicio de un ayuntamiento para preservar la independencia.

El asunto más espinoso es el de la profesionalidad y transparencia de la gestión publica local, que en principio se circunscribe a interventores y secretarios. Sería importante que los letrados municipales también formasen parte de un cuerpo de carácter nacional. Las oposiciones y contrataciones de las plazas de administración general tendrían que ser convocadas en un ámbito más amplio que el local, que podría ser el de la Comunidad Autónoma o el provincial, en base a temarios aprobados con carácter nacional. Con ello se favorecería una mayor movilidad del personal, se garantizaría una mayor independencia y se evitaría un peligroso localismo. También habría que asegurar que el personal de los Ayuntamientos estuviese constituido por funcionarios de carrera, o interinos, siendo residual el personal laboral. Este régimen solo puede ser admisible, si representa un pequeño porcentaje de los trabajadores.

Las limitaciones retributivas parece que discurren en el buen camino, pero deben concretarse con más claridad con respecto a funcionarios y personal laboral y eventuales estableciendo unos límites en cuanto al número máximo de horas extraordinarias por persona, que en cualquier caso siempre deberían ser reales. En idéntico sentido tendrían que regularse las plenas disponibilidades.

Las directrices dadas a conocer de la nueva Ley adolecen de normas que favorezcan la modernización y transparencia y la publicidad de las decisiones. No se puede obviar el hecho de que la corrupción ha encontrado en el ámbito local un su mejor caladero, en la doble vertiente de las contrataciones amañadas y de las irregularidades urbanísticas. Así debería ser obligatorio publicitar en la red todos los acuerdos municipales de Pleno y de Junta de Gobierno, así como las sentencias municipales que afecten a ese municipio, con su estado de ejecución. También ayudaría a erradicar la corrupción que las declaraciones de bienes se hiciesen extensivas no solo los políticos, sino al personal directivo al servicio del Ayuntamiento.

Finalmente considero que este proceso precisa de un apoyo externo importante, en el que es menester reforzar el asesoramiento a los municipios desde el ámbito nacional, y autonómico con la redacción de modelos tipos de ordenanza en función de la población, así como de modelos estándar de pliegos de condiciones para la contratación de los distintos servicios.

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