¿Puede el legado liberal dar frutos todavía?

Solo unas semanas después de haber sido nombrado Presidente de la Mont Pelerin Society el profesor Pedro Schwartz, primer español al que esa cuna del liberalismo de postguerra otorga tal honor, los ciudadanos españoles han votado un nuevo y vigoroso apoyo a fuerzas estatistas de varias especies y filiaciones. En su indignación ante la corrupción, la falta de empleo y la desigualdad, la ciudadanía exige regeneración de las instituciones de Gobierno y la reversión de las políticas de austeridad: reclama al tiempo mejor Gobierno y más Estado. Y los votantes de esa socialdemocracia blanda que representa el Partido Popular han disminuido significativamente mientras los partidarios de mayor activismo estatal han resurgido con renovadas ilusiones.

El mensaje liberal, cuyo meollo es la advertencia sobre los costes económicos, políticos, éticos y sociales de un Estado hinchado, parece haber desaparecido. ¿Es esto así?, ¿ha sido arrumbado el mensaje liberal del imaginario español?. Dada el hambre actual de reformas institucionales ¿ofrece alguna posibilidad al ideario liberal de inspirar, aunque sólo sea en parte, las reformas del aparato político que con tanta insistencia se reclaman?

La izquierda ha logrado atribuir con éxito a las doctrinas liberales la condición de chivo expiatorio de cuantas injusticias denuncia. Lo que denomina “neoliberalismo” se presenta como doctrina promotora de la lucha desigual entre el fuerte y el débil, y como ideología encubridora de los interesas de los poderosos. Ante cualquier conflicto moviliza y enardece a la opinión contra el “mercado”, “las privatizaciones”, y “el neoliberalismo”. De este modo identifica la defensa de la justicia con el estatismo y el orden liberal con el Poder (la casta).

Por su parte, el pensamiento liberal se expresa a través de formulas comunicativas obsoletas. De ahí su actual indefensión. Se dirige a la ciudadanía presentando argumentos abstractos con la aspiración de que sean valorados y contrastados con argumentos de signo contrario. Pero la comunicación política hace tiempo que ha abandonado esta vía discursiva, siempre elitista y minoritaria. Como han puesto de manifiesto con singular evidencia los movimientos estatistas florecidos en las recientes elecciones municipales, y antes en las europeas, la comunicación política requiere hoy no solo formular argumentos y relatos, sino incorporar a ellos una carga emocional que lleve a sus destinatarios a cambiar su percepción del mundo. Y ello sólo se logra haciendo surgir el mensaje abstracto de la denuncia y condena de las situaciones concretas que movilizan los sentimientos del público volviéndolo así receptivo al relato propuesto(cada grupo hace el suyo) de las causas de lo denunciado. La emoción antecede a la razón. Hoy en política no hay pensamiento sin acción, acción sin movilización ni movilización sin pasión.

Los liberales hemos estado inexplicablemente silentes ante los abusos concretos que suponen la quiebra de los principios que defendemos. ¿Cuántas voces de esta corriente y con qué fuerza movilizadora se han levantado contra los arreglos organizados en Luxemburgo en favor de un sinnúmero de multinacionales para reducir a la insignificancia su contribución a las Haciendas de los países europeos, donde obtienen sus ingresos?. ¿Cuántas voces liberales se han alzado en apoyo de las víctimas de malas prácticas comerciales en la colocación de obligaciones subordinadas y acciones preferentes?¿Por qué ha habido que esperar en el silencio de las voces liberales que fuera el tribunal de Estrasburgo quien tuviera que enmendar aspectos de la legislación hipotecaria española para evitar la indefensión de los deudores sujetos a procedimientos de desahucio?. ¿Porqué muestran timidez en la denuncia de todos aquellos costes ocultos que los gobiernos imponen a la ciudadanía a través de subvenciones encubiertas y de tarifas de servicios públicos?. La inclusión de subvenciones en las tarifas, que debieran explicitarse y en su caso aprobarse en los presupuestos públicos constituye un grave quebranto al principio liberal que exige transparencia en el proceso de formación de precios. Además la inclusión de subvenciones en las tarifas de bienes de universal consumo constituye un gravamen oculto tremendamente regresivo y contrario por tanto a principios de equidad fiscal. ¿Por qué no somos capaces de movilizar a las víctimas de tales prácticas contra los políticos que las aplican?. No podemos lamentarnos de que nos tilden de agentes de la desigualdad si no combatimos la legislación que la causa. Porque, y esta es una afirmación de la mayor importancia, contra lo que afirman los estatistas, la desigualdad no es consecuencia del mercado, sino de la legislación escorada en defensa de intereses particulares de agentes privados y también públicos. Así lo ha demostrado con profusión de análisis el Nobel Joseph E. Stiglitz poco sospechoso de conservadurismo, (véase su obra “El precio de la desigualdad”).

La opacidad de las cargas del Estado tiene gravísimas consecuencias para la ciudadanía: impide que formule sus preferencias con conocimiento de causa. Así, una mayoría de la población acaba convencida de que los incrementos de gasto público serán financiados por impuestos a los “ricos”, sin percibir que es sobre ella misma sobre quien recae siempre finalmente el grueso de la carga fiscal . Estas percepciones erróneas no pueden modificarse publicando eruditos ensayos económicos, ni pretendiendo que la ciudadanía aumente su educación económica formal, porque sencillamente no cabe esperar de ella tal esfuerzo. La única vía de ilustrar a la ciudadanía en este sentido es erradicar los múltiples velos que encubren los costes reales de lo que se le exige que page. Aquí hay una tarea ingente a realizar en el ámbito de las reformas institucionales y es aquí donde el pensamiento liberal tiene muchas reformas a proponer para que la ciudadanía no sea inducida a error. Solo dos ejemplos a modo de ilustración: Primero todo trabajador por cuenta ajena debería saber que aunque la cuota empresarial a la seguridad social devengada por su trabajo, sea jurídicamente una carga para la empresa, económicamente es una carga para él. Además y en segundo lugar, esta carga, que es su contribución al sistema de pensiones lo legitima par ser informado sobre el valor de la contribución total realizada a lo largo de su vida,(por cuenta propia y de la empresa),sobre la pensión que puede esperar y la relación entre ambas cantidades. Sólo así podrá saber si el sistema vigente le beneficia o le perjudica. Si la ciudadanía no tiene acceso a datos fidedignos sobre los costes de las políticas públicas mal puede formular sus preferencias respecto a ellas. Una ciudadanía desincentivada por los obstáculos a informarse sobre los costes de las políticas públicas, sobre sus alternativas, sobre el uso y abuso electoral que de ellas se hace, y en consecuencia desentendida de su control, mal puede cumplir con las funciones que el sistema democrático y sus instituciones reclama de ella. Y sobre la base de una ciudadanía con preferencias inconsistentes y muchas veces arbitrarias, cualquier reforma de las instituciones políticas puede resultar fallida. Aquí encontramos la segunda hoja de la tijera precisa para renovar y mejorar las instituciones democráticas. Estas tienden rápidamente a su desgaste y disfunción, cuando la ciudadanía abandona su control por desconocimiento, desaliento o comodidad. Se perfilan así, dos campos en los que el legado de los principios liberales puede contribuir a revitalizar la democracia española: el primero, el conjunto de reformas dirigido a hacer transparente el coste y el funcionamiento del Estado, para que la ciudadanía pueda formular sus preferencias con conocimiento de causa; el segundo, la reforma de las instituciones diseñadas para recoger las preferencias colectivas surgidas de una información completa y veraz, (como son la Ley Electoral, la regulación de los partidos políticos, una efectiva separación de poderes ,etc…), de modo que esta función-la de reflejar las preferencias colectivas- se lleve a cabo con las menores distorsiones posibles. Estas tareas no pueden consistir solo en redactar sesudos informes y libros. Exigen la movilización y el compromiso con los diversos colectivos victimas de transgresiones de los principios de transparencia y de igualdad ante la ley, expresión política del respeto a la persona. Sólo asì, ganando aliados y votantes, podrán vencerse los inevitables obstáculos a las reformas institucionales que se precisan. Los principios liberales nacieron de la necesidad perentoria de defender los derechos de las personas frente a los poderes en todos los ámbitos de la vida colectiva, aquí y ahora, y han de legitimarse por este afán fundacional. Debemos proteger los derechos de las personas. No cabe combate más eficaz por la igualdad.


Este artículo fue publicado originariamente en ACTUALIDAD ECONÓMICA

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José Luis Oller Ariño

Acerca de José Luis Oller Ariño

Doctor en Ciencias Económicas, ha sido profesor en la Universidad de Barcelona e IESE. Director General de Economía de la Generalitat de Catalunya y Asesor Económico de la Presidencia de Gobierno y del Ministerio de Economía en diversas ocasiones. Fue Director General de la Bolsa de Barcelona, así como Promotor y Director General del Mercado de Futuros Financieros. Asesor Económico del Fomento del Trabajo y de la CEOE. Ha sido consejero de Endesa y en la que ahora es Defensor del Cliente y en la actualidad consejero de ICF Holding, Bansabadell Inversiones y Patrón de la Fundación del Círculo de Economía.

Un pensamiento en “¿Puede el legado liberal dar frutos todavía?

  1. Hola, Jose Luis,

    Pongase en contacto con nosotros, por favor.
    Vivimos ahora en Virginia, EEUU.

    Saludos cordiales, y a Mari Luz tambien.
    Kevin y Kate Brennan

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