La situación

“Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral”.
(José Ortega y Gasset)

En un momento en el que, diga lo que diga Norberto Bobbio, los conceptos de derecha e izquierda están, si no totalmente obsoletos, sí por lo menos bastante desdibujados, con la actual obsesión por las opciones «centristas» (de «centro-derecha», «centro-izquierda» y «centro-centro»), o pretendidamente superados por las llamadas «terceras vías», y a pesar de que, como ya dijo Ortega, “la persistencia de estos calificativos contribuye no poco a falsificar aún más la realidad del presente, ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo demuestra el hecho de que las derechas prometan revoluciones y las izquierdas propongan tiranías”, un sistema electoral como el vigente en España, que favorece el bipartidismo y penaliza a las opciones intermedias, resulta anacrónico y contrario al facilitamiento de la natural evolución política.

El sistema de circunscripción uniprovincial establecido en el parágrafo 2 del artículo 68 de la Constitución, desarrollado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, propicia la sobrerepresentación en el Congreso de los Diputados (cámara que inviste, conforme al artículo 99, al Presidente del Gobierno y que ejerce verdaderamente la función legislativa), de los partidos mayoritarios en menoscabo de los nacionales minoritarios, que precisan de un número desorbitado de votos para obtener un escaño.

De otro lado, ya conocemos el uso que de su representación hacen los partidos nacionalistas, chantajeando a los candidatos a la hora de ser investidos y a los grupos parlamentarios al ejercer su función legislativa, incluida la aprobación de los Presupuestos Generales. No deja de resultar paradójico que una legislación electoral que, al establecer como circunscripciones electorales las provinciales y una fórmula de atribución de escaños de proporcionalidad corregida, lo que dijo pretender fue, en aras de la gobernabilidad, acabar con la «sopa de letras» de las siglas de los numerosos partidos en un principio existentes, lo que a la postre haya conseguido con ello sea propiciar la «feudalización» de los poderes territoriales.

Porque eso son realmente hoy los representantes territoriales de los partidos políticos, verdaderos nuevos señores feudales a los que cuadra perfectamente el apelativo nobiliario con que en la terminología popular se les conoce, «barones» que ejercen en sus respectivos territorios virreinatos basados en el amiguismo y el despilfarro, en el dominio de todos los mecanismos de influencia y control: instituciones políticas y financieras, medios de comunicación, etc.

Y no sólo ellos. Toda la clase política, convertida en auténtico clan, se ha autoerigido en privilegiada casta social situada por encima del bien y del mal, al pairo de cualquier exigencia de responsabilidad.

Los partidos políticos han ido poco a poco apropiándose de la soberanía que debe corresponder al ciudadano. Lo han logrado mediante el establecimiento de un sistema excesivamente rígido de representación y de disciplina de voto, de la incomunicación entre elector y elegido, del sistema listas cerradas y bloqueadas y, sobre todo, de un funcionamiento interno nada democrático, confundiendo la forma con el fondo y los medios con los fines y violando lo específicamente previsto al respecto en el artículo 6º de la Constitución.

El fin de la democracia no puede ser otro que la defensa de la libertad del individuo y de las instituciones. Puesta al servicio de las oligarquías de los partidos se convierte en algo muy pernicioso. No puede calificarse propiamente de democracia a un sistema en el que la cúpula de unos partidos que representan a un exiguo porcentaje de votantes (que a su vez –dado los cada vez mayores índices de abstención- no suponen mas que una parte cada vez menor de los ciudadanos con derecho a voto), designa, por su inclusión en unas listas cerradas y bloqueadas, a quienes hayan de formar parte del Congreso de los Diputados y, con su mediación, a quienes hayan de integrar el resto de los organismos e instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas del Reino, Defensor del Pueblo, Consejo de Radiotelevisión Española, etc. Un sistema así no es una democracia, sino un «democratismo absolutista» cuya perpetuación no sólo consiente, sino que propicia, una legislación electoral impeditiva de cualquier intento de regeneración democrática.

En estas condiciones es razonable que los parlamentarios y concejales consideren que su escaño o concejalía se la deben al partido y que la cúpula de éste, dueña de los puestos por los que se accede a aquellos, los consideren como de su propiedad, imponiendo férreas disciplinas de voto que lo que persiguen no es la defensa de los intereses del elector, sino la de sus propios intereses partidistas, cuando no meramente personales. Lógica consecuencia de ello es la profesionalización de la política a base de mediocridades, porque una situación así sólo la soportan los sumisos.

Dalmacio Negro Pavón denuncia esto mismo con claras expresiones de reproche: “Ni siquiera hay representación –dice-, pues la controlan absolutamente los jefes de los partidos con ayuda del sistema de «listas cerradas». Es más, ni siquiera se cumple la Carta-Constitución que prohíbe expresamente el mandato imperativo. Sin embargo, es lo que hay: los «representantes», seleccionados mediante las infinitas trabas «morales» de las incompatibilidades y el favoritismo, están obligados a seguir al pie de la letra en todas partes y en las votaciones en las Cámaras las instrucciones de la élite del partido respectivo, que no son ni siquiera meramente orientativas, sino mandatos imperativos. Los «tránsfugas» que usando su derecho formal aparecen a veces, no alteran el abuso. Se dice que toda la Legislación aprobada por las Cortes desde la vigencia de la Carta-Constitución es nula de pleno derecho por contravenir la taxativa prohibición que establece aquella del mandato imperativo” (Del Movimiento al Consenso; en Razón Española, nº 140; Madrid, noviembre-diciembre 2006; pág. 281). El profesor Negro, y otros como el profesor Ramón Peralta, Martínez, defiende la tesis de que, al no haberse convocado como constituyentes los comicios en que fueron elegidas las Cortes que discutieron la Constitución, ella misma es en realidad una “Carta otorgada” por la que denomina “oligarquía del consenso”. En diferente sentido se pronuncia el profesor José Peña González, que entiende que tal carencia debe considerarse subsanada a posteriori, al haber sido la norma resultante sometida a referéndum nacional antes de su promulgación. Personal y modestamente me inclino por la primera de dichas posiciones.

Un estado de cosas así no puede perpetuarse ni mantenerse por mucho tiempo, por lo que cada vez son más los síntomas (como el hastío de la ciudadanía, manifestado en los cada vez mayores índices de abstención) que indican que el sistema se  descompone a pasos agigantados y que la situación es insostenible.

Ante una situación como la descrita, se hace cada vez más urgente y necesario liberalizar la política en todas sus instancias, democratizando el funcionamiento interno de los partidos y de las instituciones, comenzando por la reforma de una legislación electoral como la vigente que favorece falsas representatividades primando desmesurada y fraudulentamente determinadas opciones, con absoluto desprecio al principio de igualdad constitucionalmente consagrado en el artículo 14.

Un pensamiento en “La situación

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.