Apuntes para un debate

Una hipótesis liberal y diez concreciones ¿utópicas?

En los últimos meses del pasado 2008 surgió, en internet, una polémica en torno a la necesidad de la adjetivación del liberalismo (progresista vs conservador), decantándose quien esto escribe por evitar el adjetivo y concretar el contenido, porque el adjetivo puede ser arma arrojadiza o, peor aún, disculpa de exclusión.

Aquel debate en internet lo canalizó el Club Liberal Español organizando uno de cuerpo presente, en el Ateneo de Madrid, para el que se ofrecen estos apuntes.

Presento aquí un guión, unos apuntes, para el debate sobre la realidad ideológica del liberalismo en el siglo XXI, sin pretender ser exhaustivo en la descripción de lo que estimo contenidos de pretensión liberal.

Ofrezco mis juicios, que tengo por liberales, sobre un conjunto de cuestiones para someter, éstas y otras que se planteen, a las muchas sensibilidades liberales existentes, unas organizadas en partidos de matiz diverso, y otras, como la mía, que deambulan a la intemperie.

Trato de colocarme en el ámbito ideológico aunque por necesidad, de concreción o de ejemplo, me apoye en opciones más concretas de lo que quizá exigiría una propuesta ideológica. Dejo a la inteligencia del lector la distinción de la almendra del liberalismo de aquello que sea más contingente.

No me parece adecuado plantear el debate desde la pura abstracción, eludiendo el escenario de nuestra realidad, razón por la que planteo mis reflexiones en la realidad de España, que es en la que vivimos.

De todas las notas que siguen, muchas de ellas podrán tildarse, por algunos, de más progresistas y otras, por los mismos observadores o por otros, de más conservadoras. Mi duda es si estos adjetivos están contaminados de prejuicios nacidos en pagos dudosamente liberales y, por tanto, dudo si nos son útiles para concretar las diversas orientaciones del pensamiento liberal.

En todo caso, de usar estos adjetivos, desde la perspectiva liberal habría de tenerse por progresista la oferta que produzca más libertad, no la que proponga más intervención y siempre deberá ser tildada de “regresista” la que limite o cercene la libertad, la que proponga “la absorción de la espontaneidad social por el Estado”, en palabras de Ortega y Gasset.

 

UNA HIPOTESIS LIBERAL PARA EL SIGLO XXI.

El liberalismo es una ideología en sentido estricto, porque ofrece una visión global del mundo y de la vida, porque ofrece una cosmovisión, ordenando ambos, mundo y vida, en razón del individuo y de su irrenunciable exigencia de libertad.

El liberalismo no plantea como dicotomía el binomio individuo-sociedad, porque éste contiene términos complementarios, sino que plantea la confrontación del binomio individuo/sociedad-Estado.

Tanto el pensamiento conservador como el socialista han personificado la sociedad en el Estado. El Estado está legitimado porque es la concreción de la sociedad y, por tanto, el único productor de interés general.

El conservadurismo entenderá que el Estado es el guardián de los valores tradicionales y, en todo caso, el ordenador del desarrollo económico y social y el garante de aquellos valores. Los socialistas considerarán al Estado como instrumento de transformación de la sociedad hacia posiciones más uniformes, tendentes al pensamiento único, más despersonalizadas, de evitación de las élites, de igualitarismo.

Ambas ideologías otorgan al Estado un papel central, por encima del otorgado al individuo, para conservar valores o para transformar la sociedad. Porque el Estado es un bien en sí mismo y es portador de una legitimidad superior a la de los individuos que serán, desde luego, los receptores del bien común que el Estado produce y garantiza.

Es el Estado padre, garante… Es el “poder anónimo”, de Ortega y Gasset, del que el, también, anónimo hombre-masa “cree que es cosa suya” de modo que, ante “cualquier dificultad, conflicto o problema: el hombre-masa tenderá a exigir que inmediatamente lo asuma el Estado… con sus gigantescos e incontrastables medios”.

Para conservadores y socialistas, con pretensiones distintas, se confunde el concepto de Nación con el de Estado, el Estado es el poder que la Nación ha cedido y que le representa, así que es en el Estado en el que se invita a poner la confianza en el futuro, la confianza en la seguridad de cada uno y en la seguridad de todos. De aquí que la intervención pública sea tenida como algo positivo, como “progresista” (así, sería más progresista la sanidad pública que la privada…, con independencia de su eficiencia).

Sin afán de molestar, pero para expresarlo de manera comprensible, puede decirse que conservadores y socialistas coinciden en lo que se llamaría “populismo estatalista”, fundado en el proteccionismo económico con limitación del mercado, lo que genera, en apariencia, seguridad y, realmente, produce estancamiento social, falta de movilidad social. Porque los ricos continúan siéndolo y los pobres, aunque protegidos, continúan siendo pobres. Una economía de mercado altera con rapidez el elenco de operadores, los hijos de los ricos dejan de serlo y surgen ricos nuevos.

El liberalismo no otorga al Estado la competencia de transformación social, porque tal eventual transformación la llevarán a cabo los individuos con su voluntad, articulados en las sociedades intermedias que libremente constituyan (son las “subsociedades libres, en cada una de las cuales pueden defenderse opiniones y creencias diferentes”, de Karl Popper).

Así que dicha transformación social no se produciría según los dictados de un visionario que establece el pensamiento único, que mueve los hilos del poder estatal para crear adeptos, sino que la transformación social se produciría, de manera espontánea, atendiendo al vigor y posibilidades de las corrientes ideológicas y de los intereses lícitos que circulen por la sociedad y se confronten en ella. El Estado sólo establecería el marco de libertad para que cualquier transformación social fuera posible.

El liberalismo, lo reitero, no tiene al Estado como un instrumento de transformación social, sino como un instrumento productor de libertad y justicia y, por tanto, necesario, pero de mínimos, porque entiende que el motor del desarrollo y del cambio es la libertad del individuo, su libre pensamiento, su lícito interés.

Ser garante de la liberad y de la justicia, es la única razón que explica la existencia del Estado. Libertad que se despliega en la sociedad que es pluralidad ordenada de individuos. Libertad que la Ley garantiza y que sólo la Ley puede limitar, con justa causa. Justa causa sólo es el riesgo cierto de un mal inmerecido para los demás.

Para Locke, la Ley, más que la imposición de la voluntad mayoritaria, ha de ser la garantía del individuo frente al Estado y frente a cualquier grupo poderoso, incluso frente a la propia mayoría. Porque la mayoría sólo sirve para asignar el poder, no para dar la razón ni para negar derechos. La mayoría no tiene por qué acertar, pero si tiene por qué mandar. Y es, precisamente, el poder de la mayoría el que debe ser controlado por la Ley.

El liberalismo considera a los individuos, a los ciudadanos, como productores del interés general, lo que también es el Estado, siempre que sea necesaria su intervención y será necesaria sólo cuando los individuos no puedan o no quieran desarrollar una actividad necesaria para el confort común.

El Estado siempre produce interés general cuando actúa, correctamente, como regulador y controlador de las actividades desarrolladas en la sociedad, en los estrictos términos de regulación y control que cada actividad exija. El Estado produce interés general, sólo si es garante de libertad y de justicia.

El Estado democrático no es más que un instrumento representativo, caracterizado por dos elementos: elección, y control, que no es sino derecho a la desconfianza. Elección, o procedimiento aritmético para elegir a quienes ejerzan el poder; Control, o función de quienes no lo han alcanzado (oposición). Porque los electores, incluso los votantes de quien detenta el poder, si son inteligentes, deben ejercer su derecho a la desconfianza respecto de sus elegidos. Nunca debiera ser a la inversa, pese a que ocurra, con frecuencia, que el poder considere como sospechosos y posibles defraudadores a los ciudadanos. Si ocurre así es porque se tiene al Estado como el “Bien” y, consiguientemente, los ciudadanos, la Sociedad, son el riesgo que puede perturbarlo.

De aquí que la clave de una sociedad de hombres libres, de ciudadanos, sea la de disponer de leyes que garanticen y fomenten la libertad y persigan su perturbación y disponga, también, de una justicia imparcial y de calidad. Así que, desde la perspectiva de los liberales, el progreso, la política “progresista”, no se vincula a la mayor intervención pública (que es instrumental y frecuentemente perturbadora), sino que se identifica con la mayor producción de libertad y de justicia.

El liberalismo propugna administraciones con recursos suficientes pero escasos, porque la burocracia es un riesgo para la libertad individual y porque todos los recursos posibles de una sociedad deben estar destinados a producir riqueza, en manos de la iniciativa privada, y sólo los mínimos han de destinarse a la organización que garantice la libertad y la justicia.

El liberalismo fomenta las élites, fomenta la promoción de los mejor preparados. Partiendo de que todos han de tener las mismas posibilidades en origen, cree en el esfuerzo y en el mérito individuales.

La igualdad ha de hacer referencia a los derechos fundamentales, a las exigencias básicas de vida con un necesario mínimo confort y a las posibilidades de poner en evidencia los propios méritos, pero no puede defenderse la igualdad del resultado derivado de méritos y esfuerzos distintos.

El liberalismo, no cabe ocultarlo, no garantiza la bondad de los resultados por el ejercicio de la libertad, precisamente porque la libertad es un bien en sí mismo, que se justifica en sí misma no por sus resultados, y así decía Friedrich Hayek que “La libertad concedida tan solo cuando se sabe de antemano que sus efectos serán beneficiosos, no es libertad”.

Los individuos son iguales en lo básico y distintos en todo lo demás, piénsese que, desde el inicio de la vida humana, en el planeta Tierra no han existido dos seres humanos iguales. El objetivo de los liberales no es hacer ciudadanos iguales (salvo en lo esencial) sino hacer ciudadanos libres y, por tanto, desiguales, distintos entre si. Me temo que este objetivo no es tenido como progresista en la acepción hoy dominante en la opinión pública, en los mass-media.

Si es necesario concretar aquí los pilares del liberalismo, señalo tres: individuo, razón y ley. El individuo libre, como eje del mundo, he aquí el antropocentrismo que emergió en el Renacimiento, tras la oscura Edad Media, y se consolidó en la Ilustración. Como exigencia del individuo libre, la razón, contraste al que ha de someterse toda conducta humana. En el ámbito de lo público, el individuo único sujeto de derechos, y la razón guía de conductas, se concretan en la ley, como garantía del individuo frente a los poderes que tienden a coartar su libertad

 

LA ADJETIVACION DEL LIBERALISMO.

El liberalismo, si tuviera que ser algo, es “lo más liberal posible”, y así será cuanta más capacidad tengan sus propuestas de producir libertad efectiva para los ciudadanos y requiera menor auxilio de los poderes públicos, que garantizan la justicia porque, desde mi punto de vista, esta mayor potencia productiva de libertad está en relación inversa a la intervención pública.

Ya he advertido que, en mi opinión, el término progresista está contaminado por intenciones poco liberales, porque nació en pagos de dudosa vocación por las libertades y, por otra parte, porque me parece que no es útil para describir, correctamente, los contenidos de las diversas orientaciones del pensamiento liberal.

Si progresismo es el conjunto de criterios en pro del progreso. ¿Quién se va a confesar contrario al progreso y, por tanto, no progresista?. Percátense de que ni siquiera existe el término regresista, por innecesario, aunque yo lo he colado en tres ocasiones, a lo largo de mis DIEZ CONCRECIONES que se acompañan, entrecomillado y con cierta perversidad.

El término progresista no tiene antinomia en el leguaje político, porque es la condensación de todo el bien sin mácula de mal, de modo que quien se excluya de su contorno se hace titular de toda la maldad, esto es lo que quiere transmitir al hombre-masa el vulgar pensamiento único. ¿Cabe mayor simpleza intelectual?.

Es de sentido común que, según desde qué perspectiva se plantee, el progreso podría considerarse una cosa o la otra y, por tanto, deberá alcanzarse por una u otra vía. Los liberales creemos que la libertad individual es, en sí misma, progreso y que la explotación de las propias habilidades, en un marco regulado, genera progreso. Otros, los conservadores y socialistas, creerán que el progreso es la seguridad y la transformación social pre-diseñada, que se alcanza mediando la intervención pública. Así que todos somos progresistas y ninguno “regresista”.

En todo caso. ¿Por qué no define el concepto, quien lo defienda?. Definir un concepto es aislarlo del todo e identificarlo como algo distinto al resto. Naturalmente, habrá que definir primero el concepto progreso y después el de progresismo.

Para Hayek el progreso es “el proceso de formación y modificación del intelecto humano…”, y si hay un ejemplo de progreso ese es nuestra civilización occidental, “objeto de envidia y deseo del resto del mundo”, progreso que nunca fue planificado, porque no son planificables las proyecciones seculares.

En 1960, en plena coexistencia pacífica, Hayek lo dice claramente al advertir que ambos bloques buscan el progreso pero que “La principal diferencia estriba en que sólo los totalitarios saben claramente cómo quieren lograr estos resultados, mientras que el mundo libre puede mostrar únicamente sus logros pasados, dado que, por su misma naturaleza, es incapaz de ofrecer cualquier “plan” detallado de su propio desarrollo”.

Amigos, es la espontaneidad social de Ortega y Gasset y es el fracaso de del marxismo con su falso cientificismo.

¡Cuánto se parece aquella vocación planificadora, barnizada de huero cientificismo, al vigente pensamiento único que, arrogantemente, se autoproclama progresista en exclusiva!.

Pero, realmente, no es novedoso apropiarse de denominaciones. Decía Ortega y Gasset, en referencia a la derecha y la izquierda, que aplico yo hoy al progresismo, que cuando alguien nos pregunta sobre si somos de derecha o de izquierda (hoy, si somos progresistas), “… debemos preguntar al impertinente, qué piensa él que es el hombre y la naturaleza y la historia, qué es la sociedad y el individuo, la colectividad, el Estado, el uso, el derecho. La política se apresura a apagar las luces para que todos estos gatos resulten pardos”.

Vuelvo con Hayek quien, renegando del liberalismo racionalista, también se plantea la denominación de sus ideas y duda de que le sirva hasta el término liberal, cuya connotación americana desprecia, y niega su coincidencia con “…quienes en el continente europeo se denominaron liberales (y) propugnaron, en su mayoría, teorías… impulsando… más al deseo de imponer al mundo un cierto patrón político preconcebido que el de permitir el libre desenvolvimiento de las gentes”. ¿Se dejaría llamar Hayek progresista?. No lo creo.

Recuerden que, también, Karl Popper quería huir de tan pobre alternativa, derecha-izquierda. Siempre sirve para que los arrogantes pensadores de lo políticamente correcto nos dividan, maniqueamente, entre los tocados por el dulce dedo de la modernidad, ellos, y los ajenos a su buena nueva, los críticos, e incluso los escépticos, con el pensamiento único.

Ya habrán advertido que resolver, con arrogancia y altanería, el dilema izquierda-derecha, a favor de la primera opción, no tiene más finalidad que evitar justificar su elección, presentándola como obvia. Pero los liberales estamos sometidos a la razón y tenemos que explicarlo todo, de modo que la arrogancia no nos evitaría la justificación necesaria.

Los liberales somos críticos, no aceptamos, mansamente, el pensamiento único, ni tenemos que aceptar su terminología, porque tenemos la nuestra. ¿Qué pensador liberal se ha autodefinido como liberal progresista?. ¿Por qué utilizar un término radicalmente devaluado por su abusiva utilización y desnaturalizado por su vinculación con el más arcaico antiliberalismo?.

Articulemos líneas de pensamiento sólidas y dejemos de escupir adjetivos, sin contenido reconocido y carentes de utilidad. Porque para los liberales, todos los gatos no son pardos…, cada gato tiene su color.

Pero puestos a adjetivar al pensamiento liberal, por fortuna muy variado, podría ensayarse la de liberalismo radical, refiriéndonos a aquel orientado a la mayor libertad individual y menor intervención pública, y social liberalismo, en referencia al que sugiera una mayor intervención del Estado, a costa de menor libertad individual.

No creyendo, como está dicho, en la adjetivación del liberalismo, me parece que esta clasificación, liberalismo radical y social liberalismo, aporta mayor comprensión de sus respectivos contenidos, siempre y sólo a título meramente orientativo y siempre con el riesgo de que cada cual se adjetive, más que según contenidos según el mayor brillo público del adjetivo. Así somos los seres humanos… El término radical está reconocido en Europa, aunque en España, tenga una mayoritaria acepción negativa, con la ventaja de que nos evitaría muchos presuntuosos (disculpas por el exceso).

He de advertir que, a ojos vista, ni la trayectoria de la Unión Europea ni el derrotero del propio Estado español se orientan en mínima sintonía con las ideas expuestas en estas páginas ni en su anexo. Las cosas son como son y no reconocerlas es muy poco útil, además de estúpido.

Esta realidad negativa me sugiere, aprovechando este debate, la necesidad de mantener vivo, actualizado y combativo, el variado pensamiento liberal (sin calificativos o con ellos, siempre que no sean excluyentes), en pro de reorientar Europa hacia su realidad en trance de olvido, como creadora de la civilización occidental, y a favor de la regeneración del Estado español, empeñado tercamente en acunar el sueño suicida del hombre-masa y en impedir el despertar del hombre-libre, del ciudadano.

Los liberales, acostumbrados a saber que aún no ha llegado nuestra hora, tenemos serenidad y tiempo para afanarnos en la tarea de profundizar en una alternativa doctrinal que sea útil para el momento en que se haga patente la crisis del Estado de las Autonomías, la crisis del Estado del derroche, que, huyendo de sí mismo, corre por un callejón sin salida. Aunque no se lo crean, acabará llegando nuestra hora, no se si solos o en compañía de otros.

Los liberales encuadrados en los partidos políticos, que ya están en compañía de otros, tienen una gran tarea en la introducción de esta alternativa doctrinal, aunque sea limitados por las exigencias de oportunidad y prudencia, digámoslo obiter dicta, propias de la obediencia debida.

Los liberales a la intemperie o encuadrados en entidades de debate y reflexión, también tenemos nuestra tarea, menos encorsetada, menos condicionada y hasta más descarada, para difundir la alternativa de la libertad, sin concesiones a lo vacuo, a lo que hoy se tiene por políticamente correcto.

DIEZ CONCRECIONES ¿UTOPICAS? A LA HIPOTESIS LIBERAL

Para precisar las líneas que anteceden, manifiestamente genéricas, las hago acompañar de estas DIEZ CONCRECIONES, posiblemente utópicas que, si bien no abordan la inmensidad de las exigencias de libertad, pueden dar una idea de lo que entiende su autor por liberalismo en el siglo XXI, pidiendo disculpas por su excesiva apariencia programática.

I.- ESPAÑA ES UNA NACION QUE GARANTIZA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE LIBERTAD.

La igualdad esencial de todos los ciudadanos y su libertad individual son principios irrenunciables del liberalismo. Así que, si la hipótesis de una ESPAÑA, NACION DE NACIONES, con independencia de que sea discutible desde el punto de vista científico, pone en cuestión estos principios, tal hipótesis plurinacional debe ser rechazada.

A mi juicio, desde el punto de vista liberal, no es asumible la idea de ESPAÑA, NACION DE NACIONES, que supone el reconocimiento de hechos colectivos identitarios, fundados en la raza y en imaginarios “derechos históricos”:

a) Porque los “derechos históricos”, no sólo son un pésimo argumento de secesión sino, además, porque los “derechos forales originarios”, otorgados por el poder absoluto de los monarcas absolutos, sucumbieron con la caída del antiguo régimen, como se suprimieron las pruebas de limpieza de sangre, como desaparecieron los señoríos, como sucumbió el mayorazgo o como se produjo la confusión de estados.

b) Porque desde la Revolución Francesa no está en cuestión que el único sujeto de derechos políticos sea el ciudadano.

c) Porque, objetivamente, en dos de las regiones españolas (País Vasco y Cataluña) en que los nacionalistas reclaman tales “derechos históricos”, la mayoría social está compuesta por ciudadanos cuyos hipotéticos derechos históricos hundirían sus raíces en otras regiones españolas. Me refiero a la muy intensa emigración interior producida a lo largo de los siglos XIX y XX, que no se toma en consideración, como si los inmigrantes tuvieran la obligación de renunciar a su origen para confundirse con el que ya es manifiesta minoría.

El idioma es pieza clave para la igualdad de todos los ciudadanos, tanto para acceder a la educación y a la cultura como al puesto de trabajo, lo que exige establecer el principio de unidad idiomática que, desde luego, no impida la co-oficialidad subordinada de las lenguas vernáculas. El castellano ha de ser la lengua oficial del Estado, obligatoria para todos los españoles. Las lenguas vernáculas podrán ser protegidas pero nunca impuesto su aprendizaje ni exigido su conocimiento para actividad pública o privada alguna.

En mi opinión, desde la perspectiva liberal, no son asumibles las tesis nacionalistas, porque se fundan en derechos colectivos absolutamente inexistentes, por derogados, y utilizados como aparente derecho de secesión, sometiendo a los ciudadanos, con el vergonzoso apoyo de los poderes públicos, a conductas dirigidas a hacer verdad la falsedad identitaria que una minoría dominante pretende.

Creo que es exigencia de los liberales levantar bandera contra los nacionalismos excluyentes que niegan que el ciudadano sea el único sujeto de derechos políticos y, por tanto, hemos de levantar bandera contra las técnicas de uniformización aplicadas en determinadas regiones españolas para establecer, a posteriori, el falso hecho diferencial, para “hacer país” dicen, aunque sea, realmente, para inventarse un país (alteraciones toponímicas, imposiciones nominativas, represión lingüística, exacerbación del ruralismo en idílica vuelta a unos imaginarios orígenes, etc.).

Por tanto creo que es exigencia de los liberales levantar bandera contra las imposiciones identitarias nacionalistas que, con mayor o menor crueldad, pero cruelmente, se ha venido imponiendo en los últimos treinta años, tanto en el País Vasco como en Cataluña y que ahora asoman en Galicia.

Asombra que esta imposiciones identitarias nacionalistas haya hecho carne en, prácticamente, todos los movimientos de izquierda que se vienen identificando como progresistas, asumiendo esta opción identitaria, excluyente y obligatoria, radicalmente reaccionaria a los ojos de cualquier liberal y, suponía hasta hace algún tiempo, que también a los ojos de cualquier socialista.

 

CONCLUSION I.-

España es una nación, por sobradas razones históricas y, en todo caso, como garantía de la igualdad de todos los españoles, razón por la que no cabe transigir sobre su existencia y unidad.

El castellano ha de ser el idioma oficial de España, lo que es compatible con la co-oficialidad subordinada de las lenguas vernáculas, como garantía de igualdad de todos los españoles.

Las identidades colectivas con que se niega la nación española vulneran el concepto de ciudadano, único sujeto de derechos políticos, y, por tanto, vulneran los principios de igualdad y de libertad individuales.

 

II.- VOCACION EUROPEA.

La unidad política de Europa y la consolidación de la actual fase de Mercado Único, basado en la libre competencia, son aspiraciones típicas del liberalismo moderno, no siempre compartidas por posiciones localistas y renuentes a la libre competencia.

Así como la velocidad del proceso de integración política es una mera cuestión estratégica, no ideológica, por el contrario, la naturaleza de la Unión sí es cuestión ideológica; tengo por liberal el fomento de la “Europa de los ciudadanos” frente a la “Europa de los Estados” y frente a la “Europa de los pueblos”, que desde otras posiciones se defienden.

Reiterando el principio universal de igualdad, del que no puede quedar excluido ser humano alguno, los liberales europeos tenemos derecho y obligación de exigir que se reconozcan los pilares de nuestra civilización: Grecia (la filosofía), Roma (el derecho), Cristianismo (la dignidad humana) e Ilustración (la centralidad del individuo), para que se incorporen al acerbo universal, porque sólo donde y cuando estos cuatro elementos han coexistido, se ha conquistado, de manera efectiva, la libertad.

La dilución de los Estados miembros en la Unión Europea es prueba de que la mayoría de los ciudadanos europeos carecen de pretensiones identitarias o excluyentes. Permítaseme la chanza de suponer que ni los atenienses, ni los romanos, ni los castellanos, ni los ciudadanos del Franco Condado, ni los aragoneses, ni los ciudadanos del Tirol, ni los de otros muchos territorios históricos europeos (¿hay algún territorio que no sea histórico?), reclamarán derechos históricos a la hora de constituir la Unión Europea y si alguno lo hiciera tendrá enfrente, cuando menos, a los liberales.

De modo que sólo cabe establecer límites de eficacia y de menor coste para que la nueva superestructura que sustituya, paulatinamente, a las estatales, garantice la igualdad y la libertad individuales.

Siendo tolerantes, salvo con la intolerancia, la vocación de integración intercultural debe ser la guía de todos los seres humanos de buena voluntad, pero tal vocación no puede pasar por la renuncia, ni siquiera parcial, a los cuatro pilares culturales aludidos.

Los liberales europeos no podemos aceptar que ciertas creencias y practicas del mundo islámico se conviertan en normas de conducta compatibles con nuestra civilización de igualdad y libertad individuales, razón por la que las legislaciones represivas de tales conductas no han de ser consideradas como limitativas, para las personas de procedencia islámica, sino como liberadoras y garantes de su dignidad personal.

 

CONCLUSION II.-

Los liberales creen en una Europa de ciudadanos libres, creen en la “Europa de los ciudadanos”, basada en sus cuatro pilares originarios: Grecia, Roma, Cristianismo e Ilustración y abierta a cualquier civilización que reconozca a la libertad individual como una exigencia previa.

 

III.- FORMA DE ESTADO.

 

III.1.- Monarquía – República

En abstracto, el liberalismo puede aceptar ambas forma de Estado, si bien, parece obvio, la justificación de la Monarquía es manifiestamente más difícil que la de la República.

Si, mayoritariamente, los ciudadanos asumen la Monarquía como institución políticamente neutral con la misión de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones democráticas, no se le podrá tachar a ésta de antidemocrática, por el mero hecho de no ser electiva.

Aunque la misión de los políticos no es añadir problemas a los existentes, no cabe duda alguna que, desde la perspectiva liberal, es lícito solicitar que la Monarquía pase por su ratificación en refrendo, reiterando la que de manera global, no individualizada, superó en el año 1978.

Por otra parte, es lícito, desde la misma perspectiva liberal, controlar el funcionamiento de la Monarquía, rechazando una decadente actitud hagiográfica que elude tal control. La irresponsabilidad penal y administrativa del Rey no excluye ni la constatación de la neutralidad con que ha de manifestarse y ni la eficacia de su acción arbitral y moderadora.

Una eventual futura República española no debiera ser heredera de la II República, porque el hecho de que la derrocara Franco no la hace buena. La II República fue un régimen antiliberal en el que el frentepopulismo vulneró las más elementales reglas de libertad y del propio sistema democrático (“El país había entrado en una fase claramente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte”. Del republicano Salvador de Madariaga).

La República debiera ser germen de civismo y de libertad para hacer cierta la idea de “una España liberal y humanista” a la que se refirió Madariaga. A mi juicio, la opción más eficiente y racional sería la de la República presidencialista, con unificación de las jefaturas del Estado y del Gobierno y con un Parlamento unicameral.

 

III.2.- Unitario – Federal. Rechazo de la asimetría.

El Estado democrático soporta tanto la hipótesis unitaria (caso de Francia) como la hipótesis federal (caso de Alemania y EE.UU.), de modo que ambas posibilidades son aceptables desde el punto de vista liberal, porque ninguna de ellas ofrece un plus democrático reconocible y es una falacia otorgar ese plus democrático a los regímenes federales. Porque el valor de la democracia hay que ponerlo en relación con el ciudadano no con el territorio.

Siendo asumible, para un liberal, optar por la vía del Estado autonómico o federal, en razón de criterios organizativos, no lo es si se funda la opción en criterios identitarios o en imaginarios “derechos históricos”. Esta es la clave.

En mi opinión, para un liberal, la columna vertebral del derecho público la componen los principios de igualdad y libertad individuales, esto es, el principio de ciudadanía. Así que considero contrario al liberalismo cualquier fórmula de federalismo asimétrico y lo es, a mi juicio, tanto el régimen de Concierto Económico, del que disfrutan las provincias vascas, como, entre otros aspectos, el régimen fiscal que se consagra en el Estatuto de Cataluña y, probablemente (porque no está concretado a la hora de redactar estos apuntes), el nuevo chalaneo derrochador que se anuncia en estos días.

Desde mi particular perspectiva liberal, afirmo que la forma de Estado más adecuada, unitaria o federal, es la que responda a los siguientes criterios:

a) Menor coste posible.

b) Suficiente reserva competencial, a favor de la Administración General del Estado, para garantizar la gobernación de la unidad política que es el Estado y los derechos y libertades de los ciudadanos.

c) Evitación de la aparición de “mini-estados” en las administraciones regionales.

d) Consolidación de los principios de igualdad y libertad individuales, para garantizar la radical simetría entre las diversas regiones autónomas o federales, con dos criterios correctores:

i) Medidas de cohesión nacional respecto de la singularidad de los archipiélagos y de las ciudades de Ceuta y Melilla.

ii) Medidas de compensación inter-regional a favor de las regiones menos favorecidas, articulando un sistema estable de transferencia de recursos.

En mi opinión, el actual Estado de las Autonomías puede definirse por tres características negativas: a) derroche y descontrol del gasto, con manifiesto exceso en las estructuras administrativas; b) desmantelamiento competencial de la Administración General del Estado que impide garantizar actuaciones de política general y de razonable gobierno, llegando a constatarse que en determinadas regiones españolas ha desaparecido la presencia del Estado y han parecido sucedáneos de mini-estado; c) imposición de las minorías nacionalistas sobre las mayorías no nacionalistas, tanto en el propio territorio autónomo como en el parlamento español, fruto de un antidemocrático sistema electoral.

En la hipótesis autonómica o federal, es de sugerir una redistribución competencial en la que se considere, también, a la Administración local de modo que, recuperando la Administración General del Estado muchas de sus antiguas competencias normativas y de ejecución, parte de las ejecutivas se distribuyan entre las administraciones regionales y locales, con el propósito de fortalecer a los ayuntamientos en competencias y en recursos.

En cualquier caso, han de ser competencias exclusivas de la Administración General del Estado, tanto de carácter normativo como de ejecución, las siguientes: relaciones internacionales, defensa, hacienda, economía, educación, seguridad pública, gestión energética y del agua, y todas aquéllas que se requieran para garantizar la gobernabilidad de un Estado moderno.

El sistema electoral requeriría de análisis más pormenorizado, de modo que eludiendo todo tecnicismo creo que es de defender un sistema electoral en el que todos los votos valgan lo mismo. Personalmente soy partidario de la circunscripción única, en las elecciones parlamentarias, porque las opciones políticas o ideológicas no hacen referencia al territorio sino a los ciudadanos.

 

CONCLUSION III.-

La Monarquía requiere la legitimación de un amplio apoyo social que, en algún momento, debiera contrastarse en refrendo para absorber la anomalía de la sucesión hereditaria. En todo caso, se le debe exigir neutralidad política y eficacia en su labor arbitral y moderadora de las instituciones.

Una República democrática, fuente de los valores cívicos y garante de las libertades individuales, no frentepopulista como fue la II República, es, probablemente, la aspiración más generalizada entre los liberales.

La descentralización administrativa debiera replantearse recuperando la Administración General del Estado bastantes de sus antiguas competencias normativas y distribuyendo su ejecución entre las administraciones regionales y locales, con el propósito de fortalecer a los ayuntamientos.

Sea el Estado unitario o federal, debe garantizarse la simetría de todas las regiones, compatible con medidas de cohesión nacional y compensación inter-regional, así como un sistema electoral que responda al principio de que todos los votos valgan lo mismo, lo que probablemente aconsejaría el sistema de circunscripción única en las elecciones parlamentarias.

 

IV.- RELACIONES ADMINISTRACION-ADMINISTRADO

IV.1.- De la Administración.

Para los liberales la función pública ha de estar basada en los principios del menor coste y de la intervención mínima. Es obligado reducir al máximo los recursos que se pongan a disposición de la organización social, tanto por su carácter no productivo como para evitar los riesgos de la elefantiasis administrativa y de la corrupción.

Es de propugnar la reducción sustancial de los privilegios exorbitantes de la Administración, con imposición de normas contables y presupuestarias que obliguen al pago de deudas públicas y permitan su resarcimiento con idéntica exigibilidad a las deudas privadas.

Igualmente es de propugnar la minimización del impacto de la burocracia y el procedimiento en los administrados, reduciendo a la mínima expresión posible la tramitación administrativa y, en todo caso, la discrecionalidad, con imposición del régimen de autorización reglada.

El sector público no es operador económico, sino un regulador (competencias normativa y de control), con las excepciones de la SANIDAD y la EDUCACION, prestadas en régimen dual de servicio público y régimen de competencia. Probablemente cierto transporte público y quizá algún otro servicio puedan exigir su prestación en régimen de servicio público.

La liberalización de sectores prestacionales afectos, muy directamente, al interés general y, por tanto, con reconocimiento de su condición de servicios esenciales para la convivencia (suministros energéticos, servicios de telecomunicaciones, de transporte público y postales, etc.), exigen su sometimiento a singular regulación y específico control. Va de suyo que tal regulación ha de ser preexistente y exigente y su inspección rigurosa, para garantizar los servicios esenciales afectados.

Esta singular regulación y específico control, requiere del establecimiento de entes reguladores, profesionalizados, integrados en el sector público, pero independientes del Gobierno.

Evitación de los supuestos de “huída del derecho administrativo”, en cualquier nivel del sector público. De modo que, cuando se haga patente que un organismo público necesita salir del ámbito del derecho público para someterse al derecho privado, es prueba inequívoca de que está desarrollando una actividad impropia del sector público y propia de la iniciativa privada.

Ni qué decir tiene que, respecto del sector financiero, es una exigencia liberal manifiesta la de su plena liberalización, privatizando las cajas de ahorro en las que se han enquistado poderes políticos regionales y locales que utilizan las capacidades financieras de estas entidades en beneficio de sus propios objetivos, lo que no impediría una exigente regulación y un férreo control administrativo, por entidades especializadas, públicas e independientes del Gobierno.

IV.2.- De la Administración de Justicia.

Creo que es irrenunciable para un liberal, la aplicación del principio de unidad jurisdiccional, articulada por las diversas instancias que culminan en el Tribunal Supremo como única instancia casacional.

Los cuerpos de jueces y secretarios han de seguir siendo de carácter nacional. La justicia debe impartirse en castellano, sin excepción, para evitar que la exigencia del conocimiento de las lenguas vernáculas por los jueces sea una vía para introducir un sesgo de parcialidad política localista.

Desde mi perspectiva liberal, la independencia de la Administración de Justicia es una exigencia irrenunciable, porque no sólo es garantía de justicia, en sentido estricto, sino también de libertad individual, de libre competencia y de desarrollo económico, todo lo cual exige dos requisitos:

a) Jueces profesionales que accedan a la carrera por oposición libre, como garantía de conocimientos científicos y de imparcialidad, eliminando la posibilidad de incorporación por otras vías, incluida la de la sustitución.

b) Fiscalía independiente. Pese a la tradición de una fiscalía dependiente del Gobierno, la pésima experiencia vivida aconseja establecer la independencia de la fiscalía, implantando un nuevo Estatuto de la Fiscalía.

El régimen de autorregulación, típicamente liberal, me parece muy adecuado para gestionar el gobierno de los jueces. El C.G.P.J. debiera, a mi juicio, constituirse por elección entre los jueces de carrera, excluidos los de acceso sin oposición libre, si alguno quedara.

IV.3.- Del funcionariado.

La carrera funcionarial debe fundarse en la existencia de cuerpos nacionales de funcionarios y en su trasversalidad, de modo que se establezca el derecho a ocupar plaza en cualquiera de las administraciones públicas si se prueba la idoneidad, ya sea en la Administración General del Estado, en las autonómicas, en las locales o en las institucionales, evitando la estanqueidad.

El fortalecimiento del cuerpo nacional de interventores, y de su independencia, es una exigencia básica, para garantizar el control de los recursos públicos.

En todo caso, debiera ser objetivo liberal la reducción de las plantillas de funcionarios, mediando un periodo transitorio razonable y el fomento de los tratamientos informáticos, con objeto de reducir costes innecesarios.

Una carrera funcionarial trasversal y universal, redimensionada a la baja, permitiría la eliminación de los privilegios propios de los funcionarios y su sometimiento al derecho laboral, tanto en lo atinente a sus obligaciones como a su retribución con criterios de mercado.

IV.4.- De los administrados.

Los administrados no son la excusa de la Administración, sino los sujetos con derecho a recibir su servicio, debiéndose reducir a la mínima expresión el régimen de control de legalidad mediante la autorización previa para generalizar el de control administrativo del resultado.

 

CONCLUSION IV.-

Se propugna la minimización del poder de la Administración pública, su sometimiento a ley y a control efectivo, evitando su desmesurada posición de privilegio respecto del administrado, con equiparación de las deudas de las administraciones a las deudas privadas y con derecho de embargo, con escasísimas excepciones.

Las administraciones deben actuar, salvo contadas excepciones, en el ámbito reglado, evitando la discrecionalidad.

El proceso de privatización de las cajas de ahorro, es una exigencia liberal urgente.

Es de defender el funcionamiento del sector público al menor coste, evitando sustraer recursos, no imprescindibles, de la iniciativa privada.

Se hace necesaria la creación de entes reguladores independientes y profesionalizados, que controlen los servicios esenciales privatizados.

La unidad de jurisdicción y en su cúspide un Tribunal Supremo, única instancia casacional, así como una carrera judicial y fiscal profesional, independiente, de acceso por oposición y autorregulada, son garantías de una tutela judicial efectiva.

El funcionariado, en cualquiera de sus niveles, debe tener acceso a todas las administraciones públicas, evitando la estanqueidad.

Como garantía de calidad y de control, se propugna el reforzamiento de los cuerpos nacionales y, muy especialmente, el de interventores.

Un liberalismo moderno, de progreso, es el que incrementa la libertad de los ciudadanos y reduce la intervención pública al mínimo necesario.

La intervención pública si no es imprescindible, es “regresista”, no es progresista, porque constriñe la libertad de los administrados.

 

V.- ECONOMIA.

La iniciativa privada es capaz de producir interés general y, además, hacerlo con eficacia muy superior a la que pueda alcanzar el sector público.

La actuación del sector público como operador en la vida económica, o es una excepción que requiere justificación o es una anomalía. Cuando el que es árbitro se convierte en jugador, la anomalía es patente.

Los ciudadanos tienen derecho a intervenir libremente en la economía, y las administraciones tienen la función de que tal derecho pueda ejercitarse en términos de libertad y no discriminación.

El derecho de la iniciativa privada a intervenir en la vida económica, no responde sólo a un criterio de eficiencia sino, fundamentalmente, a un criterio de libertad. El ciudadano actúa en la vida económica porque es libre de hacerlo, porque tiene derecho a desarrollar su actividad, sin perturbaciones injustas del poder público y, además, porque lo hace mejor que el sector público.

La falta de derecho del sector público a intervenir en la vida económica, responde a su propia razón de ser. El poder se otorga para garantizar la libertad y la justicia, no para sustituir al ciudadano ni para competir con él.

Sólo cuando es patente la imposibilidad de prestar eficazmente servicios necesarios, desde la iniciativa privada, cabe la intervención pública. Así en los años sesenta, si el Estado no hubiera promocionado la televisión, los ciudadanos no hubieran tenido este servicio, sin embargo, en el año 2009, las televisiones públicas carecen del más mínimo sentido.

Hoy no existe la garantía de que los servicios universales de SANIDAD y de EDUCACION, y quizá algún otro, puedan ser cubiertos, plenamente, por la iniciativa privada, por lo que es razonable la existencia de SANIDAD y EDUCACIÓN públicas, incluso en régimen de competencia con la iniciativa privada, para abrir el abanico de elección de los ciudadanos según más adelante trato de manera específica, dada la relevancia de ambas prestaciones.

 

CONCLUSION V.

Corresponde a la iniciativa privada la operación en la vida económica y a las administraciones públicas la garantía de que tal operación se desarrolla en términos de libertad y justicia.

Por su razón de ser, a las administraciones públicas les corresponde la función reguladora y no la de operación económica, salvo en situaciones excepcionales en que funcione el principio de subsidiariedad.

En el ámbito de la prestación privada de servicios reconocidos como esenciales para la convivencia, se hace necesario establecer entes públicos reguladores, profesionalizados e independientes de los operadores y del Gobierno, con la finalidad de otorgarles fiabilidad y solvencia.

La intervención pública, si no es imprescindible, lejos de ser progresista, es “regresista” porque reduce la libertad de los ciudadanos.

 

VI.- ALGUNOS DERECHOS FUNDAMENTALES

VI.1.- Derecho a la vida.

El derecho a la vida es un derecho fundamental, incontestable, que niega, a los ciudadanos y al Estado, toda posibilidad de decidir sobre la vida humana.

Así se hace incontestable la abolición constitucional de la pena de muerte, pero no ha recibido el mismo tratamiento práctico el derecho a la vida de los no nacidos.

La actual despenalización de tres supuestos de aborto no es sino el expreso reconocimiento de su condición de delito, pues despenalizar es reconocer, genéricamente, la concurrencia de eximentes de la responsabilidad penal (peligro de la madre o situación límite de elección entre dos derechos iguales); peligro de malformación del feto y embarazo debido a violación (de juicio ético muy controvertido); y consecuencias sicológicas negativas para la madre (de muy difícil admisión por representar un conflicto de derechos claramente desiguales), sabiéndose que, éste último supuesto, constituye, además, un evidente “coladero” y, en tal caso, una falsa eximente.

Tengo por cierto que, desde la tradición liberal, la defensa de la vida es una constante exigencia que no puede someterse a revisión, porque desde la defensa del individuo no puede propiciarse su muerte.

Este criterio lo mantengo consciente de que supone manifiesta desviación respecto de lo políticamente correcto, respecto del pensamiento único, considerado progresista, pero es que los liberales, no podemos someternos al pensamiento único, sino sólo a nuestra razón.

Respecto de la eventual duda científica, relativa al momento en que el embrión tenga vida y sea persona, en mi opinión deberá aplicarse el principio in dubio pro vida, como se aplica a la prevención del débil en otras facetas de la vida (in dubio pro reo, in dubio pro labore, in dubio pro consumator) y, si me apuran, como se aplica a la Administración el principio de precaución, en el ámbito de la sanidad, de la alimentación o de la protección ambiental.

En definitiva, considero que la muerte voluntaria del no nacido, salvo eximentes ciertas, denigra a sus autores y debe ser penalizada.

 

VI.2.- Derecho a la libertad religiosa.

Las religiones, que no contradigan los valores de nuestra civilización, sea cuales fueran, son un valor social merecedor de protección, lo que no empece la más radical aconfesionalidad del Estado.

El hecho religioso, sin imposiciones, es beneficioso para la convivencia social en paz y libertad. El hecho religioso no es un fenómeno social negativo, sino el ejercicio libre de las potencias humanas por cada individuo.

No cabe duda de que han de crearse conflictos entre la aconfesionalidad del Estado y, por tanto, de todos sus organismos, y la tradición católica de nuestra sociedad. Estos conflictos sólo pueden resolverse con naturalidad y generosidad, sin intolerancias, pero si la discrepancia perdura, en el ámbito de las instituciones públicas, primará la expresión pública de aconfesionalidad del Estado. Me refiero a la presencia de crucifijos en escuelas y de éstos y de los evangelios en actos oficiales. También a los funerales católicos de Estado, etc.

Los liberales no proponen una sociedad sin conflictos, como el paraíso comunista, sino una sociedad con muchos intereses contrapuestos, con mucha interrelación y, en consecuencia, con muchas desavenencias, lo que exige un sistema de solución de conflictos basado en el imperio de la Ley.

De un Estado aconfesional no se deriva una sociedad laica. La sociedad no es ni confesional ni laica, la sociedad ni cree ni piensa, es cada ciudadano el piensa y cree y decide lo que quiera ser. Si la mayoría de los ciudadanos se reconocen como católicos, la tonalidad de la sociedad será católica, como dicha tonalidad es protestante en otros países en los que son mayoría éstos.

Sería un atentado a la libertad religiosa la imposición, apoyándose en la aconfesionalidad del Estado, de una sociedad laica, de una sociedad arreligiosa.

Los liberales, a mi modo de ver, deben oponerse a cualquier limitación de la libertad religiosa como han de oponerse a la limitación de cualquier otra libertad o derecho de los ciudadanos y, más, si tienen el carácter constitucional de fundamentales.

 

VI.3.- Derecho a la seguridad y a la represión del delincuente.

Sólo se puede ser libre en un escenario en que la violencia injusta no tenga cabida, en el que la exclusiva de la violencia la tenga el Estado, para que repela cualquier agresión y reduzca al perturbador de cualquier derecho.

El derecho penal no debe ser vengativo, pero no puede convertirse en un instrumento que deslegitime el derecho de autoprotección de la sociedad.

Las penas no pueden tener, únicamente, un carácter de reeducación, como de manera incompleta, a mi juicio, señala la Constitución. En mi opinión las penas deben tener, un carácter represivo, intimidatorio, que sirva para evitar la comisión de delitos o su reiteración; una pretensión reparadora para la víctima, indemnizatoria, de satisfacción tanto material como moral; y, desde luego, la pena ha de tener una vocación de rehabilitación, reeducadora, de reinserción social, expresando este orden la relevancia de cada objetivo.

El cumplimiento de las penas de privación de libertad, establecidas en el Código penal, debe tener un elevado grado de verosimilitud, de modo que la reducción de penas no sea una regla preestablecida vinculada al paso de ciertos porcentajes de su duración, sino que ha de vincularse, exclusivamente, a la reparación de la víctima y a la constatación objetiva de la rehabilitación.

 

CONCLUSION VI.-

La defensa de la vida es una exigencia prioritaria de los liberales que no puede acogerse a excepción en el caso del aborto, atentado contra la vida que sólo es asumible en situación límite de conflicto con otro derecho idéntico, cual es la vida de la madre, situación que ha de delimitar un profesional y opción que corresponde ejercer a la interesada y, en su defecto, a su reducidísimo entorno.

Que el Estado carezca de religión no supone que la sociedad ha de ser arreligiosa. Los que son o no religiosos son los ciudadanos y la mayoría de una determinada religión establece, en las sociedades, usos y costumbre que, aún siendo voluntarios, otorgan determinada coloración a la sociedad, lo que es perfectamente compatible con la aconfesionalidad del Estado y con la libertad de todos.

El hecho religioso, respetuoso con los valores de nuestra civilización, es un bien para el conjunto social y, desde luego, es un derecho de los ciudadanos que no puede ser perseguido ni constreñido.

Los liberales hemos de oponernos a la limitación de la libertad religiosa como a cualquier otra limitación de derechos y libertades fundamentales.

Un derecho penal laxo, permisivo, perjudica al conjunto de la sociedad y no favorece la reducción de conductas delictivas.

Las penas han perseguir la represión del delincuente, la reparación a la víctima y la rehabilitación del penado, por este orden.

 

VII.- LIBERTAD DE EXPRESION

La vulneración de cualquier derecho derivado del ejercicio de la libertad de expresión debe dilucidarse en el orden jurisdiccional, en evitación de que las administraciones públicas limiten el ejercicio de este derecho.

La actividad empresarial de comunicación debe ser una actividad propia de la iniciativa privada, por lo que le debería estar vedada al sector público.

Es una pretensión liberal básica la despublicatio de la radiodifusión y la privatización de los medios de comunicación social en manos públicas. Los únicos medios de comunicación de carácter público han de ser los boletines oficiales de las respectivas administraciones, lo que no empece que los medios de comunicación privados presten, a requerimiento de las administraciones, servicios al público (no de servicios públicos), retribuidos o gratuitos.

También es, a mi juicio, una pretensión liberal la despublicatio del espectro radioeléctrico, continuando su protección y gestión como competencia de la Administración General del Estado, en régimen de autorización reglada, desapareciendo el régimen concesional de otorgamiento de frecuencias.

CONCLUSION VII.

Las administraciones públicas carecen de legitimación para ser titulares de medios de comunicación social, escritos, radiofónicos o audiovisuales, porque no está en su finalidad y porque la experiencia dice, de manera apabullante, que las administraciones públicas titulares de medios de comunicación social abusan de su utilización, en perjuicio del derecho de los ciudadanos a una mínima neutralidad administrativa, exigible a quienes utilizan recursos públicos.

 VIII.- GESTION DE LA SANIDAD Y LA EDUCACION PUBLICAS

Son estas dos actividades prestacionales las que no pueden estar sometidas a la despublicatio por cuanto que desde la iniciativa privada no es posible garantizar su prestación, con los niveles que nuestra sociedad exige, de modo que tanto la sanidad como la educación han de desenvolverse en un régimen dual, de servicio público y de gestión por la iniciativa privada.

VIII.1.- Gestión de la sanidad.

La necesidad de la sanidad pública no está puesta en cuestión, aunque como todo servicio público debe estar sometido a criterios de profesionalidad, de eficiencia y de control, sencillamente porque utiliza recursos públicos. Huelga decir que no es un supuesto de privatización de la sanidad su gestión indirecta, mediante mecanismos de colaboración público-privada u otros previstos en la legislación vigente.

En lo atinente a la profesionalidad, quizá conviniera constatar si los sindicatos actúan, únicamente, como garantes de los intereses laborales de los trabajadores o intervienen, condicionándola, en la gestión medica de los centros sanitarios, lo que supondría un atentado a la seguridad sanitaria.

La sanidad privada actúa en competencia con la pública, si bien no en todas las franjas asistenciales (grandes intervenciones quirúrgicas, etc.) por razones de rentabilidad y no por causa legal alguna.

No repugna a las tesis liberales que la sanidad pública sea obligatoria, para garantizarse recursos suficientes de atención generalizada, si bien podrían establecerse algunos criterios de renuncia voluntaria a determinados servicios asistenciales (consultas ambulatorias, prestaciones farmacológicas, etc.), con reducción de cuota, a fin de que los ciudadanos que contraten ciertos servicios asistenciales con la sanidad privada, eviten duplicidades excesivas y patentes.

VIII.2.- Gestión de la educación.

Igual justificación es aplicable al régimen dual de prestación de servicios educacionales, si bien esta actividad presenta singularidades que merecen alguna consideración.

La educación está directamente vinculada al desarrollo de la personalidad que, a su vez, afecta, en parte, a aspectos éticos y morales de los educandos y en parte, también, a aspectos de mero conocimiento científico.

En mi opinión, no repugna a las tesis liberales la idea de que el Estado garantice una formación cognitiva, la instrucción, de todos los ciudadanos incluso, en situaciones límite, frente a la voluntad de los padres. Si los padres deciden no escolarizar a sus hijos, el Estado debe hacerlo y sancionar a los padres. En todo caso corresponde al Estado establecer unos mínimos curriculares, en los distintos niveles de la educación.

Lo dicho no impide que, en determinadas áreas formativas, vinculadas muy específicamente con el desarrollo ético y moral de los menores, integradas en el ámbito de lo doctrinal, corresponda a los padres establecer su orientación, porque el Estado, que puede actuar frente a los padres negligentes, no puede sustituir a los padres diligentes impidiéndoles educar a sus hijos con libertad.

El Estado, en materia de ética y moral, debe ser neutral. En una sociedad libre el Estado no puede adoctrinar y para evitar este riesgo debe eludirse la inclusión de asignaturas sospechosas de adoctrinamiento.

Debe reconocerse la libertad de cátedra en la Universidad, pero no así en la primera y segunda enseñanza, en las que el educando no ha alcanzado el pleno discernimiento intelectual.

Aquí se advierte la tesis liberal de la desconfianza en la Administración, característica típica de la democracia. Los ciudadanos tenemos derecho a desconfiar, sobre todo en materias sensibles como la educación en valores.

Por lo que se refiere al régimen económico de la prestación dual de la educación y dando por supuesto que la educación pública, hasta cierto grado es gratuita y, en el nivel universitario su precio es inferior al coste, debiera establecerse, para quienes opten por la educación privada, una compensación personal y no generalizada mediante concierto con los centros privados.

El sistema de concierto con los colegios privados, en la práctica, somete a éstos a las exigencias de la Administración educativa, bajo pena o riesgo de exclusión del concierto. Sería mucho más razonable, y congruente con las tesis liberales, la compensación personal, vía tributaria o por cualquier otra vía.

Sugiero que el ciudadano que optara por la educación privada debiera percibir, mediante cheque o mediante una deducción fiscal, entre el 80% y 90% del coste gratuito, teórico (excluidos costes fijos no evitados), de la plaza educativa no utilizada. La no compensación total supondría una aportación como una “reserva de plaza”, toda vez que no se perdería el derecho a, en cualquier momento, utilizar las prestaciones de la educación pública.

 

CONCLUSION VIII.-

Es perfectamente compatible la coexistencia de prestaciones sanitarias públicas y privadas, siendo congruente con las tesis liberales tanto el refuerzo del control profesional y económico de la pública, como el establecimiento de reducciones de cuota por renuncia a determinadas prestaciones públicas, a fin de evitar una excesiva duplicidad a quienes compartan ambas modalidades de prestación.

En materia educativa, el Estado ha de garantizar el derecho de los menores a la instrucción, incluso frente a la negligencia de sus padres, pero ha de ser neutral en cuestiones éticas y morales, evitando toda tentación de adoctrinamiento.

Por lo que a la educación se refiere es, igualmente, compatible la coexistencia de prestaciones públicas y privadas, debiendo establecerse una compensación que no cubra la totalidad del coste teórico de la plaza evitada, al no impedirse su posterior utilización, siendo especialmente relevante que la compensación referida sea personal, al ciudadano que opta por la educación privada, no a los centro educativos.

 

IX.- LUCHA CONTRA LA POBREZA, SOLIDARIDAD PRIVADA Y REGIMEN SUBVENCIONAL.

El conjunto social, los ciudadanos, las sociedades intermedias y la propia Administración pública, tienen obligación, por un principio básico de solidaridad, de incorporarse a la lucha contra la pobreza, en su propio ámbito territorial y allende sus fronteras. La cuestión está en el cómo y con qué garantías.

En el ámbito internacional son claves prioritarias de la lucha contra la pobreza la enseñanza primaria universal y la extensión sanitaria, porque sólo desde la formación y la salud puede aspirarse a constituir sociedades libres de la tiranía y capaces de desarrollarse económica y socialmente.

La globalización, que no es sino la mayor permeabilidad de nuestro mundo, facilita la transmisión de valores formativos y políticos que permitirán consagrar la libertad y eliminar la tiranía. El problema se plantea cuando entidades de discutible estructura democrática y dudosa vocación por la libertad pretenden gerenciar la globalización. En tales casos la globalización es un instrumento de perpetuación de la tiranía.

Las ayudas del mundo de la abundancia, si bien han reducido la miseria en el último decenio, gracias a las ventajas instrumentales de la globalización, nunca serán eficaces si los pueblos que han de recibirlas están sometidos a la tiranía y, por tanto, son víctimas de la corrupción. Se hace obligado crear una red internacional de verificación del destino y eficacia de las ayudas que se destinan al tercer mundo.

Sólo desde economías liberales puede acometerse la tarea de erradicar la pobreza en el mundo, el problema es cómo se consiguen las condiciones mínimas de recepción para que las ayudas sean eficaces. Considérese que no hay más salida de la pobreza que el acceso a la propiedad y ésta exige libertad y seguridad jurídica.

En el ámbito nacional, la pobreza se elimina garantizando puestos de trabajo, lo que corresponde a los empresarios, de modo que el Estado debe limitarse a ofrecer escenarios normativos de fomento empresarial, evitando superestructuras administrativas improductivas, limitando tributaciones desmesuradas y, previamente, evitando gastos públicos innecesarios, para que el torrente económico productivo sea lo más intenso posible.

Es una tradicional aspiración liberal el fomento de la solidaridad privada, sustituyendo al gasto público a cambio de ventajas fiscales de diversa naturaleza, para que los ciudadanos puedan elegir el destino de parte de su aportación al común. Así que las fundaciones y demás asociaciones privadas, lejos de percibirse elementos sospechosos de evasión fiscal, deben fomentarse con una política fiscal adecuada.

La subvención es una anomalía en toda economía de mercado basada en la libre competencia, tanto porque desequilibra a los contendientes, perjudicando a los mejores empresarios y equiparándolos con los menos competentes, como porque introduce la voluntad política en el mercado.

Una política liberal sólo puede basarse en la limitación de las subvenciones a supuestos de manifiesta necesidad, con exclusión de subvenciones a grupos sociales de interés como son las patronales, los sindicatos y los partidos políticos, que deben vivir de sus asociados.

Las subvenciones deben dirigirse, fundamentalmente, a remediar situaciones de incapacidad e infortunio que requieran del esfuerzo público para reequilibrar una situación de desventaja originaria o involuntariamente sobrevenida.

CONCLUSION IX

La lucha contra la pobreza, en el ámbito internacional, es una exigencia de nuestra civilización pero requiere la garantía de destino de las aportaciones. En el ámbito nacional la pobreza se elimina fomentando el empleo y, por tanto, favoreciendo la actividad empresarial, así como estableciendo un régimen subvencional de exclusivo destino a la discapacidad y al infortunio.

 

X.- INGENUAS SUGERENCIAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL.

A modo de ensayo, susceptible de acomodación a cualquier otra sugerencia, sin más pretensión que la de ejemplificar lo antedicho, y acusándome de un elevado grado de ingenuidad, propongo una imaginaria reforma parcial de la Constitución, para que se acomodara a las sugerencias contenidas en estas DIEZ CONCRECIONES A UNA HIPOTESIS LIBERAL.

Artº 2.- Eliminación del indefinible término “nacionalidades”, por no responder a realidad alguna y aportar manifiesta confusión.

Artº 3.2.- Las demás lenguas españolas serán también oficiales “y subordinadas al castellano”.

Artº 20.1.c).- A la libertad de cátedra “universitaria”.

Artº 20.3.- “las administraciones públicas no podrán ser titulares, ni total ni parcialmente, de medios de comunicación social, con excepción de los boletines oficiales en que se publiquen disposiciones y anuncios de su competencia”.

Artº 25.2.- “Las penas privativas de libertad estarán orientadas, en primer término al castigo del delincuente, después a la satisfacción de la víctima y, por último, a la reeducación y reinserción social del penado”.

Secciones 1ª y 2ª del Capítulo Segundo, Título I.-

Debieran fusionarse, ambas secciones, para que se reconociera a los derechos contenidos en la 2ª Sección (tributación, matrimonio, propiedad, fundación, derechos económicos y laborales, libertad de empresa…) la condición de fundamentales y su acceso al Recurso de Amparo.

Título II.- De la Corona. Posible ratificación independiente.

Titulo III.- De las Cámaras. Posible régimen unicameral.

Artº 103.3.- La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y ámbito nacional, “con plena equiparación a los trabajadores por cuenta ajena y sometimiento a la legislación laboral”.

Artº 122.3.- ”El Consejo General del Poder Judicial será integrado … que serán jueces y magistrados, de los que seis podrán ser juristas de reconocido prestigio, elegidos por los jueces y magistrados que accedieron a la carrera mediante superación de una oposición libre”.

Artº 123.1.bis.- “El Tribunal Supremo es la única instancia casacional”.

Artº 124.- Modificación del texto. Estatuto de una Fiscalía independiente.

Título VIII.- De la organización territorial del Estado.

Profunda revisión, basada en los principios de negación de todo derecho histórico, de igualdad y libertad individuales, de primacía del castellano, de simetría y de gobernabilidad del Estado. Tras la nueva distribución constitucional de competencias sólo cabrían cesiones a la Unión Europea.

Disposición Adicional primera.- “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”.

Eliminación de esta regla, por inexistencia de los derechos históricos, por su carácter pre-revolucionario y contradecir el principio de ciudadanía.

Disposiciones Transitorias.-

Eliminación de todo el régimen transitorio, incluida la Disposición transitoria 4ª, relativa a la eventual integración de Navarra en el ámbito autonómico del País Vasco y la 5ª, relativa a la eventual transformación de Ceuta y Melilla en comunidades autónomas.

La integración de Navarra en el País Vasco no aporta racionalidad administrativa alguna y tiene su causa en una manifiesta pretensión identitaria, negadora de las libertades individuales.

La mutación de las ciudades de Ceuta y Melilla en comunidades autónomas, no reporta ventaja alguna y supondría un exceso administrativo manifiesto, lo que no impide garantizar a estas dos ciudades el tratamiento adecuado para alcanzar una efectiva cohesión nacional.

Disposición Derogatoria.2.-

Eliminación de la derogación ad cautelam de las Leyes de 25 de Octubre de 1.839 y de 21 de Julio de 1876, que aboliendo, parcialmente, normas del régimen absoluto, junto con otras normas legales introdujeron a España en el nuevo régimen que consagra el principio de la ciudadanía.

 

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