Reflexiones al hilo de las propuestas de la Comisión Lagares

¿Una nueva reforma tributaria?

1. Precisiones terminológicas.

1. Cuando tanto se ha habla de la reforma tributaria que el Gobierno de Mariano Rajoy se propone llevar a cabo, así como de la Comisión nombrada por el ministro de Hacienda para el estudio de la misma y para la formulación de las propuestas concretas con que llevarla a cabo, me parece cuestión previa dedicar un breve espacio a precisar ciertos términos que vienen empleando algunos medios de comunicación -incluidos los especializados en asuntos económicos y la propia Administración- notablemente imprecisos. Me refiero a los sustantivos reforma y sistema. Hay que distinguir, en efecto, entre lo que la literatura hacendística viene considerando reformas de los sistemas fiscales y lo que, con mayor o menor extensión y relevancia, no pasan de ser meros retoques de las piezas o elementos estructurales que integran tales sistemas. Y para ello, nada mejor que acudir a esa carta de navegación por las aguas del lenguaje que es el Diccionario de la Lengua Española (DLE).

Dos acepciones admite entre nosotros la palabra sistema: 1ª) “Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente entrelazados entre sí”; y 2ª) “Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto”. En cuanto al término reforma, me parece relevante a nuestros efectos la segunda acepción del DLE: “Lo que se proyecta o ejecuta como innovación o mejora en alguna cosa”. Y en lo relativo al verbo reformar, en fin, admite el DLE dos acepciones también: 1ª)”Volver a formar o rehacer”; y 2ª) “Modificar algo, por lo general, con intención de mejorarlo”. Pues bien, creo que ni el documento de 444 páginas titulado Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (ICER, en adelante), ni las posteriores especificaciones en sede parlamentaria y en otras tribunas por parte del presidente y portavoz de los autores del mismo, tienen mucho que ver con lo que constituye una auténtica reforma tributaria. Como atenuante -que no eximente- del resultado final de las deliberaciones de la citada Comisión, quizá pueda alegarse, según alguien ha señalado, que la misma recibió un encargo ciertamente diabólico: reformar sin reducir la recaudación. Lo cual es tanto como ignorar que el fenómeno financiero tiene dos caras, y que la función de los tributos es, antes que otra cosa, la de proporcionar, con el máximo respeto a los principios de equidad y eficiencia, sobre todo, los recursos necesarios para la financiación de los gastos públicos, lo que no quiere decir de cualquier clase y cuantía de éstos. Por encima de planteamientos puramente ideológicos, la teoría económica proporciona hoy criterios bastante precisos acerca del papel que el Sector público debe jugar en una economía de mercado, e incluso en una economía social de mercado, como la que consagra la Constitución Española. Pero sobre esta cuestión, que debería constituir el auténtico marco orientativo de cualquier reforma tributaria, volveré más adelante.

2. Ni las propuestas de la Comisión Lagares, ni el eco que las mismas está teniendo en las instancias decisorias del Ministerio de Hacienda, expresado éste en forma de fragmentarias y provisionales respuestas, constituyen algo que merezca propiamente la calificación de reforma de nuestro sistema tributario. Ni afectan a la estructura del mismo, pues ésta queda prácticamente intacta; ni pasan de ser algo más que una lista de retoques puntuales en diversas figuras (revisión de algunos tipos de gravamen; supresión o modificación de beneficios fiscales; valoración de materias imponibles, etcétera). Como digo, ni afectan a los principios que racionalmente enlazan las diversas piezas integrantes del cuadro tributario (sistema), ni tras su eventual aplicación supondrán una significativa mejora en el reparto de las cargas comunes, tal como exigen la ciencia y la buena técnica fiscales (reforma). De modo que, insisto, no nos encontramos ante una reforma tributaria, sino, todo lo más, ante una batería de medidas de política tributaria más o menos coyuntural. Afinar los instrumentos de la orquesta no es lo mismo que corregir la partitura de la sinfonía. Y esto último es rigurosamente necesario.

No es este el lugar para recordar los términos de la larga serie de reformas tributarias acometidas en nuestro país, desde la llevada a cabo mediante los Decretos de Nueva Planta en el contexto del reformismo borbónico inicial, al término de la Guerra de Sucesión (1714), hasta la última de hondo calado, la de Fuentes Quintana-Fernández Ordóñez, a partir de 1977, pasando por las de 1845 (Mon-Santillán), 1900 (Fernández Villaverde), 1940 (Larraz), y 1957 y 1964 (Navarro Rubio). Me remito por ello a un trabajo anterior en el que procuré poner de manifiesto cómo cada una de ellas respondió a unas concretas circunstancias de la economía y la Hacienda españolas, pero cómo también dichas reformas fijaron sus objetivos en la consecución de unos principios ordenadores de la tributación bastante claros: la progresiva unificación y articulación del sistema, su simplificación y, más tarde, la mejora en el grado de personalización de la carga fiscal distribuida por su conducto.[1]

2. ¿Qué es, pues, una reforma tributaria?

1. La respuesta a esta pregunta queda implícitamente expresada en el apartado precedente. Con carácter general puede decirse que una reforma tributaria consiste en la remodelación del conjunto de los ingresos coactivos del Sector público (de todo el Sector público, hay que subrayarlo) con el objeto de lograr un más fiel cumplimiento de los principios ordenadores de lo que se ha dado en llamar el sistema tributario ideal, o el buen sistema tributario. Toda una doctrina que, en su formulación más próxima y rigurosa, arranca de la obra de Fritz Neumark, pero que extiende sus raíces hasta la de un conjunto de autores de finales del siglo XIX y primera parte del XX, por no remontarnos al siglo XVIII, con la obra de Adam Smith. En los manuales de Hacienda Pública y de Ciencia de las Finanzas de Einaudi, Griziotti o Cosciani, puede encontrarse ya una descripción de la mayoría dichos principios, y, más completa que en ellos, en las obras de Flora y Eheberg/Boesler. Entre nosotros, aparte de en el magisterio y en la labor reformadora “silenciosa” de Flores de Lemus, pueden hallarse también consideraciones relevantes a este respecto en los trabajos de sus discípulos Álvarez de Cienfuegos y Ballesteros [2].

2. Reformar un sistema tributario con la obvia intención de mejorarlo ha de partir, pues, necesariamente, de un análisis previo acerca de su grado de cumplimiento en relación con cada uno de los principios impositivos generalmente aceptados. Es decir, con los principios de equidad en el reparo de la carga fiscal; suficiencia en cuanto a la financiación de las actividades a realizar por las Administraciones públicas; eficiencia en la gestión tributaria (según las reglas de comodidad, certeza y simplificación); estabilidad económica en lo relativo al nivel de precios y al empleo; y de impulso al desarrollo económico, coadyuvando al fomento del ahorro, la inversión productiva y los estímulos al trabajo. Y, en todo caso, han de tomarse como referencia ineludible los principios establecidos por el artículo 31.1 y 2, y 9 de la Constitución Española (CE), esto es, los de generalidad, capacidad económica, justicia, igualdad, interdicción de la confiscatoriedad tributaria, legalidad y seguridad jurídica. Pero al tiempo –o antes, más bien-, es preciso verificar el grado de cumplimiento de los principios constitucionales relativos al gasto público (artículo 31.2 CE), es decir, los de asignación equitativa, eficiencia y economía en su programación; además del previo requisito de justificar su necesidad y cuantía según sus diferentes partidas, pues sólo así cobra sentido la exigencia del principio de suficiencia recaudatoria en lo relativo al sistema tributario.

¿Parten las propuestas contenidas en el ICER de un análisis previo y riguroso acerca del cumplimiento de los principios enunciados?

3. Los objetivos y las medidas propuestas por la Comisión de Expertos.

1. El ICER parte de una enumeración de las recomendaciones que diversos organismos internacionales (OCDE, Consejo de Europa, Comisión Europea y FMI) han dirigido a España como consecuencia de su entrada en el procedimiento de déficit excesivo y por su calificación como economía con desequilibrios macroeconómicos significativos. Tales recomendaciones han de considerarse inscritas en el reverdecido paradigma de la imposición óptima potenciado por el Informe Mirrlees y relativo al “diseño” de un sistema tributario de esas características para el Reino Unido, aunque, como el propio documento declara, pretende que sus conclusiones sean válidas para otros países. Como es sabido, el citado paradigma parte del hecho de que todo impuesto genera distorsiones que alteran el comportamiento de los agentes económicos, de manera que, en aras de la eficiencia, la política tributaria debe ser diseñada de manera que se eviten o reduzcan al máximo dichas distorsiones. Conviene advertir que el informe de la Comisión presidida por el Premio Nobel de Economía de 1996 comienza por reconocer que, además del enfoque estrictamente económico de la cuestión tributaria -el cual asume de modo exclusivo-, existen otras perspectivas relevantes en cuanto a su análisis y orientación, como es la jurídica. Se trata de un aspecto fundamental que no puede ser ignorado a la hora de cualquier intento reformador, según queda apuntado en relación con el marco normativo constitucional al que ha de ajustarse, en todo caso, el sistema tributario español.

2. Sumariamente expuestos, algunos de los cambios puntuales más relevantes que el ICER propone, agrupados en función de los tributos a los cuales afectarían, son los siguientes:

* Impuesto sobre Sociedades: a) Reducir el tipo nominal de gravamen correspondiente a su Régimen general, desde el actual 30% al 20%, pasando por un tipo transitorio del 25% (la supresión, sin embargo, de las deducciones de la cuota por I+D+i, por inversión o reinversión de beneficios extraordinarios, por inversiones medioambientales y creación de empleo -esta última, con la excepción de la referida a trabajadores minusválidos-, etcétera, supondría un correlativo incremento de los tipos medios efectivos de gravamen); b) Limitar la deducibilidad de los gastos financieros, modificando la regla de subcapitalización para el exceso sobre el límite propuesto; c) Elevación gradual del tipo aplicable a actividades no exentas del Régimen especial de las entidades no lucrativas; c) Supresión del Régimen especial de las empresas de reducida dimensión; d) Actualización de los coeficientes de amortización fiscal de los activos empresariales en función de su vida útil media y limitación de las cuotas de amortización al 70% de los coeficientes máximos actualmente en vigor; e) Supresión de los regímenes de amortización libre, acelerada y de las empresas de reducida dimensión; y f) Modificación de los criterios de deducción por doble imposición interna e internacional.

* IRPF: a’) Supresión de las exenciones actualmente reconocidas a las indemnizaciones por despido, para la cobertura del riesgo de intereses hipotecarios y en relación con la adquisición de vivienda; b’) Eliminación de la no sujeción de los seguros de enfermedad empresariales a favor de sus trabajadores, cónyuges y descendientes, así como las entregas de acciones a los mismos; c’) Modificación del tratamiento de las rentas irregulares, minorando su porcentaje de reducción; d’) Fijación de una reducción por rendimientos del trabajo única para todos los contribuyentes e inferior a la actual, aunque manteniendo este nivel para los parados que acepten empleo en otro municipio; e’) Recuperación transitoria del rendimiento imputado por vivienda habitual, con límite en función del valor catastral de ésta y de la base imponible del contribuyente y de su cónyuge (régimen provisional éste, en tanto se revisen los valores catastrales de los inmuebles para aproximarlos a los valores de mercado, con el propósito de aumentar la tributación por el IBI que pasaría a ser la base de la fiscalidad inmobiliaria); y f’) Otras propuestas consisten en la revisión de algunas cuestiones no sustantivas referentes al régimen tributario de los rendimientos de las actividades económicas, las ganancias patrimoniales y las aportaciones a planes de pensiones. Se propone también la supresión de la deducción por adquisición de la vivienda habitual, la revisión y actualización de los mínimos personal y familiar, la minoración del tipo de gravamen mínimo de la tarifa junto a la limitación del máximo al 50%, y la reducción del número de tramos de la misma.

Cierran el cuadro de medidas relacionadas con este Impuesto: la intensificación del control patrimonial de los contribuyentes mediante la confección de bases de datos relativos a inmuebles, vehículos, capitales mobiliarios y transacciones financieras que habrían de comunicarse anualmente a los sujetos pasivos en su respectivo borrador para la declaración del IRPF (¿se trata de un revival de de los históricos “signos externos de renta gastada”?); la supresión del régimen de estimación objetiva y la reducción del de estimación directa simplificado; y, por último, la propuesta de reducción de los límites fijados actualmente en relación con los rendimientos del trabajo, a partir de los cuales no existe obligación de declarar, así como la supresión de los relativos a las demás fuentes de renta.

*IVA: a”) Elevación del 10% al 21% del tipo de gravamen de todos los bienes y servicios con excepción de la vivienda, el turismo y el transporte público; b”) Aplicación a medio plazo del tipo general del 21% a todos los bienes y servicios que actualmente tributan al tipo superreducido, con excepción de los de primera necesidad; c”) Supresión de la exención actualmente reconocida a los servicios públicos postales, y a los de los colegios profesionales, cámaras de comercio, organizaciones patronales y federaciones; y d”) Limitación temporal de la vigencia del llamado IVA de caja hasta el momento en que las PYMES mejoren su liquidez y financiación.

* Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones: En cuanto al primero de ellos se propone su supresión, y por lo que se refiere al segundo la creación de una tributación mínima en todo el territorio nacional, con arreglo a una escala de tipos impositivos que discriminen únicamente en función del grado de parentesco.

* Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: Minoración de este conglomerado tributario hasta su supresión en el momento en el cual se establezca el nuevo IBI.

* Cotizaciones sociales: a”’) Determinación de su cuantía en función de las retribuciones reales y no sobre bases tarifadas; y b”’) Reducción de las mismas en cuanto el sistema de pensiones públicas se equilibre.

* Otras medidas de análogo tenor se proponen en relación de algunos impuestos especiales y tributos, tales como incrementar el gravamen sobre el alcohol, el establecimiento de un impuesto sobre el vino o la creación de “tasas de congestión” por la entrada de vehículos a Madrid y Barcelona.

Son éstas sólo algunas de las 127 propuestas contenidas en el ICER, suficientemente demostrativas, sin embargo, de lo que trato de mostrar, que nos encontramos ante un repertorio de retoques de diverso alcance en una misma estructura tributaria, pues salvo la propuesta de supresión del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, el sistema, como tal, permanece sustancialmente inalterado. Si se me permite la metáfora, dichas sugerencias no pasan de ser el resultado de una minuciosa labor de petit point sobre el mismo lienzo.

2. Pero el Informe contiene también otras propuestas de carácter más general que cabe agrupar del siguiente modo: A) Promover políticas de concienciación social acerca de la necesidad de cumplir con las obligaciones tributarias (parece tratarse del retorno a aquello de “la Hacienda somos todos”); B) Reducir la utilidad marginal de las cuotas impositivas defraudables mediante la moderación de la progresividad impositiva; C) Minorar la presión fiscal indirecta a través de la simplificación del sistema tributario; D) Reforzar los medios personales y materiales al servicio de la Administración tributaria para lograr el más eficaz control de la evasión fiscal, aproximándolo al momento de realización de los hechos imponibles y al de su respetiva declaración; E) Rigorizar el cuadro de sanciones tributarias; y F) Arbitrar un sistema de “recompensas tributarias” con el objeto de incentivar la exigencia de facturas por servicios personales de carácter doméstico, ejecución de obras y, en general, por la prestación de servicios en el ámbito del hogar.

Finalmente, el ICER también se pronuncia acerca de los problemas derivados del deterioro que en la unidad de mercado ha ocasionado el despliegue del llamado Estado de las Autonomías. Al margen de postular una mayor autonomía normativa a favor de las Comunidades Autónomas para el establecimiento de copagos por servicios públicos, dentro de un marco general a establecer por la Administración General del Estado, el Informe propone: A’) En relación con el IRPF: Mantener la competencia de dichas Comunidades para la fijación de los tipos de gravamen autonómicos, aunque siempre dentro de unos marginales máximos comunes a todas ellas; y mantener igualmente la competencia estatal en cuanto a las normas de determinación de la base imponible, los tipos y la cuota del ahorro, que deberán ser generales en todo el territorio nacional: B’) Centralizar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las competencias relativas a la imposición indirecta armonizada; C’) Regionalizar los Impuestos Especiales sobre el alcohol, el tabaco y las primas de seguro, con la posibilidad de arbitraje entre las distintas Comunidades Autónomas; D’) Revisar el cuadro de los impuestos ecológicos suprimiendo algunos de sus conceptos; e”) Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio; F’) Establecer unos límites máximo y mínimo de tributación en concepto de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para todas las Comunidades; y G’) Intensificar la imposición sobre la riqueza inmobiliaria otorgando competencias normativas a dichas Comunidades.

4. Esbozo de algunas sugerencias para una Reforma tributaria de mayor alcance.

1. Tres deberían ser los pasos a seguir para una remodelación de nuestro sistema tributario; y dos, los conjuntos de medidas específicas para llevarla a cabo. En primer término, es imprescindible replantear el papel que nuestro sobredimensionado Sector público desempeña en la economía nacional. De sus disparatadas extralimitaciones me ocupé también en otro lugar con algún detenimiento, y al mismo me remito[3]. Si desde un principio la opción por el modelo de Estado autonómico echó las bases para la floración de los diecisiete minicentralismos clónicos procedentes del original Estado unitario, la aplicación abusiva del artículo 150.2 CE, que, como es sabido, prevé la posibilidad de transferir competencias exclusivas del Estado a las Comunidades autónomas, ha convertido al primero en un ente residual desposeído de los instrumentos precisos, no sólo para la instrumentación de las políticas de interés general, sino también para embridar la acelerada dinámica del gasto público. Si este agregado representa actualmente en torno al 43% del PIB (en 1993 rozó el 50%, y de aquellos polvos vienen los lodos que ahora nos anegan), y los ingresos públicos se estiman para el presente ejercicio en el 36´4% de la misma magnitud (casi 5 puntos menos que en 2007), carece de sentido, coeteris paribus, reivindicar el cumplimiento del principio de suficiencia recaudatoria. En tales circunstancias, el déficit público –cuyas dos terceras partes son de carácter estructural- permanecerá instalado entre nosotros con independencia de los eventuales repuntes de la coyuntura económica. Por ello, parafraseando a Luigi Einaudi, puede afirmarse que cualquier reforma tributaria que en España no aborde previamente la de la actual estructura organizativa y funcional del Estado, será “pura charlatanería,… polvo en los ojos”. En una economía social de mercado la acción del Sector público debe centrarse únicamente en suplir los “fallos” de éste garantizando la provisión óptima de bienes públicos puros y preferentes, la internalización de los costes sociales generados en la producción y el consumo, una adecuada redistribución de la renta y la riqueza acorde con los criterios socialmente aceptados, así como en garantizar lo que Walter Eucken denominaba “el orden de la competencia”. Sólo entonces, insisto, y aplicando a la programación de los gastos públicos derivados del anterior modelo competencial del Estado los principios de asignación equitativa, eficacia y economía exigidos por el artículo 31.2 CE, tendrá sentido el principio de suficiencia recaudatoria como algo exigible del conjunto del sistema tributario. Otra cuestión será la de lograr el reparto de la carga fiscal resultante de acuerdo con los principios de eficiencia y equidad.

2. En segundo lugar es necesario proceder a una drástica simplificación del cuadro tributario, pues su actual complejidad es causa, entre otros graves problemas, de los elevados niveles actuales de fraude fiscal, inseguridad jurídica y litigiosidad. No es justo ni eficiente un sistema que muestra semejantes síntomas en el grado que el nuestro lo hace. Como afirma el profesor Ferreiro Lapatza, es urgente lograr un ordenamiento tributario claro, sencillo, coherente y estable. Las normas jurídicas de diverso rango que lo integran son, en efecto, excesivamente numerosas, casuísticas, complejas y expresadas en un lenguaje esotérico, mezcla de términos jurídicos, económicos y contables empleados frecuentemente con escasa precisión. Los siguientes datos muestran la gravedad de la situación en este punto[4]: En 2006, estaban vigentes en España 210.000 normas tributarias, de las que apenas 100.000 eran de ámbito nacional (se estimaba entonces que, como media, 19.000 de ellas eran anualmente objeto de alguna modificación); en el ejercicio de 2012, y entre los recursos presentados ante los tribunales económico-administrativos, se contaban cerca de 225.000 impugnaciones, siendo aproximadamente un 40% de éstas ganadas finalmente por los contribuyentes; la Hacienda española tenía a finales de 2013, pendientes de cobro, deudas tributarias por importe de 25.000 millones de euros, parte de las cuales correspondían a aplazamientos de pago y el resto simplemente a impagos; la abultada cuantía de deudas tributarias de dudoso cobro (16.386 millones de euros) es, ciertamente, peculiaridad española, pues la media UE-28 (8.993 millones) se sitúa en el 54’9% de esa suma[5].

Parece que, además de la complejidad del sistema -y agravada precisamente por ella-, otra de las causas que explican el preocupante cuadro que ofrecen los datos anteriores, es el carácter perverso de nuestro sistema de autoliquidaciones[6], según el cual los tributos son normalmente aplicados por quienes están obligados a pagarlos. Es, en efecto, el obligado tributario quien califica los hechos imponibles y quien cuantifica e ingresa las correspondientes deudas tributarias. Los sujetos pasivos de los impuestos, que no tienen por qué ser necesariamente los contribuyentes, se encuentran sometidos a numerosas obligaciones formales, a los deberes de colaboración e información, y a dedicar buena parte de su tiempo a la realización de tareas que deberían corresponder a la propia Administración tributaria. De modo que ésta suele limitarse al control, persecución y castigo de los infractores. Y ello a pesar de ser fama que dicha Administración cuenta con unos medios técnicos e informáticos entre los mejores del mundo. A la vista de todo esto no carece de sentido denunciar lo excesivo que con frecuencia resulta castigar el error material, la equivocación, y no el engaño: la auténtica defraudación. Quizá esto explique en buena medida que la Administración yerre en el 50% de los casos cuando ejerce su función sancionadora.

La economía sumergida y el fraude fiscal son también, en buena medida, consecuencias de la complejidad del cuadro fiscal. La primera ha podido estimarse por Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, en el 25% del PIB, esto es, en unos 250.000 millones de euros[7]. El fraude, por su parte, viene a representar el 22’5% de dicha magnitud, lo que supone una pérdida recaudatoria cercana a los 73.000 millones. Sólo por Impuesto sobre Sociedades, IRPF e IVA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) lo ha estimado en 40.000 millones de euros al año[8]. Una sencilla y parcial idea de lo que esto ha podido suponer como elemento perturbador en el normal funcionamiento del sistema financiero y en la actividad administrativa represora del fenómeno, lo da el dato de que en el ejercicio de 2013 Hacienda ordenara 5’6 millones de embargos sobre cuentas corrientes[9].

Fácilmente se entienden las graves consecuencias que todo lo anterior ha de tener en relación con la seguridad jurídica imprescindible para la inversión interna y foránea, entendida ésta en los términos que lo hace la STC de 4 de octubre de 1990, es decir, como “[…] certeza de la norma o protección de la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos razonablemente imprevisibles”. Complejidad, volumen desorvitado, falta de claridad, permanente modificación y dispersión de la normativa fiscal, prefiguran graves ineficiencias en el funcionamiento de la economía y un alto grado de incumplimiento de las obligaciones tributarias. Un estudio realizado en 2012 por la Fundación Impuestos y Competitividad y la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE) revela que, para el 76% de la muestra encuestada, la falta de certeza derivada de los frecuentes cambios normativos influye negativamente -“bastante o en gran medida”- en las decisiones de inversión; un 78% califica el grado de estabilidad de dichas normas como “poca o ninguna”; y un 94%, opina que es necesaria su simplificación y clarificación[10].

¿Qué medidas cabría adoptar para corregir esta situación? Aparte de las siempre invocadas acerca de la necesidad de mejorar la educación y la conciencia fiscal de los ciudadanos, de la intensificación de la actividad inspectora y del endurecimiento de las normas sancionadoras, la experiencia comparada brinda otros instrumentos “concordatarios” que parecen estar mostrando su eficacia en países como Italia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido o Austria. Me refiero a las diversas modalidades de arbitraje, transacción, mediación y conciliación en ellos aplicadas[11]. Y otra estrategia siempre aludida pero nunca adoptada, que vendría sin embargo como consecuencia de la reforma del Estado y de la consiguiente reducción del gasto público, sería la despresurización fiscal y su efecto indirecto: la reducción del coste de oportunidad del incumplimiento de las obligaciones tributarias.

3. En tercer lugar, y en la misma línea de simplificación del sistema, pero, sobre todo, con el fin de dotar a éste de una mayor coherencia interna y corrección técnica, procede revisar el papel que en él juegan, al menos, tres figuras impositivas: el Impuesto sobre Sociedades (IS), el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

Por lo que respecta al primero de ellos[12], la reflexión debe partir de una cuestión previa: ¿Por qué ha de ser gravada la renta de las sociedades? Tal es la pregunta que se plantea el Informe Mirrlees a la hora de pronunciarse sobre la conveniencia de mantener este gravamen en un sistema tributario óptimo. Como argumentos favorables a ello se han formulado los siguientes: 1º) Su generalidad, pues está vigente en todos los países de la OCDE y en la mayoría de los que se encuentran en vías de desarrollo; 2º) Su papel como gravamen de rentas societarias cuya percepción por los socios podría diferirse con el propósito de evitar o retrasar a conveniencia su gravamen por el IRPF; 3º) Su utilización como medio para gravar las rentas societarias que, generadas en el propio país, son, no obstante, percibidas por personas físicas o jurídicas residentes en otro distinto, y que, de no contar con un IS, quedarían fuera del alcance de su jurisdicción fiscal originaria; 4º) La presunción de que la forma societaria de la empresa supone siempre una mayor capacidad generadora de renta que la que proporciona la simple modalidad de empresa individual y, por tanto, que ello implica una capacidad de pago también superior; y 5º) Su posible utilización como caja de herramientas fiscales (bonificaciones, incentivos, recargos,…) al servicio de la política económica y social (fomento de los gastos en I+D+i; internacionalización de las empresas; fomento del empleo, incluido el de trabajadores minusválidos y el de los parados de larga duración; Internalización de costes sociales, etcétera).

En cuanto a los argumentos en contra del IS señalaríamos los siguientes: 1º) El relativo a la ficción jurídica que supone reconocer como sujetos de derechos y obligaciones a las personas no naturales, es decir, a las denominadas personas jurídicas o morales; 2º) Que la capacidad jurídica en sentido propio la poseen únicamente las personas físicas, y que la misma se pone de manifiesto, en realidad, cuando éstas perciben los rendimientos correspondientes, cuando obtienen los incrementos patrimoniales aflorados con ocasión de la enajenación de sus acciones o participaciones, o, en fin, en el momento en que reciben la cuota de liquidación de la sociedad por disolución de la misma, fundamentalmente; 3º) Que la coexistencia del IS con el IRPF supone una doble imposición injustificada, pues ambos tributos inciden sobre la misma magnitud imponible: la renta primeramente obtenida por la sociedad, sujeta al IS, y esa misma renta cuando es percibida con posterioridad por los socios, gravada por el IRPF (la admisión de deducciones para evitar o paliar la doble imposición de los dividendos, es una clara prueba de la conciencia del legislador sobre este hecho); 4º) Que la generalización en los diversos sistemas fiscales de las dos modalidades de imposición sobre la renta denominadas obligación personal y obligación real de contribuir, permiten superar técnicamente el problema de gravar los dividendos distribuidos por las sociedades residentes a personas no residentes (el Impuesto sobre la Renta de No Residentes español –IRNR- constituye, entre nosotros, la alternativa con dicho objeto); 5º) Que para el expresado cometido se dispone también de la técnica de las retenciones en la fuente u origen de los rendimientos; 6º) Que si el diferimento del reparto de dividendos supone, a su vez, el diferimento de su gravamen por el IRPF, también es cierto que los mismos quedan en la sociedad como reservas o beneficios no distribuidos, lo que contribuye a mejorar la solvencia de las empresas y sus posibilidades de autofinanciación, y que, en todo caso, parece razonable pensar que el destino final de los beneficios empresariales será, tarde o temprano, el de su efectiva percepción por los socios, momento oportuno para su gravamen; 7º) Que el IS implica unos costes de aplicación importantes que gravitan fundamentalmete sobre los sujetos pasivos del mismo bajo la forma de una presión tributaria indirecta o adicional; 8º) Que, finalmente, aducir el hecho de la vigencia generalizada del IS en los diversos sistemas tributarios como argumento a su favor, es una conclusión de derecho comparado que, como tal, posee un valor circunstancial no concluyente: muchos institutos tributarios, como las históricas exenciones reconocidas en función de la clase social o el impuesto de capitación, por ejemplo, tuvieron amplia y duradera vigencia en los distintos países, habiendo hoy desaparecido totalmente. No se trata de negar en absoluto la relevancia de este tipo de argumentos, sino de recordar, con Zweigert y Kötz, que el derecho comparado brinda, en efecto, la posibilidad de hallar la “mejor solución” a los problemas, pero que tanto aquella como estos se refieren a específicas circunstancias de lugar y tiempo y no poseen, por tanto, una validez apodíctica. En otro lugar he mostrado cómo el origen y justificación de este impuesto en España se relaciona, de acuerdo con la teoría del privilegio, con la aparición y posterior difusión de la forma típica de la empresa capitalista: la sociedad de responsabilidad limitada. En efecto, a mediados del siglo XIX, la constitución de las primeras sociedades de este tipo para la construcción obras públicas requirió de una ley votada en Cortes, circunstancia que sirvió de pretexto para exigirles una “contraprestación tributaria” por el privilegio –literalmente, ley privada- de realizar su actividad empresarial quedando legalmente limitada la responsabilidad patrimonial de los socios a sus solas aportaciones sociales. Tras este planteamiento, lo que subyacía, evidentemente, era un propósito puramente recaudatorio.

Si, pues, de acuerdo con el Informe Mirrlees, todo impuesto ocasiona inevitablemente unas distorsiones que afectan a la eficiencia económica, resulta obvio que el impuesto más eficiente es el que no existe, de donde se seguiría la conveniencia de suprimir este tributo. Al cabo, las rentas mixtas del capital y el trabajo obtenidas en el seno de las explotaciones económicas con forma de sociedad, cuyo origen se remonta en España a la Tarifa III de la Contribución de Utilidades de 1900, terminan siempre, tarde o temprano, por afluir a los socios en forma, bien de dividendos, bien como plusvalías manifestadas al tiempo de la enajenación de sus acciones o, en fin, como cuotas de liquidación en el momento de extinguirse la entidad. En definitiva, otros tantos hechos y momentos oportunos para ser gravados por el IRPF. Y por lo que respecta a la percepción de estas rentas por parte de los sujetos no residentes, para eso está el IRNR.

En cuanto al IP, introducido en nuestro sistema tributario con motivo de la Reforma Fuentes Quintana-Fernández Ordóñez, en 1977, y cuya supresión propone efectivamente el ICIER, conviene señalar que a pesar de su denominación no es realmente un impuesto sobre el patrimonio, sino en función del patrimonio. Dicho de otro modo, su objeto imponible es ciertamente el patrimonio, pero su fuente es la renta, de modo que viene a configurarse como un gravamen complementario del IRPF que vuelve a gravar, adicionalmente, las rentas patrimoniales ya gravadas por éste[13]. Ninguno de los argumentos doctrinales que han pretendido justificar su existencia resulta hoy convincente. Ni la conveniencia de discriminar fiscalmente entre las rentas llamadas “ganadas” y “no ganadas”, ni su utilidad como instrumento de control en relación con otros impuestos (como el mismo IRPF, o el ISD), ni su papel como instrumento coadyuvante a la rentabilización de los elementos patrimoniales ociosos, ni la propia experiencia de su aplicación en nuestro país, avalan su mantenimiento. Con afortunada expresión aplicable a otras piezas prescindibles de la fiscalizad contemporánea, puede decirse que el IP “quita más que da” a la corrección técnica de nuestro sistema tributario.

Por último, y en relación con el ISD, son varias también las razones que aconsejan su eliminación. Se trata, en primer lugar, de un tributo cuya singularidad resulta discutible. Al gravar los incrementos patrimoniales gratuitos y ser éstos genéricamente renta según la teoría del incremento neto de riqueza, su adecuada ubicación debería ser la de un concepto más entre los sometidos al IRPF, tal como el legislador ha dispuesto sea en el vigente IS, el cual grava los incrementos patrimoniales lucrativos cuando estos son obtenidos por las personas jurídicas, es decir, como un componente más de la renta o beneficio de estas entidades[14]. De modo que para gravarlos no es necesario un impuesto específico e independiente del IRPF. Pero es que además se cuestiona hasta su propia constitucionalidad[15].Y lo más importante quizá en orden a justificar la conveniencia de su derogación es el hecho de las desigualdades que genera, al haber tenido que asumir un tratamiento especial -explicable por razones de política económica, pero claramente discriminatorio- a favor de las adquisiciones mortis causa o inter vivos de empresas o negocios familiares, las cuales se encuentran prácticamente exentas. También, como viene sucediendo con otros impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas, el ISD es fuente de graves discriminaciones y distorsiones interterritoriales, más acusadas aún por la subsistencia de los regímenes especiales forales del País Vasco y Navarra. En definitiva, son éstas algunas de las razones que aconsejan la supresión de este gravamen, al menos, como figura independiente, y en aras de la simplificación y mejora sistemática de nuestro cuadro fiscal.

5. Otras medidas puntuales de reciclaje fiscal.

1. La primera de ellas debería ser la de corregir la progresividad “en frío” que opera fundamentalmente a través del IRPF como consecuencia de la inflación. No vale decir que actualmente la moderación del índice de precios al consumo (IPC) no lo hace necesario, y que incluso hemos estado a punto de quedar atrapados en un bache deflacionario, porque dicha corrección no debe consistir en una medida coyuntural. Decía André Maurois que la inflación es obra del diablo porque respeta las apariencias y destruye las realidades. La inflación, como destaca Vito Tanzi, afecta a todos los ciudadanos: a los empresarios, a los asalariados, a los pensionistas, a los consumidores, a los ahorradores, a los prestamistas, a los prestatarios y, naturalmente, a todos ellos además en cuanto a su común condición de contribuyentes. Las distorsiones fiscales que la inflación ocasiona se manifiestan en las bases imponibles, en la progresividad real de los tipos de gravamen, en el desfase o retraso en la recaudación, en la evasión tributaria y en el fenómeno de la ilusión fiscal. En cuanto a sus efectos concretos sobre el IRPF, la inflación: “[…] Primero, reduce el valor real de aquellas exenciones, deducciones, créditos, etc., que se fijan en cantidades nominales. Segundo, distorsiona la progresividad del impuesto reduciendo la amplitud real de los tramos de renta sobre los que se aplican los tipos impositivos. Conforme progresa la inflación, la amplitud real de los tramos de renta se reduce y el impuesto se hace más progresivo. Por tanto, un contribuyente se encontrará escalando la tabla de los tipos impositivos aun cuando su renta real no haya variado”[16]. La denuncia de la inflación como forma de impuesto tiene entre nosotros un precedente muy anterior al Tract on Monetary Reform, de Kaynes. Ya el padre Mariana, en su Tratado y discurso sobre la moneda de vellón (1609), escribió: “Si el príncipe no puede echar pechos contra la voluntad de sus vasallos ni hacer estanques de sus mercaderías, tampoco podrá hacerlo por este camino [la adulteración de la moneda], porque todo es uno y todo es quitar a los del pueblo sus bienes, por más que se les disfrace con dar más valor legal al metal de lo que vale en sí mismo, que todo son invenciones aparentes y doradas, pero todas van a un mismo paradero”. No he resistido la tentación de transcribir este párrafo admonitorio del jesuita manchego porque el mismo muestra la veterania de la Hacienda pública en el aprovechamiento fiscal de la inflación, ya sea mediante las manipulaciones monetarias o por la más discreta vía de la progresión impositiva “en frío”. Y de este expediente no sólo se valen los gobiernos de corte socialdemócrata -lo cual tendría una cierta lógica-, sino que también lo hacen los de orientación liberal. Es para ambos un discreto procedimiento de hacer caja sin el coste político de elevar la presión tributaria nominal. Por ello se hace necesario evitar esta forma de imposición subrepticia practicada al margen del principio de legalidad, con carácter permanente, es decir, mediante la indiciación o ajuste automático de las tarifas y créditos fiscales en función de la tasa anual de inflación.

2. Cuestión revisable en el ámbito de la imposición indirecta es la relativa al denominado IVA “de caja”. Se trata del régimen especial optativo arbitrado como instrumento de apoyo a los “emprendedores” y PYMES por la Ley 14/2013. Como es sabido, el IVA es un impuesto plurifásico que tiene por objeto el consumo, pero que se exige por todas y cada una de las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales que precedan a cada operación final de consumo. De modo que en este impuesto se producen tantos hechos imponibles como operaciones de entrega de cada bien o servicio precedan a la de consumo propiamente dicho. En el IVA, pues, los empresarios y profesionales son meros sujetos pasivos, no contribuyentes. Lo que en realidad sucede es que a la Hacienda pública le resulta más cómodo y seguro exigir el pago del tributo de los empresarios y profesionales, que de los consumidores, los cuales no tienen relación alguna con ella, sino que se limitan a satisfacer el precio final de cada bien o servicio consumido o recibido, incluido el impuesto. ¿Cómo recauda éste la Hacienda? Mediante un cómodo y sencillo procedimiento: impone a cada sujeto pasivo (empresario o profesional) la obligación de ingresar trimestralmente en sus arcas la diferencia entre el total de los IVAS devengados por sus ventas en el periodo, y el total de los IVAS soportados en el mismo. Así, la carga fiscal viaja cómodamente, como en berlina, desde el primer empresario o profesional de la cadena hasta el último, el minorista. Si todo marcha bien (no quiero decir normalmente, porque lo que sucede en la realidad es que las cosas suceden normalmente mal), los empresarios y profesionales no pasarían de ser más que simples recaudadores cuya única carga sería la del coste de llevar una contabilidad reglamentaria, así como el de cumplir con las demás obligaciones materiales y formales que la Ley les impone. Ya sería bastante. Lo que sucede, sin embargo, es     que las cosas no siempre funcionan bien, y menos aún en tiempos de crisis. La mora (cuando no la falencia) de quienes han de pagar las facturas a lo largo de la cadena de producción-distribución de cada bien o servicio, supone que los sujetos pasivos del impuesto (los empresarios y profesionales) tengan que afrontar, en sus liquidaciones trimestrales, el pago de los IVAS repercutidos a sus clientes aunque no los hayan cobrado efectivamente, pues sólo así podrán compensar los IVAS que hayan soportado por repercusión de sus proveedores. Me permito recordar esta elemental secuencia para hacer evidente lo poco razonable que resulta incluir en las liquidaciones trimestrales del IVA el impuesto devengado y repercutido a los clientes en facturas aun no cobradas. Lo que procedería sería, más bien, generalizar lo que ahora llaman IVA “de caja” a todos los empresarios y profesionales con independencia del volumen –mayor o menor- de sus operaciones; porque, en realidad, el régimen que se presenta como un beneficio fiscal para “emprendedores” y PYMES no es sino algo de absoluto sentido común. Lo que sucede es que a la Hacienda pública –quiero decir, a la tesorería de la Hacienda pública- no le viene bien esperar a que los morosos, que ahora son legión (de la que con escandalosa frecuencia forman parte las propias Administraciones públicas), cumplan con sus obligaciones de pago, si es que terminan cumpliéndolas alguna vez. Antes de tener que afrontar ella misma problemas de tesorería, prefiere trasladárselos a las empresas. De modo que la conclusión que se impone es clara: IVA “de caja” para todos. Y sorprende, desde luego, la propuesta contenida en el ICER de limitar temporalmente la vigencia de este régimen especial hasta el momento en que las PYMES puedan mejorar su financiación y liquidez, según más arriba indiqué.

Aparte lo anterior, y en relación también con el IVA, conviene recordar que la consustancial regresividad de este impuesto indirecto sólo se atenúa mediante la gradación de sus tipos impositivos –general, reducido y superreducido-, de manera que proponer, como lo hace el ICER, la elevación al 21% del tipo correspondiente a todos los bienes y servicios que actualmente están sometidos al 10%, menos la vivienda, el turismo y el transporte público, no haría sino agudizar dicha regresividad. Y lo mismo cabe decir de la proposición de subir al 21% los bienes y servicios que ahora tributan a la alícuota superreducida del 4%, con la excepción de los bienes de primera necesidad. Lo que más bien se impone como operación de reciclage de nuestra imposición indirecta desde el punto de vista de la equidad es revisar previamente y con rigor los conceptos de consumo de primera necesidad, consumo que podríamos denominar no primario y consumo suntuario o demostrativo de una relevante capacidad de pago, como el que gravaba el viejo Impuesto sobre el Lujo antes de la implantación del IVA. Un estudio socio-económico que podría realizarse a partir de las encuestas de presupuestos familiares del INE y de otras fuentes estadísticas.

3. Finalmente, procede algún comentario sobre una cuestión que ejemplifica hasta qué punto la fiscalidad contemporánea en general, y la española de modo muy especial, han adquirido tan asombroso grado de complejidad. Me refiero al alubión de conceptos tributarios que inciden sobre la riqueza inmobiliaria, la gran presa fiscal de los tres niveles de Hacienda existentes en nuestro país: el municipal, el autonómico y el estatal. Si centramos nuestra atención en la vivienda, por ejemplo, el inventario de las exacciones a las que ésta sirve de fundamento no arranca de los impuestos que gravan su adquisición: el IVA, si se trata de su primera transmisión, o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), si se trata de la segunda y ulteriores. La serie comienza antes. Supongamos que se trate de la promoción de una vivienda. La secuencia sería la siguiente: 1) Compra de suelo: Transmisión del terreno: ITP (Com. Aut.); Plusvalía: IVTNU (Municipio); Escritura de compraventa: AJD (Com. Aut.); Escritura hipoteca: AJD (COM. Aut.). 2) Construcción: Ejecución de obra: ICIO (Municipio)+ Tasas municipales; Escritura préstamo promotor: AJD (Com. Aut.); Declaración de obra nueva: AJD (Com. Aut.); División horizontal: AJD (Com. Aut.); Distribución del préstamo: AJD (Com. Aut.); Transcurso de la obra: IBI durante 2 años (Municipio); Plusvalía venta vivienda: IVTNU (Municipio). 3) Venta final: Escritura de compraventa: AJD (Com. Aut.); Escritura hipoteca: AJD (Com. Aut.); Venta: IVA (Estado).

Tratándose de la construcción en una parcela, a lo anterior habría que añadir: 1) Licencia de Obra; 2) ICIO (porcentaje en función del presupuesto que valoren los técnicos municipales); 3) Licencia de Ocupación (porcentaje del presupuesto); y 4) Tasa de Ocupación de la Vía Pública (en función del número de contenedores utilizados y del tiempo de ocupación).

Pero tampoco finaliza la catarata de exacciones con la venta final de la vivienda, porque a partir de ese momento la misma devengará el correspondiente IBI anual en función de su valor catastral (Municipio); la Tasa por Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos (según su denominación en el Municipio de Madrid, exigida igualmente en función del valor catastral); IRPF (rendimiento imputado, si la vivienda permanece desocupada, y que ahora propone recuperar el ICER para el caso de la vivienda habitual); ITPyAJD o ISD, en el momento en que la vivienda sea transmitida, bien onerosamente o gratuitamente, inter vivos o mortis causa. Además, en estos casos habría que añadir también el IIVTNU a favor del municipio de su radicación, Falta añadir, por último, que si la vivienda en cuestión hubiera sido arrendada, en lugar de ser ocupada por su propietario o permanecer desocupada, devengaría ITPy AJD.

A la vista de lo anterior, de la copiosa lluvia de tributos y exacciones de la más variada índole que cae sobre la vivienda como soporte común, cabe poca duda acerca de la necesidad de reordenar la fiscalidad inmobiliaria con el fin, al menos, de simplificarla y reducir sus costes de aplicación.

6. Una reflexión final.

Cuanto antecede no es sino una serie de opiniones inevitablemente fraccionarias acerca de determinados aspectos de nuestra presente realidad fiscal. Partiendo de algunas de las propuestas formuladas por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español presidida por el profesor Lagares Calvo, y tras una visión de conjunto del Informe elaborado por la misma, he pretendido ofrecer tan sólo algunas ideas referentes a lo que, en mi opinión, debería ser una reforma de mayor calado que la que parece va a abordar el actual Gobierno del Partido Popular, según se desprende de las intenciones ya hechas públicas por el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, el también profesor Montoro Romero. Creo sinceramente que la mayoría de las deficiencias e ineficiencias de nuestro actual sistema tributario derivan naturalmente de la estructura orgánica y funcional, política y administrativa, de lo que se ha dado en llamar el Estado de las Autonomías, ente desvertebrado procedente del Estado unitario que ha constituido nuestra forma de organizarnos política desde, al menos, el origen del constitucionalismo en nuestra Nación, en la fecha auroral de 1812.

En efecto, desde el inicio de la Transición política el proceso de deconstrucción del Sistema fiscal español ha discurrido paralelamente al de la construcción (¿) del Estado autonómico. La unificación fiscal española fue el resultado de un tenaz esfuerzo político y técnico llevado a cabo a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, cuyo origen cabe datar en 1714, con los Decretos de Nueva Planta que iniciaron la aproximación institucional en materia hacendística de las Coronas de Castilla y Aragón. Sin embargo, el restablecimiento de los regímenes tributario especiales (forales) en el País Vasco y Navarra, así como el posterior reconocimiento de capacidad normativa propia a las Comunidades Autónomas de régimen común en relación con determinados impuestos estatales –el cual ha venido a desbordar el marco de sus competencias tributarias ya reconocido en los términos previstos por el artículo 133.2 CE-, ha dado al traste con la unidad fiscal española, constituyéndose en el origen de importantes distorsiones fiscales interterritoriales que afectan a la eficiencia del conjunto de la economía nacional y lesionan gravemente los principios tributarios de generalidad, capacidad económica e igualdad-equidad. La quiebra de la unidad de mercado y el fraccionamiento de la autoridad fiscal que esto ha supuesto, dificultan –cuando no hacen imposible- la instrumentación de políticas económicas eficaces contra el ciclo económico desaprovechando nuestro potencial de crecimiento económico, como está poniéndose de manifiesto en la actual recesión.

Por eso creo que, cualquier intento de vertebración fiscal del Estado ha de partir del reconocimiento de la realidad que acabo de señalar, así como de una revisión a fondo del esquema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas –ya que no de la sustitución de éstas por un mapa de entidades regionales más lógico, cohesionado y colaborativo-, causa fundamental de las ineficiencias de nuestro Sector público, de su disparatado volumen y de la quiebra del sistema tributario como tal. Tenemos tres niveles de Hacienda en correspondencia con los tres niveles en los cuales se estratifica la Administración pública: el estatal (en franco repliegue), el autonómico (en desbocada expansión e indisciplina) y el local; nivel éste el más interferido y precario, cuando constituye precisamente la instancia administrativa más próxima al ciudadano, la que le suministra el grueso de los servicios públicos ordinarios. Las competencias atribuidas a cada uno de estos tres niveles de la Administración española (producto más del fraccionamiento de la soberanía política que de la simple y anunciada descentralización administrativa) no se corresponden, desde luego, con el modelo de distribución financiera óptima generalmente aceptado por la doctrina científica. Como señalé más arriba, el esquema de deslinde competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas establecido por la Constitución se ha difuminado por la aplicación abusiva de lo previsto en su artículo 150.2 CE, relativo a la posibilidad de transferir a las Comunidades facultades de titularidad exclusivamente estatal, y esto ha ocasionado el grave deterioro muestra nuestro sistema fiscal.

En suma, creo que nunca se insistirá lo suficiente en afirmar que la vertebración fiscal del Estado en España pasa necesariamente por el replanteamiento del Estado de las autonomías, un modelo de organización (¿) que, como ha podido decirse, nos devora, nos empobrece y nos enfrenta. Ello permitiría reducir y racionalizar el gasto público, así como reestructurar el cuadro tributario de acuerdo con los principios de la buena doctrina económico-financiera. Se dirá que para lograr este objetivo las cosas han llegado demasiado lejos y que la política sólo es “el arte de lo posible”. A lo que hay que responder que la política, al menos la Política con mayúscula, debe ser también el arte de hacer posible lo necesario.

***Artículo pendiente de próxima publicación en la «Revista del Instituto de Estudios Económicos»


[1] Vid. Gonzalo y González, L.: Hacia un nuevo Sistema Fiscal. Antecedentes y consecuentes de la Reforma Tributaria Fuentes Quintana-Fernández Ordóñez, en la obra colectiva dirigida por el profesor Velarde Fuertes, J.: 1900-2000. Historia de un esfuerzo colectivo. Cómo España superó el pesimismo y la pobreza, Fundación BSCH-Planeta, Madrid, 2000, vol. II, Capítulo XV, págs. 9-70.

[2] Vid. Neumark, F.: Principios de la imposición. Introducción de Enrique Fuentes Quintana, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974. Smith, A.: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., décima reimpresión, 1999, Lib. Quinto, Cap. I, Parte II, págs. 726-804. Einaudi, L.: Principios de Hacienda Pública, Aguilar, Madrid, 1962, págs. 81-152. Griziotti, B.: Principios de Ciencia de las finanzas, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1949, págs. 76-111. Cosciani, C.: Ciencia de la Hacienda, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1980, págs. 465-513. Flora. F.: Manual de Ciencia de la Hacienda, Librería General de Victoriano Suarez, Madrid, 1927, Tomo I, págs. 342-441. Eheberg-Boesler: Principios de Hacienda (Con apéndices sobre la Hacienda Española de J. Sardá Dexeus, y L. Beltrán Flórez), Ed. Gustavo Gili, Barcelona, MCMXLIV. Fuentes Quintana, E.: La reforma tributaria silenciosa, en “Anales de Economía”, CSIC, Separata de los núms.. 1-4, 3ª época, Enero-Diciembre, 1969 (Madrid, 1971), págs. 131-158. Ballesteros, P.: Manual de Hacienda Pública, Ed. Revista de Derecho Privado, Masdrid, 1940, págs. 257-296. Alvarez de Cienfuegos, J.: Hacienda Pública, Librería Prieto, Granada, 1959. págs. 172-185.

[3] Vid. Gonzalo y González, L.: ¿Es posible reducir el déficit público?, en Velarde, J. (coord..): “Lo que hay que hacer con urgencia”, Ed. Actas, Madrid, 2011, págs. 221-241.

[4] Vid. en relación con estos datos, Alonso González, L.M. et alt. : Informe. Propuestas para disminuir la litigiosidad fiscal en España a la luz del Derecho comparado.

[5] Vid. Diario Expansión, 8-I-2014.

[6] Ibid. Alonso González, L..M. et alt., op. cit.

[7] Vid. El Economista, 15-IX-2013.

[8] Vid. El Economista, 6-VI-2014.

[9] Vid. Cinco Días, 12-III-2014.

[10] Vid. Fayos, C.: La inseguridad jurídica como freno al crecimiento, en Cinco Días, 31-III.2014

[11] Ibid. Alonso González, L. M. et alt. Op. cit.

[12] Me ocupo de este asunto con mayor detenimiento en el artículo de inmediata publicación: Un tema clásico en el Informe Mirrlees: El cuestionamiento del Impuesto sobre la Renta de Sociedades, en “Revista Española de Control Externo”, nº , 2014.

[13] Para un análisis más detallado acerca de este impuesto y de las razones que abonan la conveniencia de su supresión, Vid. Gonzalo y González, L.: Sistema impositivo español. Estatal, autonómico y local, 15ª ed., Madrid, 2013, págs. 397 y ss., así como el artículo: ¿Conviene suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio?, Diario ABC de Madrid, 25-VII-2007.

[14] Vid. Gonzalo y González, L.: Sistema impositivo…, op. cit. pág. 435.

[15] Vid. Alonso González, L. M.: La inconstitucionalidad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2001.

[16] Vid. Tanzi, V.: Inflación e Impuesto sobre la Renta, IEF, Madrid, 1983, pág. 15

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