Afianzar el crecimiento: 50 recomendaciones, 40 medidas y 4 decisiones

En esta primera mitad del mes de junio ha habido tres novedades en el ámbito económico que se han visto apagadas por la noticia de la abdicación del Rey Juan Carlos I y la apertura del proceso de proclamación, que se realizará el 19 de junio, del Príncipe de Asturias como próximo Rey Felipe VI.

El primer hecho es el documento remitido por la Comisión Europea al Gobierno de España con 50 recomendaciones, muy serias, de contenido económico y no económico; el segundo, el plan del Gobierno de España con 40 medidas para impulsar “el crecimiento, la competitividad y la eficiencia” y, el tercero las 4 medidas adoptadas por el Banco Central Europeo para luchar contra el riesgo de deflación en la economía europea, que le preocupa, y mucho.

Las medidas monetarias del Banco Central Europeo son muy importantes y buscan dar liquidez crediticia a las familias y las Pymes a través de los Bancos; además, ya se están ejecutando; son: la bajada del tipo de interés al 0,15% (antes el 0,25%); el cobro por depósitos bancarios en el Banco Central Europeo (0,10%), y, por cierto, en una semana de aplicación ha producido el efecto deseado de movilizar tales depósitos para que se busquen rentabilidad; la previsión de 400.000 millones de Euros para préstamos no hipotecarios para los Bancos que presten a los clientes y la posibilidad de usar diversos bonos como colaterales para la obtención de liquidez en el B.C.E.. Las medidas, ya operativas, son muy interesantes y podrían, incluso, incrementarse.

El segundo hecho consiste en el documento de la Comisión Europea remitido al Gobierno español con 50 recomendaciones para aplicar en el periodo 2014-2015 y consolidar el crecimiento iniciado. Fue el 2 de junio de 2014, el mismo día que el Rey presentó su escrito de abdicación, cuando la Comisión Europea lo entregó al Gobierno de España. Se trata de un listado en el que insiste en que aún faltan por hacer en España muchas reformas económicas y no económicas, de orden legal, para consolidar el crecimiento y crear empleo. Entre las medidas económicas cita la necesidad de realizar esfuerzos para la reducción del déficit excesivo y detener la acumulación continuada de deuda pública, que este año llegará al billón de Euros; reforzar la nueva autoridad presupuestaria independiente para que comience a actuar cuanto antes; que se apliquen a todos los niveles de la Administración medidas preventivas, correctoras y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria; que hay que hacer una reforma fiscal completa y reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social etc. Pero, lo más destacable, es la referencia a la necesidad del control, transparencia y eficiencia del gasto de todas las administraciones e incluso, dice, hay que adoptar las reformas pendientes de la estructura del sistema judicial y garantizar la aplicación de las reformas aprobadas.

Precisamente en esas mismas fechas, el Gobierno español ha presentado otro documento, con 40 medidas, para impulsar el crecimiento económico y la creación del necesario empleo. La principal idea es destinar 11.000 millones de Euros (públicos o privados) para financiar inversiones en sectores clave de la economía (préstamos ICO, y otros), de los que más de la mitad procederían del ahorro en la partida presupuestaria por gastos financieros, resultado de la caída de la famosa prima de riesgo en la deuda pública. A los juristas les interesará que se quiere centrar el sistema de garantías mobiliarias en la figura de la prenda y de facilitar la supervivencia de sociedades en concurso de acreedores. Sin embargo, nada dice este plan gubernamental de la reforma de la Administración y de medidas de reducción del gasto público sobre las que tanto insiste la Comisión Europea. Así pues, el gobierno apuesta por el crecimiento económico de modo que produzca más ingresos fiscales y, de rebote, que el empleo generado se refleje en una minoración del gasto de subsidios de desempleo.

En resumen, la Comisión y el gobierno desean que crezca la economía, pero desde Europa se insiste en la necesidad tanto de reducir gastos para poder cumplir el programa comprometido de estabilidad presupuestaria como en tomar otras medidas en el ámbito de la calidad de la democracia. El Gobierno español se resiste a efectuar alguna reforma administrativa y del sector público empresarial y parece que no quiere oír hablar de más reformas estructurales y legales, que modernicen nuestra democracia.

Pero es evidente que, aunque mejore la actividad económica, el déficit excesivo acumulado desde 2008, de media del 8% ó 9% de déficit anual, que continuará en 2014 en el 5,6%, es grave y prueba que no deben mantenerse invariables estructuras publicas tan pesadas. En efecto, la situación muestra un desequilibrio crónico, permanente, enquistado, que no responde a necesidades reales de los ciudadanos. Un Estado fuerte necesita ser ágil en la racionalización administrativa, eficiencia de gestión, organización proporcionada y buen gobierno y no pueden marginarse, voluntariamente, tales medidas (auténticos principios) sólo porque se aproxima el año 2015 con la triple cita electoral: las municipales, autonómicas y las generales de fin de año. Los gobiernos han visto, en las elecciones europeas de 25 de mayo, lo que quieren los ciudadanos, es decir, que se hagan las reformas para mejorar la calidad democrática y reducir estructuras, entre otras, europeas.

CONCLUSIÓN

La primera quincena de junio, coincidiendo con la abdicación del Rey, se han presentado documentos de la Comisión Europea y del Gobierno con sendos listados de recomendaciones y medidas para buscar el mejor camino para afianzar la senda iniciada del crecimiento económico. El listado exhaustivo de la CE incluye medidas económicas y otras necesarias para la regeneración política. También el BCE ha tomado 4 medidas, ya activas, destinadas a facilitar liquidez y recursos crediticios a las familias y a las PYMES.

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