El Estado de Derecho ante las actividades y actos separatistas

El Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña ha iniciado la tramitación de una nueva ley de consultas populares a la que se oponen los diputados del Partido Popular y de Ciutadans por su naturaleza de ley “fraude”; dicen que la ley se va a denominar de consultas populares, pero que persigue un fin concreto: preparar una consulta sobre la separación de Cataluña. El legislador catalán, lógicamente, puede aprobarla dentro de la legalidad estatutaria, en el ámbito de sus competencias, pero, es distinto, utilizarla para formular una consulta o consultas populares cuyo fin sea plantear, de alguna forma, la separación territorial respecto a España. Evidentemente, si la pregunta afecta al concepto de soberanía nacional la consulta será inconstitucional pues, sólo podría “fraccionarse” por reforma constitucional, por el procedimiento del art. 168 de la Constitución Española e inmediatamente sería recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del Estado. En efecto, el Título Preliminar de la Constitución Española y sus arts. 1º.2 y 2º dicen que la soberanía nacional “reside en el pueblo español”; así pues, cualquier “alteración” sobre la soberanía sólo puede plantearse ante “todo” el pueblo español como reforma constitucional.

Por ello, los nacionalistas tratan de sortear este obstáculo intentando crear un inexistente derecho a “decidir, ellos y para ellos”, pero que tendría efectos sobre el resto de los españoles. Su argumento es sólo que es democrático poder decidir. Pero la democracia exige respetar las leyes, los pactos y las formas. ¿Decidir qué, por qué, quién y cómo? En democracia se hace trampa cuando alguien quiere “delimitar” el territorio, la pregunta, los electores o personas consultadas, eligiendo el censo y excluyendo a quienes no interesa; ese planteamiento, políticamente, es ridículo y jurídicamente sería un fraude a la Constitución y a las leyes.

Los conflictos continuados provocados por el gobierno catalán no residen sólo en la insatisfacción presupuestaria, en busca de la especialidad; ya en su día reclamaron un concierto fiscal y ahora una financiación asimétrica favorable. Los conflictos se extienden a otros ámbitos al no cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional, ni del Tribunal Supremo de Cataluña sobre la libertad de uso de la lengua española en la escuela, presionando a las familias, lamentablemente, más humildes. Se ha prohibido rotular en español los comercios con una ley que rompe la unidad y la libertad de mercado; también dicho gobierno ha creado una red de “embajadas” en el extranjero que tratan de desprestigiar a España y dispone de una maquinaria de propaganda con medios de comunicación pagados con cargo a recursos públicos. Junto a esta serie de conflictos jurídicos y políticos, el gobierno catalán trata de crear diferencias sociales y falsas señas de identidad excluyentes de una parte de los ciudadanos, y eso genera un riesgo serio de fraccionamiento de la convivencia social. Están jugando con fuego y no hay que tentar la suerte.

La Constitución Española de 1978 se redactó para evitar las tensiones secesionistas, para imponer la descentralización de una forma indubitada y creó un modelo de Estado autonómico casi federal, en el que cada Comunidad Autónoma tiene competencias propias con capacidad legislativa y ejecutiva, y una financiación bajo los principios de solidaridad y coordinación territorial. El nacionalismo catalán debe repensar y reconsiderar su estrategia porque, en todo caso, va a ser estéril; igual cabe decir de la molesta táctica de tensión constante. Deben darse cuenta de que los países, en el siglo XXI, no pueden vivir aislados en sus fantasías absurdas e improductivas; España es miembro de la Unión Europea y la separación les excluiría automáticamente de la Unión Europea y del euro. Estos datos objetivos deben darlos a conocer a la población si hacen la campaña para “decidir” sobre la independencia. Los nacionalistas y el gobierno catalán no pueden engañar a los ciudadanos con mitos, cuentos, leyendas, bienestar futuro, ni pueden hacer perder el tiempo a las instituciones, porque hay que trabajar cada día, en la realidad, y no deben ocultar la dura situación económica con cortinas de humo.

¿Hasta cuando debe soportar el Estado y el Estado de Derecho estas actuaciones de conflicto constante y de deslealtad? Además, estas actividades se financian con recursos públicos y utilizan las dependencias de las instituciones, cuyo poder ocupan legítimamente pero para sus fines legítimos en el ámbito de sus competencias. ¿Hay que permitir esta situación y actuaciones contrarias a la buena fe institucional y perjudiciales para la unión constitucional? El art 155 de la Constitución Española contempla la posibilidad de la intervención de una autonomía; puede utilizarse en todo o en parte, y, sin necesidad de la supresión completa de una autonomía. Pero existen otros mecanismos legales para parar actos de mala fe, porque las relaciones de las instituciones se deben inspirar en la lealtad y la legalidad. En todo caso, se habrían de calcular los costes de tanto conflicto y evitar que se desvíen recursos públicos para romper la soberanía nacional. Sería bueno hacer un requerimiento, desde el Gobierno, o una ley del Parlamento de la Nación que desarrolle una acción semejante al “interdicto” (de obra nueva), para que dejen de actuar de esta forma imprudente y perjudicial para los españoles.

CONCLUSIONES

Las actuaciones constantes y sucesivas del Gobierno de Cataluña dirigidas a crear conflictos jurídicos y a la división de la sociedad deben ser contestadas por el Gobierno de España, no sólo jurídicamente ante el Tribunal Constitucional; hay que idear mecanismos nuevos como es un requerimiento “interdictal” de buena fe institucional y el control de cada gasto, porque los españoles no podemos financiar actuaciones que pretenden romper la unidad de España y la soberanía nacional.

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