Estado Unitario versus estado federal

Se ha celebrado el 26 de septiembre en el Ateneo de Madrid un debate titulado “Estado unitario versus estado federal”, organizado por el Club Liberal Español y por el Ateneo cuyo gran salón de actos acogió el debate, con asistencia de casi un centenar de personas. Hubo dos contendientes, personas con gran conocimiento político y de sensibilidad liberal, que hicieron una exposición individual de su respectiva posición y debatieron sus tesis. Joaquín Nebreda, abogado y secretario general del Club Liberal, defendió las ventajas del “estado unitario” para España; y Juan Pina, politólogo y presidente del Partido de la Libertad Individual (P-LIB), defendió que sería preferible el modelo federal; ambos expusieron que su respectiva fórmula mejoraría la organización del gobierno de España y aumentaría las libertades fundamentales e igualdad de los españoles, muy dañadas en algunas Comunidades Autónomas, como por ejemplo, la libertad de uso del idioma español en la educación y administraciones.

Me correspondió presentar y moderar el debate. En la introducción dije que la finalidad del acto tenía evidentes fines didácticos, para todos nosotros, porque hemos sido sorprendidos por el afán federalista de partidos políticos importantes como son el PSOE, PSC y UPyD, que creen que el modelo de estado federal podría ser la fórmula para resolver las tensiones secesionistas, como vía intermedia que frene el independentismo. A mi juicio, no deben intentarse nuevas soluciones de organización política en España, con fórmulas de laboratorio, sin contrastar, sin antecedentes en España y sin garantías de que el resultado sea definitivo y de leal cumplimiento. Es decir, sería un error político intentar, ahora, una nueva figura, la federal, para solucionar las insuficiencias del régimen autonómico, pues si éste no satisface a los independentistas es porque no quieren la unión con España tenga o no forma federal. Pero, lo que es evidente, es que hay que poner al sistema autonómico un cierre, con un techo igual para las autonomías y un justo reparto de recursos financieros.

El modelo federal no tiene antecedentes en la Historia de España; sólo hubo un “proyecto de constitución federal de la República española de 1873” que no llegó a aprobarse pues las Cortes fueron disueltas por el General Pavía. El texto de ese proyecto, que merece ser leído, prueba la confusión de conceptos de los términos: nación española, estado federal, estados regionales, Cortes de Estado, Cortes de la Federación, etc. En la elaboración de la Constitución de 1931 de la II República, no se planteó la figura federal.

El modelo de estado federal no es único y en el Derecho comparado hay diversos tipos bajo el nombre de Estado Federal; son distintos los modelos de USA, de Méjico, Suiza, Alemania, etc. que responden a sus respectivos orígenes, por razones diversas para la unión (no para separar lo unido) a veces por geografía, historia o imposición tras guerras (Alemania).

Dar una definición de estado federal, es imposible, sólo cabe definirlo mediante la descripción de sus características en la organización del gobierno del estado. En efecto, el principal elemento de un estado federal es el reparto de competencias exclusivas entre el Estado y los entes territoriales que los integran, su graduación y la asignación del cajón de sastre del resto de competencias. La financiación es otra peculiaridad: quién gestiona, recauda los tributos, cómo se reparten los ingresos públicos y qué fondo de solidaridad se crea. Suelen tener una cámara territorial, el Senado, que representa a los territorios, como en Alemania o en USA, en donde cada Estado tiene dos representantes cualquiera que sea su tamaño.

Nebreda mantuvo la tesis de que España es el más antiguo estado unitario de Europa y que nuestra Historia es rica en hechos en los que han participado españoles de todas las regiones; que la Constitución de 1812 reconoció al pueblo español la titularidad de la soberanía nacional y que no hay antecedentes de federalismo en la organización política de España. Dijo que la Constitución vigente de 1978 sirvió para la transición, aunque a la vista de la frustración actual, la insatisfacción nacionalista e ineficacia de gestión, por su elevado coste y despilfarro, debería modificarse para que el Estado reasuma, tras un serio debate, competencias cedidas o reconocidas a las comunidades Autónomas. Tras su argumentada exposición hizo las siguientes preguntas: ¿Hay en el mundo algún estado unitario que se haya convertido en estado federal? ¿puede afirmarse que alguna región española es una nación? ¿si España se constituye en estado federal se resolvería la cuestión sentimental de los nacionalistas-independentistas?. Terminó diciendo que el estado federal no resuelve el problema nacionalista y que las tensiones secesionistas se resolverían con el voto ciudadano, en un estado unitario, gestionado eficazmente y con una reforma constitucional, meditada y respetuosa con el procedimiento legal; pues, además, en Europa y en el mundo hay que acumular fuerzas.

Juan Pina defendió el modelo federal para España así como el derecho de decidir de cada comunidad; también expuso que el estado habría de tener dimensión mínima y actividad subsidiaria respecto a la iniciativa de los ciudadanos; así pues, el estado debería limitarse a actuar en sus materias clásicas.

El debate final puso en claro que en España hace falta un rearme moral de la sociedad y que el Estado y sus organismos de administración, cualquiera que sea su forma, deben velar por los derechos y libertades de sus ciudadanos, acción que no se está realizando en Cataluña, País Vasco y demás regiones autónomas en libertad de expresión, opinión y en materia educativa. Que las libertades iguales de los españoles se proclaman y defienden mejor desde el reconocimiento en la Constitución.

CONCLUSIÓN

La fórmula de estado federal sugerida por algunos partidos políticos para que España no sufra tensiones secesionistas no es acertada porque sería insuficiente para los independentistas, que buscan la separación, y pondría a los españoles ante el riesgo de un grave experimento de su sistema político. Son necesarias las reformas administrativas tan reiteradas: la del Senado, la reducción de órganos y de gasto público y encontrar una fórmula justa de financiación autonómica.

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