La Democracia y el cumplimiento de las leyes

Están ocurriendo cosas en España que, aunque cueste reconocerlo, nos alejan progresivamente de lo que es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel en el que los poderes públicos y los ciudadanos quedan obligados a cumplir las leyes y normas publicadas y vigentes, una vez debatidas y aprobadas de forma democrática por los representantes del pueblo (Congreso y Senado); igual obligación existe con las sentencias de los tribunales. El sistema constitucional democrático pretende alcanzar la convivencia democrática, como dice el Preámbulo de la Constitución Española de 1978, y ello exige cumplir el conjunto normativo, desde la Constitución hasta los reglamentos, es decir, unas reglas de juego comunes e iguales para todos que, en caso de incumplimiento, el ordenamiento democrático prevé restaurar mediante diversas medidas ejecutivas. Pueden ejecutar sus decisiones las Administraciones Públicas, los Tribunales (art. 117.3 CE) pueden “ejecutar lo juzgado”, y todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el TC resuelva (LO 2/1979 de 3 de octubre).

Sin embargo, estamos observando, con estupor, que en muchos ámbitos políticos y del poder hay órganos administrativos y cargos públicos, obligados a cumplir las leyes y sentencias, que las incumplen; se vanaglorian de ello y/o anuncian vehementemente que volverán a incumplir (caso de la exclusión del idioma español en la escuela catalana). Ello genera inseguridad jurídica, impropio de un Estado de Derecho, pues supone la devaluación de nuestra democracia con el grave efecto dejar en indefensión a los ciudadanos afectados.

Son muchos los casos que la realidad española presenta actualmente como actos “arbitrarios” del poder, a los que deben sumarse los anuncios, cada vez más abundantes, de desobediencia a la ley.

Por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona dice que no va a cumplir las leyes “injustas”. ¿Quién dice que una ley aprobada democráticamente por el Congreso y el Senado es injusta?. Dice que “ella” decidirá y se atribuye esa capacidad del poder legislativo, al que acumula el poder ejecutivo municipal, es decir, crea una autocracia. Otro caso análogo es la pretensión de algunos alcaldes “podemitas” para calificar toda o parte de las obligaciones contraídas y de deuda municipal existente como “ilegítima”, decidiéndo “ellos”, pagarla o no pagarla. El asunto tiene trascendencia de todo orden así como sobre la clasificación crediticia (también alcanza al país), moviéndose alrededor del delito de prevaricación.

También son un ataque al sistema democrático los reiterados anuncios de desobediencia de Consejeros de Educación de diversas Comunidades Autónomas de la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa que intenta evitar el abandono escolar. Esta ley fue ampliamente debatida en las Cortes y su entrada en vigor se realiza progresivamente por ciclos y cursos académicos. Pues bien, contra ella ofrecen gran resistencia y anuncian la desobediencia algunas Comunidades Autónomas por razones varias: las reválidas, los contenidos de los programas, las materias… La cuestión no es un conflicto competencial, estatal y autonómico (compartidas: art. 27 y 149.1:30 CE), sino que hay administraciones autonómicas a las que cuesta reconocer las competencias del Estado, y que un Estado soberano debe tener un sistema educativo nacional.Lamentablemente, esta resistencia es un obstáculo adicional para superar el bajo (ínfimo) nivel de la enseñanza en España, según las evaluaciones de PISA.

Otro caso penoso es la imposición arbitraria e ilegal de la inmersión ligüística en catalán en la escuela pública de Cataluña que viola los derechos ciudadanos de los padres de familia que quieren que sus hijos menores tengan el español como lengua materna y vehicular en la escuela. ¿Cómo una Comunidad puede “suprimir” este derecho humano (Declaración Universal de Derechos Humanos) a estudiar en la lengua materna?. Esto está ocurriendo desde hace años, a pesar de que las familias han ganado más de 20 sentencias en los tribunales incluido el TS y el TC, que la Comunidad de Cataluña se niega a cumplir.

Finalmente, el gran desafío al Estado de Derecho son las sucesivas actuaciones ilegales y desleales del gobierno independentista de Cataluña, que utiliza la administración para sus fines propios de partido (desviación de poder) y cuya última hazaña es la publicación del decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas de 27 de septiembre de 2015. El texto del Decreto es una convocatoria electoral autonómica normal en donde no se alude al “plebiscito” independentista; sin embargo, verbalmente ha sido reiterado ese fin “plesbicitario” e incluso expuesto por el propio presidente Mas en el Parlament el 2 de septiembre para que “todos lo conozcan”.

La situación jurídica es surrealista y jurídicamente podría considerarse, que esa declaración verbal sobre plebiscito complementa el texto escrito y consuna la simulación. Es sabido que en el mundo del Derecho hay actos escritos y verbales, expresos y presuntos…El Sr. Mas con su convocatoria escrita-verbal, trata de provocar al gobierno de España para que impugne la convocatoria electoral ante el Tribunal Constitucional y sea suspendida para convertirse en víctima democrática.

Estos matices son de difícil comprensión para los electores, aunque a muchos nacionalistas se les está cayendo la venda de los ojos y ven los graves perjuicios de la hipotética independencia. Nosotros esperamos que los votos echen del gobierno a quien, irresponsablemente, sólo aspira a tener más poder y menos control judicial.

CONCLUSIÓN

El Estado de Derecho exige que los ciudadanos y todos los poderes públicos (funcionarios, cargos públicos, administraciones, parlamentos…) cumplan las leyes y las obligaciones contraídas con lealtad y buena fe. Se ha convertido en una práctica común el incumplimiento o el mal cumplimiento de las leyes y sentencias y el anuncio de políticos de la desobediencia de las leyes aprobadas democráticamente. No se ha debido llegar a este punto pues cada incumplimiento es un paso atrás en el sistema democrático y una violación de los derechos de los ciudadanos afectados.

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