Regenerar la democracia y el imperio de la ley en España

Regenerar la democracia y el imperio de la ley en España

Desde 2007 se han ido destapando en España no sólo graves problemas estructurales en nuestra economía, sino también profundas grietas del sistema político institucional, que deben ser reparadas con urgencia, porque afectan a la esencia de los valores y principios democráticos, y especialmente, del Estado de Derecho. Se ha vuelto a utilizar la expresión “regenerar la democracia”; y se repite insistentemente la palabra “regeneración”, igual que a finales del siglo XIX, cuando en aquella etapa “predemocrática” de la vida política española, dominaron el escenario el caciquismo electoral y la corrupción, que denunciaron Joaquín Costa y los miembros de la generación del 98.

Hay inquietud entre nuestros ciudadanos por la situación política en 2012; de ello se habla, con toda naturalidad, en los ámbitos sociales, profesionales, empresariales y políticos y se refleja en una gran actividad de análisis de la situación política en foros, asociaciones, fundaciones; se publican escritos y se pronuncian conferencias en las que se exponen ideas de regeneración de la vida política e institucional de España, porque debe ser transparente, eficaz y viable económicamente. Varios libros se han publicado recientemente que aportan análisis y soluciones. Gaspar Ariño, catedrático de Derecho Administrativo, ha publicado un estupendo libro titulado “Regenerar la democracia. Reconstruir el Estado”; Santiago Muñoz Machado, también catedrático, ha publicado “Informe sobre España”, centrado en la necesaria reforma de las Comunidades Autónomas.

Se concretan los graves problemas que sufre España en tres áreas, además del ámbito económico. Se comenta que tenemos un Estado de Derecho tambaleante, que hay una regresión seria de las libertades democráticas y que la clase política es excesiva, de selección imperfecta en la que se han introducido algunas personas y prácticas corruptas.

El Estado de Derecho sufre por el incumplimiento de las leyes, de las obligaciones de las administraciones y de las sentencias judiciales; ello perjudica a la seguridad jurídica de los ciudadanos, de las empresas y de la imagen de España. La estructura de división competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas ha creado confusión e ineficacia. Hay Comunidades Autónomas que lanzan desafíos al Estado y al Estado de Derecho anunciando sus dirigentes que no van a cumplir las leyes ni las Sentencias del Tribunal Supremo y, además, las incumplen. La falta de reacción de las instituciones competentes crea desasosiego en los ciudadanos que ven mermados sus derechos frente a los autoritarios incumplidores; es sabido que pueden aplicarse mecanismos de control y corrección, previstos en la CE 1978; son: las leyes marco, armonizadoras o el art.155. La amenaza de incumplir la ley de educación, que se apruebe democráticamente en las Cortes, hecha por algunos políticos de Cataluña acredita que no reconocen la soberanía nacional, ni respetan las mayorías democráticas, ni las competencias del Estado y que creen tener derecho a imponer —inquisitorialmente— su inmersión lingüística, a quienes quieren ejercer su libertad de elegir el idioma español, como lengua vehicular para sus hijos en la escuela. Para resolver este punto cabe aplicar los mecanismos de la Constitución o la vía de retención de los recursos públicos, pagando directamente a las escuelas o entregando a las familias un cheque escolar que les permita “elegir” la escuela de sus hijos y la lengua vehicular oficial que les plazca.

Esto hace que en los foros citados se reivindique el restablecimiento del imperio de la ley, se proclame la recuperación de los valores democráticos y el reconocimiento de las libertades individuales; así hay conflictos que no pueden dejarse sólo a la lenta resolución de los Tribunales, pues la Constitución y las leyes atribuyen, al Gobierno y a la mayoría parlamentaria, facultades de acción inmediata para reponer la violación de los derechos individuales. Gaspar Ariño en su reciente libro “Regenerar la Democracia, reconstruir el Estado” insiste en la necesidad de recuperar los principios y valores del sistema porque los sistemas políticos y económicos no funcionan sólo con leyes, sino también, con valores morales, con la verdad y con la transparencia.

Las últimas encuestas del CIS han señalado que el paro es el primer problema para los españoles; el segundo, la crisis económica y, el tercero, “la clase política”, por delante de otros problemas como el terrorismo y la seguridad. A ello, hay que unir la preocupación ciudadana por el ineficaz y enrevesado funcionamiento de las Comunidades Autónomas, entes locales y organismos públicos, que requieren un alto coste económico y dan cobijo a innumerables personas de los partidos políticos.

Es auténtico el hervor ciudadano emitiendo “opinión” para mejorar la calidad de nuestra democracia, que merece ser atendido por los partidos políticos; se señalan de urgente reforma: la ley electoral, el régimen democrático interno de los partidos políticos y su financiación, que debe dejar de ser eminentemente publica, así como la de los sindicatos y la patronal empresarial.

CONCLUSIÓN:

Se está creando una fuerte corriente de opinión para la regeneración democrática en España, con el deseo de que se transmita por los medios de comunicación y redes sociales. España necesita recuperar los principios democráticos y ser un verdadero Estado de Derecho, en donde se cumplan las leyes, incluido el Código Penal, porque los españoles, especialmente nuestra juventud y la imagen internacional, así lo requieren. Los partidos han de hacer un esfuerzo para oír a los ciudadanos y mejorar la Ley Electoral, reducir la financiación pública de partidos e incorporar modernos mecanismos de control y transparencia presupuestaria. En fin, buen gobierno.

 

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