Sobran cadenas, falta libertad

Sobran cadenas, falta libertad

Los independentistas de Cataluña tienen previsto celebrar el 11 de septiembre, la Diada, con una cadena humana soberanista, que cruce Cataluña de norte a sur, en reivindicación de un (inexistente) derecho a decidir, en referéndum, su separación territorial de España para ir hacia la independencia. La campaña de los partidos políticos nacionalistas convocantes (no está Unió) está concebida, apoyada y jaleada desde el actual gobierno nacionalista catalán, que está volcado en la organización, aportando medios económicos públicos, y utilizando los medios de propaganda controlados y subvencionados con el presupuesto; con esta cadena desea respaldar la petición formal remitida al Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, para que autorice la convocatoria de dicho referéndum que se celebraría “solo” en el territorio catalán, en el que vote “sólo” la población de dicha región.

El planteamiento del referéndum citado es un disparate político, jurídico, histórico y de falta de realismo, pues según el Tratado de la Unión Europea el nuevo Estado quedaría automáticamente excluido de la U.E.. El Presidente Sr. Mas justifica la petición en el “clamor” reivindicativo de los nacionalistas y en un inventado “derecho a decidir” de unos pocos frente a la historia y la constitución de España que fue aprobada mayoritariamente en 1978.

Quienes creemos en la libertad individual de la persona y en el respeto a la ley vemos como un grave error tanto la petición como la exhibición de fuerza con la cadena citada; la fusión de “cadena y de política” trae malos recuerdos pues, las cadenas, representan la esclavitud de las personas y, en política, significan la represión de la libertad de las personas.

Las Cortes de Cádiz aprobaron la Constitución de 1812, primera constitución española que, entre otras medidas, acabó con la monarquía absoluta en España, transformó a la persona-súbdito en ciudadano, titular de derechos, libertades y de obligaciones; introdujo la teoría de la división de poderes, reconoció la libertad de expresión y de imprenta y configuró el concepto de la soberanía de la nación española cuya unificación como Estado se remonta a los Reyes Católicos.

Sin embargo, algunos españoles del Siglo XIX no sentían la llamada de la libertad y preferían seguir siendo súbditos del Rey absoluto Fernando VII lanzando estos gritos y consignas: ¡Vivan las cadenas! ¡Muera la libertad! Aquellos ciudadanos deseaban estar sometidos a las cadenas porque la Constitución de 1812 arrancaba sus privilegios particulares y las ventajas de que gozaban, por la obscuridad en la gestión pública e inmunidad ante la corrupción.

Por ello, la organización de esta cadena humana en el siglo XXI, por la independencia catalana nos recuerda aquel ¡Vivan las cadenas! de quienes llamaban “negros” a los defensores de las libertades y de la nación soberana española. Los nacionalistas catalanes pueden recordar, ahora que gozan del poder y del gobierno, que han accedido a él al amparo de la normativa vigente en España y que la congruencia lógica-jurídica exige que si desean cambiar las reglas del juego, deben proponer un cambio constitucional ante y por todos los españoles.

Pero muchas acciones del gobierno de Cataluña prueban que no respeta los principios de igualdad y libertad de los ciudadanos; así, es suficiente ver el incumplimiento de las leyes que reconocen a los familiares de los niños en edad de enseñanza básica su derecho a elegir, para éstos, la enseñanza pública y gratuita en lengua vehicular castellana, lengua oficial del Estado, y por tanto en Cataluña. Tampoco cumple el gobierno catalán las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han respaldado ese derecho, que también han reconocido las Declaraciones de Derechos Humanos y la UNESCO. Prohíbe el Gobierno Catalán que los comercios rotulen sus nombres en castellano y pone todo tipo de trabas al uso del castellano en las relaciones de los ciudadanos con la administración autonómica y local.

De otro lado, no brilla su gestión económica en la lucha contra el paro, ni lucha contra la corrupción, ni ha aprobado un actualizado presupuesto anual, ni combate el déficit, ni el gasto irracional, y se niega a ajustarse a los límites de déficit fijados para las Comunidades Autónomas y que deben respetarse para que el Estado cumpla el plan de estabilidad pactado con la U.E.

Y en este ambiente de deficiente y desafiante gestión plantean la petición de hacer un referéndum “particular” carente de amparo legal. Veamos: El art. 1º de la Constitución Española, dice que: la soberanía nacional que reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado; el art. 2º dice que: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española…”; el art. 149.32 atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” y el art. 92 de la Constitución dice que las decisiones políticas de especial trascendencia pueden someterse a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, con la previa aprobación del Congreso.

CONCLUSION

Si un grupo político desea la secesión de parte del territorio nacional, habrá de plantear, previamente, la reforma de la Constitución a través de los trámites de los arts. 166 a 169 previstos de la propia Constitución de 1978, para introducir la posibilidad de la secesión. La petición del grupo nacionalista que dirige Cataluña, en estos momentos, de efectuar un referéndum consultivo “particular” sólo en esa región y para solo la población allí residente, no puede autorizarse porque infringe la Constitución de 1978 ya que afecta a la unidad de España y a la soberanía nacional que está reconocida a todos los españoles.

Es penoso que se esté malgastando dinero y tiempo en este objetivo nacionalista —independentista— cuando las necesidades de España y, por supuesto de Cataluña, son otras: salir de la crisis económica, acabar con la corrupción y regenerar la democracia.

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