Un artículo de Fernando del Pino Calvo-Sotelo (EXPANSIÓN, 13/05/2020)

El confinamiento como experimento totalitario

En países más libres que el nuestro crecen las críticas a esa reacción aturullada y miope llamada confinamiento, de brutales consecuencias sociales y económicas y cuya eficacia sanitaria a largo plazo se comienza a poner en duda. En palabras del profesor de biología de Stanford y Premio Nobel Michael Levitt, «cuando analicemos todos los datos, el daño producido por los confinamientos excederá enormemente cualquier beneficio».

Algunas críticas se centran en la enorme penuria económica que ya está causando. En efecto, aunque el gobierno crea que la economía es como un coche que se puede parar y arrancar de nuevo sin problema, no es así. En realidad, la economía se parece más a un sistema biológico que a una máquina, por lo que la privación brutal de actividad puede asimilarse a la anoxia, la falta casi total de oxígeno que conduce rápidamente a un deterioro orgánico irreversible: con igual celeridad, el parón económico produce un daño permanente e irreparable. Sin embargo, los mismos que no comprendieron el error de una semana de retraso en combatir la epidemia no comprenden el error de retrasar la vuelta a la normalidad: en una semana se perderán empleos que no se recuperarán, quizá, hasta dentro de una década. O quizá sí lo comprenden, en cuyo caso pretenden crear una sociedad empobrecida dependiente de la limosna de la casta gobernante. La llaman, creo, «renta mínima vital» (vital para mantener el poder, se sobreentiende).

Típico de la era de la propaganda simplona, el gobierno ha creado un debate maniqueo y falaz contraponiendo la voluntad de «salvar vidas» (defendida por la izquierda, esto es, los buenos) con la de «salvar la economía» (defendida por la derecha, esto es, los malos). Qué descaro que este gobierno hable de salvar vidas: tras 50 días con el confinamiento más drástico del mundo (diez veces el período medio de incubación del virus), hemos pasado de 288 a cerca de 38.000 muertos (según datos autonómicos), lo que convierte a España en el país con mayor mortalidad por habitante. El 97% de los fallecidos era mayor de 60 años (casi todos mayores de 70) y gran parte del 3% restante sufría patologías concomitantes. Estos datos dan alas a los críticos del confinamiento, que habría encerrado innecesariamente a personas sanas, que en caso de contagiarse serían mayoritariamente asintomáticas o leves (casi toda la población activa), mientras desprotegía a quienes realmente necesitaban protección, con horrorosas consecuencias. Siendo prioritario minimizar el número de muertos y no el de contagiados leves, ¿qué resultados habríamos obtenido de haber aislado sólo a la población de riesgo y a los enfermos concentrando los recursos disponibles en la protección de nuestros mayores y de los hospitales, focos sostenidos de contagio? Recuerden los 40.000 sanitarios infectados – que habrán contagiado a muchos otros – porque las autoridades los dejaron desprotegidos. Y además del coste social y económico causado por un encierro tan largo, ¿cuál será el coste humano del evidente deterioro de la salud mental, con recomendaciones que abonan la ansiedad, la depresión y el desarrollo de trastornos obsesivo-compulsivos, y física, incluyendo el retraso de tratamientos perentorios?

No hay contradicción alguna entre salvar la economía y salvar vidas, porque la economía salva vidas. Si hundimos la economía, no podremos financiar los recursos para sostener nuestro sistema sanitario. En efecto, la correlación negativa entre pobreza y salud es bien conocida, lo que explica que el Programa de Alimentos de la ONU (WFP) haya estimado que «existe un peligro real de que más gente muera por el impacto económico por el Covid-19 que por el virus mismo», previendo que el número de personas enfrentadas a la hambruna se duplicará hasta los 260 millones. Como decía el gran economista Henry Hazlitt, «el arte de la economía consiste en considerar no los efectos inmediatos, sino los que se producirán a largo plazo por cualquier acto o medida política; en calcular las repercusiones de tal política, no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores».

Sin embargo, lo más preocupante del confinamiento es la rapidez con la que los gobiernos han usurpado un poder casi dictatorial en una alarmante involución de derechos y libertades. España ha sido un caso extremo: en pocas semanas nuestras libertades más básicas se han disuelto como azucarillo, el Estado de Derecho ha desaparecido como por ensalmo y nos han impuesto un arresto domiciliario de dudosísima legalidad mientras esperamos que nos den la libertad condicional como si fuéramos delincuentes. Por órdenes del gobierno somos vigilados por la policía (cuya imagen se deteriora por momentos) en un ambiente represivo y proclive a la extralimitación, con toques de queda y salvoconductos, continuos controles policiales (típicos de dictaduras), actitudes intimidatorias, acciones desproporcionadas, sanciones abusivas e invitaciones a la delación de hechos no delictivos como la «insolidaridad» (otra piedra angular de regímenes totalitarios es el colaboracionismo, fomentando la delación entre ciudadanos).

Con estas medidas los yonquis del poder están midiendo la capacidad de aguante del ciudadano preguntándose hasta qué extremo tragará con los abusos de un nuevo régimen que ha encontrado en el pánico – que impide pensar – un arma eficaz. Por tanto, la pavorosa restricción de libertades (de circulación, de reunión, de expresión, de culto) está siendo un experimento. Así, los motivos sanitarios se utilizan ya como coartada y el grupo de supuestos «expertos» avaladores se transforma en una tapadera que aprovecha el principio de autoridad para que la gente acepte, de manos de «técnicos» de bata blanca, errores de juicio garrafales y propuestas disparatadas que cambian sobre la marcha en función del aplauso o del abucheo. Y qué decir del escarnio a los muertos que […]

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Un artículo de Fernando del Pino Calvo-Sotelo publicado en EXPANSIÓN el 17 de mayo de 2020

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