Un artículo de Olga R. Sanmartín (EL MUNDO, 22/10/2018)

El Tribunal Constitucional avala que el Estado fije cuotas en la enseñanza de las lenguas

El Tribunal Constitucional ha desestimado un conflicto de competencias planteado por el Gobierno vasco respecto a lo que consideraba una “injerencia” del Estado en varias cuestiones del desarrollo curricular de Primaria de la Lomce, entre ellas el tratamiento que recibe la asignatura de euskera en esta etapa educativa.

El Alto Tribunal rechaza las alegaciones del recurrente y concluye que, aunque son las comunidades autónomas las que tienen las competencias educativas, la demanda “parte de una premisa que no puede sostenerse, conforme a la doctrina constitucional, como es que la comunidad autónoma es la única competente para regular la enseñanza de la lengua cooficial”. El Estado, por tanto, está autorizado a fijar unos mínimos incluso cuando se trata del euskera. El pasado febrero, el Alto Tribunal tumbó el mecanismo contemplado en la Lomce para estudiar en castellano en Cataluña por invasión competencial.

El Ejecutivo vasco se había quejado por dos frases del real decreto de 2014 que detalla lo que tienen que aprender los niños de entre seis y 12 años. En una dice que “la lengua cooficial recibirá un tratamiento análogo al de la lengua castellana”, algo que el demandante no compartía, pues sostenía que es la comunidad autónoma, en el ejercicio de su “competencia exclusiva” para regular la presencia del euskera, a quien corresponde ver qué tratamiento le da y “determinar las medidas de política lingüística tendentes a corregir situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra”, mientras que “el Estado debe limitarse a garantizar el conocimiento de la lengua castellana”.

“En lo relativo a la ordenación del aspecto referido a la lengua en el sistema educativo, la competencia estatal se limita al uso del castellano en su doble dimensión de aprendizaje y empleo de esta lengua como instrumento de comunicación educativa, quedando en manos de la comunidad autónoma la determinación de los criterios de enseñanza y evaluación de la lengua propia, con el único límite del estatuto de que goza el castellano en tanto que lengua común”, defendía.

La otra frase del currículo estatal impugnada señala que la prueba de euskera en 6º de Primaria “se realizará de forma simultánea al resto de las pruebas que componen las evaluaciones finales” de esta etapa educativa. El redactado del Ministerio de Educación tiene su razón de ser en evitar que al alumno le coincidan varios exámenes a la vez en esta evaluación que, si bien no causa efectos académicos, sirve para diagnosticar cómo lo hacen el alumno, el centro y el sistema educativo de la región.

Pero el Ejecutivo autonómico consideraba que el Estado también se extralimitaba con esta frase porque “es a la comunidad autónoma a la que corresponde determinar si la evaluación se realiza mediante una prueba final de la asignatura, una evaluación de configuración mixta, o una evaluación transversal”. En el fondo, el Gobierno vasco no era partidario de hacer ninguna evaluación externa o reválida de la forma en que las determina la Lomce y se sentía invadido por el hecho de que el Estado “imponga aspectos de estricta ejecución”.

El Constitucional no le da la razón en ninguna de las dos cuestiones. Respecto a la primera, concluye que el currículo estatal “no incurre en la vulneración competencial” que se denuncia, pues “contiene una previsión mínima” acerca del tratamiento de Lengua Cooficial y Literatura en relación con el de Lengua Castellana y Literatura “que se dirige a evitar situaciones de desigualdad” en la enseñanza de las dos lenguas cooficiales, el castellano y el euskera, “que es lo que sería inconstitucional”.

Añade que esta previsión otorga a las comunidades autónomas “un margen suficiente para que puedan prever enseñanzas específicas en relación a la lengua cooficial” que respondan a su “particularidad” dentro del Estado autonómico.

La segunda cuestión también es desestimada. El TC razona que el redactado del currículo es correcto porque “se trata de una regulación que forma parte de la competencia estatal en relación con esta prueba en tanto que pretende garantizar su carácter único, esto es, la evaluación final individualizada”. Por tanto, “las competencias autonómicas no se ven afectadas”, pues […]

Leer completo en EL MUNDO

Un artículo de Olga R. Sanmartínz publicado en EL MUNDO el 22 de octubre de 2018.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.