Un artículo de Daniel García-Pita Pemán (ABC, 5/6/2017)

«Judicialitzar Catalunya»

«Las instituciones catalanas rechazan cualquier negociación que no parta de la celebración de su propio y exclusivo referéndum, solo de los catalanes, excluyendo al resto de los españoles e incumpliendo la Constitución. El Estado español no puede asumir una negociación política de esta naturaleza».

[…] Y la cuestión es esta: ¿está el Gobierno español «judicializando» la cuestión catalana? ¿Esta incumpliendo su obligación de dialogar?¿Esta amparándose detrás de las togas para obviar su responsabilidad política? En concreto: ¿es políticamente posible negociar la celebración del referéndum que proponen los independentistas?

 Lo es ciertamente, pero siempre que se acepte seguir el procedimiento previsto en la Constitución para su reforma, oyendo a todos los españoles, como hasta la saciedad viene declarando el Gobierno. Si llegara a producirse esta negociación, el Gobierno español tendría no solo el límite de la Constitución, sino, tratándose de una negociación política, estaría también obligado a valorar y atender el interés de todos los españoles en general. No debe caer en la trampa dialéctica de considerar que estamos ante un conflicto donde solo se dirimen las pretensiones de los independentistas, a las que los demás españoles nos limitamos, antipáticamente, cerrilmente, antidemocráticamente, a decir siempre que no. A los demás españoles, y muy especialmente a los catalanes que se sienten como tal, también nos asiste un derecho afirmativo y no meramente negativo a decidir sobre todo lo que afecte a la integridad del territorio español. Se olvida muy a menudo que somos, en silencio, tan demandantes de nuestro derecho a respetar la integridad de España como los independentistas de su pretensión de secesión unilateral.

Hasta hoy, las instituciones catalanas rechazan cualquier negociación que no parta de la celebración de su propio y exclusivo referéndum, solo de los catalanes, excluyendo al resto de los españoles e incumpliendo la Constitución. El Estado español no puede asumir una negociación política de esta naturaleza. Tendrá que seguir impugnando ante los tribunales cualquier actuación ilegal de los independentistas y, no menos importante, asegurando que se cumplen sus resoluciones. Otra cosa sería, o se parecería mucho, a la prevaricación. No se trata de asuntos que puedan contendientes privados resolver sin necesidad de acudir a los tribunales. Estamos ante un asunto que afecta de modo esencial al orden jurídico de la nación. El Estado de Derecho no es solamente un concepto vacío. Es la expresión jurídica y la garantía de la democracia.

No está ni estará, por tanto, el Gobierno «judicializando» el asunto con olvido de sus responsabilidades políticas, ni semánticamente, ni políticamente, ni jurídicamente. Estará cumpliendo la ley y exigiendo su cumplimiento por las vías propias de una nación civilizada y democrática. […]

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Un artículo de Daniel García-Pita Pemán, publicado en ABC el 5 de junio de 2017.

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