Un artículo de Roberto Villa García (EL MUNDO, 19/02/2018)

¿Todo por culpa de los sorianos?

Por mucho que nos admiremos del triunfo de Ciudadanos en las últimas autonómicas de Cataluña, fruto de su probado coraje en la defensa de las libertades civiles de todos los españoles y de la nación que las garantiza y protege, su discurso no pocas veces se contagia de ese victimismo nacionalista ocupado en blandir un espantajo al que llaman Espanya, y al que hay que destruir con buenos golpes de hoz para llegar a esa tierra promisoria, “rica y plena”, que imaginaron els segadors. Lo digo por la polvareda que ha levantado Albert Rivera respecto de nuestra Ley Electoral. Ahora resulta que la LOREG es la responsable subsidiaria de que la clara y persistente mayoría no nacionalista quede infrarrepresentada en el Parlamento catalán. El argumento es que la normativa catalana, copia de la española, otorga un mínimo de diputados a las provincias menos pobladas, que son bastiones nacionalistas. Ese mínimo sería la prima que habría permitido sumar una mayoría parlamentaria a la plataforma pro-Puigdemont, Esquerra y la CUP. Una injusticia de la que, encima, no podemos quejarnos. ¿Acaso no ocurre lo mismo en toda España? ¿Es que Soria -ejemplo recurrente- no tiene más escaños por habitante que Madrid?

Y hete aquí que, como la normativa catalana parece fotocopia de la ley nacional, los constitucionalistas seríamos responsables de los desequilibrios que han permitido esa mayoría nacionalista. Ergo, antes de tocar la normativa catalana, habríamos de dar ejemplo embarcándonos en una reforma de la LOREG que nos traería, trocando D’Hondt por Sainte-Laguë, mucha justicia electoral y, me atrevo a predecir, muchos parlamentos ingobernables, parálisis legislativa (¿nadie se apercibe de que seguimos sin Presupuestos?) y mayor dependencia de los nacionalistas. Y todo el lío para que disfrutemos el lujo de tener unos pocos diputados más de Cs y Podemos, y de paso purguemos, especialmente los sorianos, el pecado de haber fabricado el predominio nacionalista en Cataluña.

Es frustrante que, tras casi cuatro décadas de Estado autonómico, las normas e instituciones comunes sigan teniendo la culpa de todo. Y ello, después de haber dotado a las autonomías de inmensos recursos y capacidad de legislar en un amplísimo abanico de competencias -incluidas sus propias reglas electorales-; y también después de haber renunciado a aquella aspiración de nuestros añorados abuelos liberales de culminar un Estado de derecho con plena unidad legal y jurisdiccional. Una renuncia para integrar a los nacionalistas en el pacto constitucional. Juzguen para qué ha servido. Lo que nos faltaba era, ahora, que la cantinela de la culpabilización la asuman los partidos que deberían preocuparse por potenciar esas leyes e instituciones de todos.

Como todos los expertos hablan de Soria como ejemplo máximo de la injusticia electoral, no me queda otra que volver a mentarla, siquiera para desagraviar a sus electores. Soria, en efecto, elige dos diputados al Congreso, el número mínimo que se atribuye a todas las provincias españolas. ¿Por qué se requiere un número mínimo? Porque sin él sería imposible cumplir el artículo 68 de nuestra Constitución, que establece que en las circunscripciones provinciales -Ceuta y Melilla no lo son- el reparto de los escaños del Congreso entre las diversas candidaturas atienda criterios de representación proporcional. ¿Puede repartirse proporcionalmente un escaño? No. Hablando de justicia electoral: ¿es más justo que Soria tenga un solo diputado y que todas las listas que no sean la más votada, con independencia de toda proporción, se queden sin escaño? Tampoco.

Vámonos a la sufriente normativa catalana, tan imperfecta por el contagio mesetario. Sus elementos se contienen en la Cuarta disposición transitoria del Estatuto de 1979 que, por arte de birlibirloque, el Parlamento catalán decidió mantener vigente cuando mudó de Estatuto en 2006. Los nacionalistas y sus adláteres han estado tanto tiempo pico y pala con los Països que les faltó tiempo en 38 años para aprobar una ley electoral. Si nos centramos en el párrafo segundo que, entre otras cosas, establece el reparto previo de los escaños entre las cuatro provincias catalanas… voilá, encontramos que […]

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Un artículo de Roberto Villa García, publicado en EL MUNDO el 19 de febrero de 2018.

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