Un artículo de Javier Rupérez (ABC, 1/9/2017)

Y sin Estado no hay seguridad

La última responsabilidad sobre la seguridad de los ciudadanos en España, y en particular en la lucha contra el terrorismo, corresponde a las autoridades nacionales. Tanto más cuanto que las ‘policías integrales’ y en particular la catalana, han dejado de ser instrumentos al servicio del ciudadano para situarse en la órbita de propósitos partidistas de carácter delictivo alentados y mantenidos por sus dirigentes.

Escribía recientemente en ABC el que fuera subdirector operativo de la Policía Nacional, Agustín Linares, un contundente artículo bajo el título «Sin seguridad no hay Estado». Parece necesario subrayar lo urgente de la alternativa: «Y sin Estado no hay seguridad». Ambos enfoques resaltan la que sin duda es lección imprescindible de los recientes atentados del terrorismo islámico en Cataluña y que, sin obviar en absoluto los sufrimientos de las víctimas, la vesania de los asesinos, la conmoción ciudadana y el horror universal, apuntan al corazón del problema: la fragilidad en que han quedado convertidas las responsabilidades de la España constitucional y de sus instituciones a la hora de hacer frente a los riesgos que amenazan a sus ciudadanos. Fragilidad que ha querido ser aprovechada por el separatismo catalán para dar una nueva vuelta de tuerca a su pretensión de convertir la zona en estado independiente. Aspecto este en el que han encontrado un cierto eco internacional en publicaciones varias: para el Washington Post, y para el New York Times, e incluso para el Wall Street Journal, el suceso habría demostrado la capacidad autónoma de la seguridad catalana. El infundado alarde de autosuficiencia con que se han manifestado al respecto los responsables del ejecutivo regional constituye prueba palmaria del rédito con que el secesionismo catalán pretendía rentabilizar la sangre de las víctimas. Es intolerable la afirmación proferida por Puigdemont acusando al gobierno de Mariano Rajoy de haber pretendido politizar la seguridad. Es exactamente lo que han hecho y están haciendo las estructuras sediciosas de la Cataluña separatista.

Pero en el alboroto conviene recordar los términos del problema: una región española cuyos dirigentes delinquen contra la Constitución y las leyes, tienen a su disposición un cuerpo armado integrado por 14.000 agentes que no solo se atribuyen competencias exclusivas en la lucha en contra del terrorismo sino que además obstaculizan la tarea que con mayor autoridad y capacitación ejercen en ese terreno los cuerpos nacionales de seguridad. Junto con la Erchancha vasca, comparten la calificación de «policía integral», fórmula derivativa que en efecto concede a las dos policías autonómicas amplias responsabilidades. La cesión que en su favor realizaron en su momento los ejecutivos españoles, y que se sitúan en la larga y prolija historia de la descentralización competencial diseñada por la Constitución del 78, tenía y sigue teniendo un marco imprescindible: el de la lealtad constitucional. Puede ser discutible el grado en que los ejecutivos nacionalistas vascos del PNV atienden a esa lealtad. No lo es la completa ausencia de la misma que practican los separatistas catalanes. En esas circunstancias el mantenimiento de la «policía integral» catalana no solo es un peligro adicional y grave contra la unidad de la patria sino, además, un grave riesgo para la libertad y la seguridad de los catalanes y de todos los españoles. Bastaría con recordar el comportamiento de los responsables directos de ese cuerpo armado en los días posteriores a los atentados recientes para comprobarlo.

Ha debido entender Mariano Rajoy que […]

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Un artículo de Javier Rupérez, publicado en ABC el 1 de septiembre de 2017.

 

 

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