En 27 de septiembre de 2011 se publicó la nueva redacción del art. 135 de la Constitución Española de 1978, precepto que fue pactado y votado por los dos grandes partidos PSOE y PP cuando era Presidente el Sr. Rodríguez Zapatero, ante la gravísima situación de la economía española que estaba cerca de no obtener financiación internacional. El impulso inmediato fue la llamada de atención de las instituciones de la Unión Europea e, incluso, las llamadas telefónicas del Presidente Obama, que estaban preocupados por el crecimiento disparatado de déficit público español. Hemos de recordar que, desde el comienzo de la crisis económica del 2007, el gobierno socialista quiso reconducirla en España actuando de dos formas; por un lado negó la crisis, y por otro, decidió actuar contra la recesión incrementando el gasto público (famosos Planes E) para que se mantuviera la actividad de la economía española, como si nada ocurriera en la economía globalizada, ni en el sector inmobiliario, ni hubiera excesivo endeudamiento privado y de las Cajas de Ahorro. Fue un error gastar más; el exceso de gasto público no pudo mantener la actividad económica, ni frenar el gran deterioro laboral producido por el estallido de la burbuja inmobiliaria y por la falta de liquidez generalizada en todo el mundo, que arrastró a empresas, trabajadores y a las Cajas de Ahorro. Sigue leyendo →

La democracia le ha sentado bien a la economía española y ha servido para consolidar el estado de bienestar. Así de breve lo dice la introducción del Informe recientemente publicado, en noviembre de 2014, por el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que componen 15 de las mayores empresas españolas y el Instituto de la Empresa Familiar. El Informe es realmente interesante tanto por el análisis de la situación económica española, como por las metas, ambiciosas, que propone para reducir el paro en España en la llamativa cifra de 2,3 millones hasta 2.018. El conjunto de medidas que propone requiere una intensa actuación política que me ha recordado el comentario de Enrique Fuentes Quintana, cuando era Vicepresidente del Gobierno para AAEE, sobre la necesidad de aportar “soluciones políticas a los problemas económicos”. Eso nos lleva al riesgo del intervencionismo público en el ámbito económico, pero de lo que aquí se trata es, precisamente, de cambiar las regulaciones existentes, que son excesivas, reducen la competitividad empresarial y son frenos a la inversión. Se trata de crear condiciones atractivas a los inversores. Sigue leyendo →

La reciente aparición de numerosos casos de corrupción política ha animado, o mejor, obligado, a diversos dirigentes políticos como Esperanza Aguirre, Tomás Gómez y al mismo Presidente del Gobierno, a pedir perdón a los ciudadanos por los actos y conductas cometidas por miembros de sus respectivos partidos políticos.

¿Es posible pedir perdón en el ámbito político, y esperar ser perdonado, sin adoptar, simultáneamente, medidas legales urgentes para tratar de de evitar que vuelva a repetirse la acción corrupta?. Creo que el perdón es una declaración parcial necesitada de adicional acción política.
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