La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público que entrará en vigor el próximo día 9 de marzo, va introducir un importante cambio en la gestión administrativa. Con esta Ley se trata de atajar los principales problemas que han aquejado a la contratación del sector público en los últimos años, especialmente el de la corrupción. Para ello se establecen numerosas cautelas que posibiliten el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia e integridad. La nueva regulación restringe los márgenes de libertad, o de apreciación, tanto de los promotores de los contratos, como de aquellos que tienen que decidir sobre su adjudicación. Sigue leyendo
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