Nemo me impune lacessit

Nemo me impune lacessit

Esta frase latina puede traducirse como “nadie me ofende impunemente”. Está en el escudo real del Reino Unido para Escocia y figura, casi de modo permanente, en los símbolos escoceses del ejército británico y en medallas, títulos, monedas, etc.

Sin entrar en el origen explicativo de este lema y la causa de su incorporación a los símbolos citados, significa que nadie puede incumplir la ley sin sufrir sus consecuencias y resultar impune en caso de la infracción. Este principio es admitido con toda normalidad en Gran Bretaña que es un referente de la democracia moderna, en donde la ley es aprobada tras amplia deliberación y cuyo cumplimiento se exige por la autoridad, sin dudarlo; al igual que en otros países de democracia madura, en Gran Bretaña existe una cultura ciudadana de responsabilidad individual y de gobierno; la administración protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir la ley a todos; la relación entre el ciudadano responsable y el poder responsable ha sido entendida de esta forma; evidentemente, no todo es perfecto, pero existe una educación de “cumplimiento y exigencia” y la autoridad protege y paralelamente persigue las infracciones y las sanciona; este equilibrio de actuaciones responsables facilita la convivencia y el ejercicio de las libertades ciudadanas.

Podría calificarse de cultura de respeto a la ley, como valor en sí misma, pero es cierto que también pivota sobre el temor a la sanción (por ejem.: en inmigración, en tráfico, en el transporte público, en los estacionamientos con carteles anunciadores de las posibles multas…).

Actualmente, en España vivimos una etapa en la que la población está preocupada porque hay casos extraños de pasividad de la autoridad pública y, esta inactividad, llega a confundir el sentimiento popular que se pregunta si la democracia es un sistema débil que sólo permite una frágil exigencia de la ley. ¿Es así la democracia?. La respuesta es no; precisamente, la ley aprobada democráticamente y el poder nacido de la democracia legitima, obligan a la autoridad a cumplir y exigir el cumplimiento de la ley. El Estado de Derecho es corolario de la democracia, el que limita el poder de la autoridad y, a su vez, le impulsa a actuar, dentro de los límites, para imponer la ley.

Los ciudadanos españoles no entienden bien, ni los legos ni los expertos, que la doctrina Parot esté “enredada” en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos cuando refleja la interpretación de la ley penal, coincidente con la realidad de la sociedad española y así declarada por el Tribunal Supremo.

Con independencia de la sentencia que dicte, en su día, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, resulta tristísimo que España, país de grandes juristas, haya llegado a esta situación, consecuencia de cesiones “buenistas” y “garantistas” en la interpretación de la ley penal por quien ha ejercicio el poder en nuestro país cometiendo una doble infracción democrática: ha intervenido en el ámbito judicial mediante la utilización política de la aplicación de la pena y ha despreciado el sentido de justicia.

Otro caso, es el macabro juego sobre dianas, tiros y pistolas con el que se divierte algún programa de la TV oficial catalana, pagada, subvencionada, mantenida con dinero público de todos los españoles y financiada con deuda pública que tendremos que pagar. Sobre esto, de momento, ha habido alguna respuesta oficial, de la fiscalía, pero ese juego de coacción y amenaza sobre las personas excede el ámbito de la libertad de expresión y merece una reacción política sonora y no sólo de los medios de comunicación.

Otros casos son los incumplimientos reiterados de las sentencias sobre libertad lingüística de las familias con niños en edad escolar en algunas regiones de España y en la lengua para la relación con las Administraciones Públicas. O cuando algún dirigente político de Comunidad Autónoma proclama que no va a cumplir la ley…, o cuando los sindicalistas organizan huelgas salvajes…, o cuando hay quien abusa del poder, o se corrompe.

El Estado de derecho exige el imperio de la ley, da seguridad jurídica y económica a los ciudadanos que desean convivir en democracia, y que esperan se respeten sus derechos, pues el sistema persigue el equilibrio de su libre ejercicio.

La Constitución de 1978 es un pacto de convivencia ciudadana en democracia; eso supone el reconocimiento de la autoridad y de gobierno a quien, democráticamente, gana las elecciones y le permite y “obliga” a ejercer el poder. Tienen legitimidad para su ejercicio, conforme a la Constitución y las leyes. El art. 97 de la Constitución Española regula: El Gobierno dirige la política…, la Administración y la defensa del Estado; el art. 103 de la Constitución regula el, principio de legalidad en la Administración; la ley del Gobierno 50/97 regula la actividad del Gobierno y desarrolla lo expuesto.

Al otro lado de la autoridad está el ciudadano que espera, confiadamente, que se le proteja individual y colectivamente en sus derechos cívicos y políticos. Por ello es tan importante, para la seguridad jurídica de las personas, de la propiedad y de las inversiones, que el poder legitimado actúe, dentro de la ley, sin temor a ser tachado de antidemócrata cuando defiende los derechos de los ciudadanos agredidos; es su deber y no sólo es un derecho ejercitable. No es lógico que las autoridades esperen, pasivamente, que los ciudadanos a nivel individual o colectivo acudan, una y otra vez, a los tribunales en defensa de sus derechos colectivos.

CONCLUSIÓN

La actuación de la autoridad que ejerce el poder, legitimada democráticamente para la dirección política y administrativa, está dirigida, no sólo a la intervención de la vida de los ciudadanos, sino también, a la protección de las libertades y derechos de los ciudadanos, que esperan con confianza, una acción acertada en defensa de la convivencia y para que no queden impunes los actos que ofenden a la dignidad individual y colectiva de los españoles.

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